El carpetazo a la justicia universal archivará una docena de causas

La oposición acusa al Gobierno de plegarse ante las presiones de China

Los grupos denuncian un "atropello” del procedimiento para evitar los informes previos

El Congreso aprueba la reforma que suspenderá una docena de causas

El Partido Popular ha acabado este jueves con la justicia universal con un trámite parlamentario exprés por el que a finales de marzo, tras el paso de la proposición por el Senado, quedarán archivados una docena de casos que se tramitan en la Audiencia Nacional, entre ellos el del genocidio en el Tíbet y el de la muerte en Irak del cámara de televisión José Couso.

La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobada por el Congreso, que tendrá efecto retroactivo, elimina o limita la persecución de delitos de lesa humanidad reconocidos por el derecho internacional. Los jueces podrán intervenir solo si el procedimiento se dirige contra un español o un ciudadano extranjero residente en España. Es un “atropello” de los derechos humanos, según los grupos de la oposición; la renovación de un “sistema con mucho ruido y pocas nueces”, según el PP. Estos son algunos asuntos a los que que la justicia española dará carpetazo.

» Genocidio en Tíbet. Abiertos en el juzgado de instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, a cargo del juez Ismael Moreno, quedarán archivados los procedimientos por el genocidio en Tíbet y la persecución de la práctica espiritual Falun Gong en China. La orden de detención del expresidente chino Jiang Zemin y otros dirigentes del régimen amenazó las relaciones entre España y el gigante asiático. Y es precisamente la presión internacional lo que la oposición recrimina al Ejecutivo. Esto es, ceder al “chantaje de una tiranía”, en palabras de la diputada de UPyD Irene Lozano. Todos los grupos parlamentarios han rechazado este proyecto que, denuncian, acabará favoreciendo a “grandes corruptos, gerifaltes chinos, genocidas y tiranos”.

» ‘Caso Couso’. Los militares estadounidenses responsables de la muerte de José Couso abrieron fuego contra el hotel Palestina de Bagdad, ocupado por periodistas, el 8 de abril de 2003, en plena guerra de Irak. Ni Estados Unidos ni el Pentágono han atendido a los requerimientos del juez Santiago Pedraz, titular del juzgado de instrucción número 1, que emitió una orden de busca y captura de los tres militares imputados en el caso y reclamó su comparecencia ante la justicia española en cuatro ocasiones. La familia del cámara ha mostrado ya su disposición a llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo para que continúe la investigación.

» Torturas en Guantánamo. La proposición aprobada ayer deja, en principio, sin efecto también la causa que instruye el juez Pablo Ruz sobre torturas en el campo de prisioneros de Guantánamo, porque el texto de la reforma exige que la víctima tuviera la nacionalidad española cuando sufrió los hechos —un requisito que solo cumpliría uno de los denunciantes, el ceutí Hamed Abderramán— y que el supuesto responsable resida en España, lo que excluye a los mandos militares del penal de EE UU. En relación con este caso, el juez Moreno se declaró competente en 2006 para investigar el caso de los vuelos de la CIA y la posible escala en Palma de Mallorca, con destino a Guantánamo, de prisioneros detenidos ilegalmente. La filtración de los cables de la Embajada de EE UU en Madrid a través de Wikileaks demostró que las autoridades estadounidenses intentaron presionar a las españolas para acelerar el archivo de estos casos.

» Genocidio en el Sáhara, Guatemala y Ruanda. El juez Ruz investiga el genocidio en el Sáhara tras la denuncia presentada por varias ONG contra militares marroquíes por la desaparición de más de 500 saharauis desde que España se retiró del territorio, en 1976. Y hace tan solo dos semanas, mientras el PP buscaba la fórmula para acelerar el archivo, un equipo de forenses certificó que en unas fosas halladas en el desierto había al menos tres españoles. La Audiencia Nacional deberá dar carpetazo a la causa abierta tras la querella presentada por la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú contra exdirigentes guatemaltecos por genocidio, terrorismo y torturas. Y lo mismo ocurrirá en el caso de Ruanda con la investigación abierta por el juez Fernando Andreu contra 69 altos cargos por el asesinato de al menos seis ciudadanos españoles y cuatro millones de ruandeses durante la guerra civil. Quedaría sin efecto también la instrucción del juez Eloy Velasco contra 20 militares y exmilitares salvadoreños acusados en 1989 del asesinato de cinco jesuitas españoles en San Salvador, entre ellos Ignacio Ellacuría.

» Ablación. Si el Senado no somete la proposición urgente aprobada ayer a una revisión de este apartado, también desaparecerá el amparo a la persecución de los delitos relativos a la mutilación genital femenina. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, la ablación es practicada cada año a tres millones de niñas en amplias zonas de África y Oriente Medio, y es internacionalmente reconocida como una violación de los derechos humanos.

» Narcotráfico. Antes del debate exprés escenificado ayer en el Congreso, el Gobierno y el PP enmendaron un artículo de la reforma de la ley del poder judicial porque el texto inicial limitaba la actuación policial en el abordaje de barcos en aguas internacionales. Esta circunstancia podía suponer una traba insalvable en la lucha contra el narcotráfico. El Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO), que logró a tiempo rectificar el propósito inicial del Gobierno, cree que el asalto de narcobarcos es uno de los “compromisos internacionales” asumidos por España y cuenta con el respaldo del artículo 17 de la Convención de la ONU contra el tráfico ilícito de estupefacientes.

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