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Las tasas judiciales, a revisión

Dos años, 149 millones de euros y un ministro después, Justicia las ajustará

Protesta contra las tasas en los juzgados de plaza de Castilla (Madrid) en 2012.

Rafael Catalá recibió hace quince días la cartera de Justicia de manos de Alberto Ruiz-Gallardón y, aún con el exministro de cuerpo presente, anunció “el análisis y la mejora” de las tasas judiciales.

En su primera intervención como ministro ante el Congreso, Catalá repitió la promesa: convocará una mesa sectorial para trabajará “con todos” (grupos parlamentarios y profesionales de la Justicia) “para generar consenso”. Un claro guiño a cómo nació la ley de tasas, criticada por jueces, fiscales, abogados y usuarios, ya antes de que entrase en vigor en 2012, en un tramite de urgencia y solo con los votos del PP. Incluso la Defensora del Pueblo pidió que se suavizase, forzando su reforma a los tres meses.

LAS CLAVES DEL 'TASAZO'

»¿CUÁNDO? La Ley de tasas entró en vigor el 22 de noviembre de 2012 (pero no se cobraron hasta diciembre). En febrero de 2013, Gallardón suavizó la ley, rebajando algunas cuantías y ampliando los colectivos exentos.

»¿QUÉ? Las tasas fijas van de 100 a 1.200 euros. La variable es el 0,1% de lo reclamado con un tope de 2.000 euros. La tasa para recurrir una multa no puede superar el 50% de esta.

»¿QUIÉN NO? Están exentos los beneficiarios por renta de la justicia gratuita (menos de 15.975 euros/año) y las víctimas de maltrato, terrorismo, trata de personas y accidentes con secuelas permanentes, los deshauciados, discapacitados psíquicos y divorcios de mutuo acuerdo.

»¿CUÁNTO? En 2013 la nuevas tasas recaudaron 149 millones de euros, según la Agencia Tributaria. La cifra de 316,5 millones repetida por los medios y Gallardón se refiere a la suma de las tasas nuevas y las que ya existían antes de la ley.

»¿PARA QUÉ? Uno de los objetivos de la ley era reducir la litigiosidad. En 2013 descendió un 15.5% en lo contencioso-administrativo, y un 9,3% en lo civil. También bajó, un 2%, en lo penal (donde no hay tasas) y subió un 2,1% en lo social (donde sí hay). El otro objetivo era recaudar dinero para pagar la ampliada justicia gratuita. Sin embargo, las comunidades autónomas que la reparten no han recibido nada. Algunas como Madrid, Aragón y País Vasco incluso han amenazado con llevar el tema a los tribunales.

Casi dos años después, ninguna asociación jurídica, progresista ni conservadora, la defiende como está. Todos consideran las tasas (de 200 a 2.000 euros) excesivas. Muchos piden su derogación. Esa no parece la vía que tomará Catalá, que defiende la existencia de las tasas, aunque con “ajustes”.

En 2013 las nuevas tasas recaudaron 149 millones. Se suponía que irían a la justicia gratuita, cuyos beneficiarios se ampliaron. Gallardón siempre quiso vincular ambas medidas —una pagaría la otra—, sin embargo, no ha sido así. Las comunidades autonónomas que la reparten han protestado porque no han visto aún “un solo euro” para este fin, en palabras de Emilio Olabarría, portavoz de Justicia del PNV. También se suponía que la ley de tasas bajaría la litigiosidad que ha caído un 15,5 % en los pleitos contra las administraciones públicas, según los críticos, porque la clase media no puede acceder a la justicia.

A continuación, cuatro historias detrás de los números.

La hormiga y la aseguradora

1.200 EUROS EN TASAS

 “Como una hormiga frente a un muro” se sintió Isabel C. durante sus tres años de litigio contra una gran aseguradora. Tuvo un accidente de tráfico (culpa del otro). Le diagnosticaron contusión, contractura y esguince lumbar, pero 12 días después se quedó paralizada. A partir de entonces, convulsiones, paralisis, dolor… “Pasé año y medio en cama, me hicieron de todo, tomaba 27 pastillas al día”, cuenta esta antigua directiva de hotel.

Tras muchos fisioterapeutas, neurólogos y psiquiatras le diagnosticaron un trastorno conversivo activado por el accidente. “Básicamente hay un cortocircuito entre mi cerebro y mi cuerpo, de pronto se me paraliza un brazo o no me puedo levantar”, resume Isabel a quien la Seguridad Social le dio una incapacidad permanente absoluta. “Pensionista con 26 años”, suspira. Decidió ir contra la aseguradora. El juzgado de primera instancia estimó que su incapacidad era solo parcial y dictó una indemnización de 66.665 euros. “Recurrí porque parecía que me lo estaba inventando”. Pagó una tasa de 1.200 euros que considera un agravio añadido: “La ponen para que abandones, ¿por qué tienes que pagar si eres la víctima?”. La justicia gratuita protege a los accidentados con secuelas permanentes, pero solo si requieren "la ayuda de otras personas para realizar las actividades esenciales de la vida diaria”. “Como yo hablo y camino, no cuento”, se queja Isabel.

