Gallardón acusa a la izquierda de querer suspender el debate de la ley del aborto

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, se mantiene aferrado en la cuestión del aborto, a la interpretación del Tribunal Constitucional, que hace suya, para afirmar que una ley de plazos no cabe en la Ley de Leyes al no tener en cuenta el derecho del no nacido. En los Desayunos de TVE, el ministro de Justicia no se atribuye en propiedad la futura ley. A la pregunta de si es la Ley Gallardón o en puridad debía ser “la Ley Rajoy”, responde: “Una ley aprobada por el Consejo de Ministros es de todo el Gobierno”. De manera ostensible se muestra más que satisfecho por el apoyo enfático que el día anterior le prodigó el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en una entrevista en Antena 3. “Me siento muy agradecido del apoyo del presidente y muy orgulloso de ver como apoya a su Gabinete de manera muy generosa”.

No quieren debatir. Esta es la acusación del ministro basada en que no solo la izquierda, sino todos los grupos parlamentarios, piden que el anteproyecto, aún no hay ley, no sea el que llegue al Parlamento. "Que la izquierda nos pida que suspendamos el debate significa una arrogancia por su parte. No le tengamos miedo al debate, vamos entre todos a buscar la mejor redacción posible", ha defendido el ministro. Esta petición del ministro en TVE choca con el afán constante de la oposición de que se debata en el Congreso sobre los planes del Gobierno. La última vez fue hace dos semanas en la Diputación Permanente en la que PSOE e Izquierda Plural, con el apoyo de los demás, pidieron la comparecencia del ministro para hablar del aborto. El argumento del Grupo Popular para rechazar la petición fue que aún se está “en fase de anteproyecto” y tiempo habrá cuando entre en el Congreso,

Si el aborto es un derecho o no es tema de controversia permanente. “No hay ningún tratado internacional que reconozca el aborto como un derecho”, ha asegurado el ministro, que ha apelado “a los convenios internacionales suscritos por España” en defensa a la discapacidad. En esta entrevista se le ha pedido diferenciar la malformación de la discapacidad, así como si considera que los países europeos -Francia, Holanda, Reino Unido, Alemania, Portugal, entre otros- que tienen un sistema de interrupción del embarazo por plazos incumplen esa legislación internacional al que alude. “Nosotros legislamos de acuerdo a nuestra Constitución, no con lo que hagan otros países”, ha respondido. El día anterior, también en Los Desayunos de TVE, la secretaria de Política Social del PSOE, Trinidad Jiménez, aseguró que en los foros de discapacidad de la ONU en ningún momento pidieron al Gobierno de Zapatero que eliminasen de la ley de plazos el supuesto de malformación. Jiménez se citó a si misma al asistir a esos foros como ministra de Sanidad cuando la ley de plazos se había aprobado.

No hay duda de que la presión interna y la externa llevarán a que se produzca alguna modificación en la ley para perfilar la posibilidad de interrumpir el embarazo en los casos de malformación aunque Gallardón no quiere avanzar detalles. Aún queda un largo camino hasta que la ley del Gobierno actual sustituya a la de 2010 aprobada por el Gobierno socialista. Consejo de Estado, Consejo General del Poder Judicial, Consejo Fiscal, ha mencionado el ministro. El titular de Justicia ha restado importancia a las críticas internas de su partido. "No hay nadie que diga que prefiere la ley de plazos actual que no protege al concebido", ha sentenciado.

El ministro de Justicia también ha justificado que el anteproyecto devuelve a las menores de 16 y 17 años “el derecho a abortar acompañadas de sus padres”, de manera que con la futura reforma, “este derecho se convierte en una obligación”.

Cuando la ley de 2010 se presentó al Congreso, suscitó una gran polémica porque incluía la posibilidad de que las menores de 16 y 17 años pudieran abortar sin conocimiento de sus padres. Sin embargo, durante la tramitación parlamentaria este aspecto fue modificado. La ley aprobada, y que es la vigente, establece que las menores podrán decidir por sí mismas interrumpir su embarazo, pero deberán informar al menos a uno de los padres o tutores. Se les permite que no digan nada sólo si alegan "fundadamente" que esto les provocará "un conflicto grave manifestado o peligro cierto de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos, o se produzca una situación de desarraigo o desamparo". Este caso es, por ejemplo, aplicable cuando una menor ha sido violada por su propio padre. Los socialistas pensaron que Gallardón iba a modificar este aspecto pero no dar la vuelta por completo a la ley.

Después de escuchar a los órganos constitucionales citados por el ministro el Gobierno hará los cambios que estime y enviará el proyecto al Congreso. En el ámbito parlamentario se da por supuesto que no habrá ley antes de las elecciones europeas del mes de mayo. No quiere el PP que este sea un asunto de campaña, a diferencia del PSOE y de Izquierda Plural que sí lo incluye en su temario.