La juez lleva el espionaje del Gobierno de Aguirre a juicio con jurado
La instructora cita a los seis imputados por malversación a una audiencia preliminar
Seis años después de abierta la causa judicial por el supuesto espionaje político pagado con fondos públicos de la Comunidad de Madrid, la juez Carmen Valcarce ha citado para el próximo 10 de julio a los seis imputados por malversación a una audiencia preliminar, antesala de la celebración del juicio con jurado.
Los hechos que se juzgarán ocurrieron entre abril y mayo de 2008. Tres guardias civiles a las órdenes de un policía nacional, todos ellos fichados a dedo por el Gobierno de Esperanza Aguirre, siguieron de la mañana a la noche en sus actividades públicas y privadas a dos políticos del PP, Manuel Cobo y Alfredo Prada, supuestos adversarios de la presidenta autonómica en su batalla por el poder interno del partido. Los agentes elaboraron unos partes escritos del resultado del supuesto espionaje, según la investigación basada en el posicionamiento de los teléfonos móviles de los guardias civiles y en el testimonio de uno de ellos, quién confeso a la juez los hechos. Este guardia civil declaró que había alertado al consejero de Interior, Francisco Granados, de que su jefe directo, el director general de Seguridad Ciudadana, Sergio Gamón, les había ordenado hacer seguimientos ilegales a políticos.
Cobo era vicealcalde de Madrid y Prada, consejero de Justicia en el Gobierno de Aguirre cuando se produjeron los seguimientos. Ambos políticos apoyaban a Mariano Rajoy para liderar el partido, cargo al que aspiraba Aguirre tras la derrota electoral del PP en 2008.
La juez ha intentado tres veces en estos seis años archivar la causa con la excusa, entre otras, de que no se podía calcular el monto de la malversación cometida por los agentes. Pero la Audiencia Provincial de Madrid revocó los tres autos de archivo y ordenó seguir con el procedimiento.
La instructora ha citado a los imputados y a la acusación popular en la audiencia preliminar para que presenten las alegaciones o soliciten nuevas pruebas antes de decidir la fecha del juicio.
El diario El Mundo difundió en febrero pasado grabaciones de conversaciones mantenidas por el exconsejero de Interior, Francisco Granados —hoy encarcelado por el caso Púnica— con los tres guardias civiles que hicieron los seguimientos en octubre de 2012. Uno de los agentes le contaba a Granados: “Yo tendré que decir que me lo mandó él [Sergio Gamón, ex director general de Seguridad] por especial interés del señor presidente actual [Ignacio González]. La verdad es esa”.
Los tres guardias civiles negaron los hechos durante los interrogatorios en los primeros años de la investigación judicial. Uno de ellos, en la conversación grabada con Granados en 2012, recordaba esa circunstancia: “A mí me dijo Halffter [viceconsejero de Interior]: 'Habéis declarado muy bien, hay que celebrarlo con un volquete de putas'”.
Esos testimonios, que apuntan directamente al expresidente Ignacio González e implicarían indirectamente a Esperanza Aguirre, que fichó a Sergio Gamón como director general de Seguridad, no están incorporados a la causa.
Los espiados Cobo y Prada denunciaron los hechos. “Se montó una gestapillo. Ojalá sepamos quién lo hizo”, declaró Cobo. Rajoy llegó a ordenar una investigación interna dentro del partido que cerró en unas semanas sin resultados. Y la secretaria general, Dolores de Cospedal, obligó a Cobo y Prada a retirarse de la causa, en la que sólo sigue el PSOE como acusación popular.