La Audiencia Provincial estimó parcialmente su recurso y al final la aseguradora pagó casi el doble: 105.265 euros por una incapacidad total. “Me queda la satisfacción de que reconociesen lo que tengo”, dice Isabel. “Hay gente que no tiene 1.200 euros: se habrían quedado sin una indemnización a la que tienen derecho”

Más el recurso que la deuda

1.800 EUROS EN TASAS

La crisis matrimonial de Ángel Guerras arrancó un poco antes que la otra. “Era el boom y fui generoso en el divorcio, pero a los dos años, mi pequeña empresa de construcción estaba en la ruina”, cuenta. En 2013 presentó una demanda para retirar la pensión de su hija de 24 años (tres trabajando). La juez le dio la razón, pero su exmujer le reclamó una deuda de casi 6.000 euros por pagos del IPC y clases extraescolares. “Con la ley de Gallardón, recurrir era un pastón, 1.800 euros”, explica Ángel, con una nómina de 1.200. “Sumando abogados, litigar salía por unos 4.000, lo comido por lo servido; la probabilidad de ganar era del 60%. Recurrir no compensaba”. Ángel siente que se le ha negado un derecho. Sin tasas, habría recurrido: “Y no por recurrir, sino porque creo que tengo razón. Tendrían que ser cantidades más razonables; es una ley para ricos”.

Atrapados entre dos leyes

4.500 EUROS EN TASAS (A DEVOLVER)

El 7 de marzo de 2003 Ana Belén Lara se puso de parto. Acudió al hospital público Los Arcos (Murcia), pero la mandaron a casa. “Al final me cogieron a medianoche y me dejaron sola en una habitación, sin monitores, hasta las 10 de la mañana”. Como consecuencia, su hijo Aarón, sufrió severa asfixia neonatal y quedó tetrapléjico. “No sujeta la cabeza, necesita sonda, nos hemos mudado a una planta baja y puesto un baño más grande que el resto de la casa...”, cuenta la madre. La batalla legal que siguió al parto dura hasta hoy: en unos días la familia espera que el Supremo le conceda una indemnización de 661.000 euros. Antes, en 2005, reclamaron un millón en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia que tras siete años dictó que el Servicio Murciano de Salud les indemnizase con 300.000 euros considerando que hubo “pérdida de oportunidad”. “Es decir, que más que hacer algo mal, dejaron de hacer lo que debían para que saliese bien”, explica Ana Belén. Convencidos de que lo suyo fue negligencia, acudieron al Tribunal Supremo. La ley de tasas les pilló preparando el recurso. En unos días tuvieron que reunir 4.500 euros que no tenían. “No habíamos cobrado los 300.000 porque la aseguradora se retrasó… Y ahorrados nos quedaban 1.800”, explica la administrativa; su marido es albañil. “Sin tasa no podíamos seguir... Tuvimos que menearnos mucho para que familiares y amigos nos prestasen el dinero”. Pagaron la tasa el 15 de febrero 2013. El día 22 entró en vigor el decreto ley que suavizó las tasas y amplió la justicia gratuita. Las secuelas de Aarón le hacían ahora beneficiario y sus padres reclamaron los 4.500 euros. Más de un año y medio después, siguen esperando la devolución de Hacienda: “Te piden un papel, luego otro… Pasas 10 años luchando y antes de que muevan un dedo por ti tienes que pagar, luego ya verán cuándo te lo devuelven”.

Multas a los preferentistas

10.000 EUROS EN TASAS

A Domitila, que tiene 82 años y usa dos bastones, la multaron por coaccionar a la policía. A Encarnación, 74 años y 1,40 de estatura, que hacía ruido con un tapacubos por “utilizar objetos contundentes que ponen en peligro la integridad de las personas”. Ambas son preferentistas de Novagalicia a las que el banco estafó con productos financieros de alto riesgo. Durante tres años los preferentistas lucharon para que les devolviesen sus ahorro y ahora se enfrentan a sanciones por supuestos excesos durante las protestas. La Plataforma del Baixo Miño presentó en septiembre recursos ante una veintena de multas por insulto a la autoridad, organización de concentraciones, desorden, tocar el claxon... Casi todas de 500 o 600 euros. Para recurrirlas: 200 de tasa. “Hay familias que se enfrentan a tres o cuatro”, dice Xulio Vicente, portavoz de los sancionados. Las multas suman 18.000 euros, las tasas casi 10.000. “Incluso si ganamos”, dice Xulio, “habremos pagado miles de euros”.

 

 

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