El ministro se desliga de la compra del cañón de agua antidisturbios

El ministro del Interior, Jorge Fernández, se ha desvinculado por completo de la futura compra de un camión equipado con cañones de agua a presión para disolver manifestaciones callejeras, hasta el punto de que este martes ha expresado en el Senado que tal adquisición es una "iniciativa propia" de la Dirección General de la Policía para "situaciones límite" como "en colocación de barricadas" y "quema de contenedores". El Ministerio, del que depende la policía, se enteró el lunes de este proyecto, que aparentemente no ve con buenos ojos.

El Boletín Oficial del Estado publicó la convocatoria de concurso para la adquisición de un camión-botijo, como se le denomina popularmente, cuyo coste será de casi medio millón de euros. Esta decisión ha generado una nueva polémica en torno a las decisiones en el área de Interior, después de las recientemente suscitadas como consecuencia de las futuras leyes de Protección de la Seguridad Ciudadana y de Seguridad Privada.

Horas antes de las palabras de Fernández, el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, había asegurado que el cañón de agua se podrá usar para hacer frente a la quema de contenedores y barricadas que ocasionalmente se registran en algunas manifestaciones callejeras violentas.

Según Cosidó, el camión sustituirá a otros cinco vehículos de similares características que se habían quedado obsoletos, y aseguró que es un medio "necesario" y "menos lesivo" que otros materiales antidisturbios. "La obligación de la policía es dotarse de los medios adecuados para hacer frente a estos hechos aunque sean puntuales", declaró el jefe máximo del Cuerpo Nacional de Policía, añadiendo que este cañón de chorros de agua a presión se empleará con criterios de "proporcionalidad y prudencia".

EL PSOE se opone al proyecto y su portavoz en el Congreso, Soraya Rodríguez, ha avisado al Gobierno de que sus métodos de "represión" son más propios del franquismo en España o de la dictadura de Pinochet en Chile. A Rodríguez, el camión le recuerda a sistemas políticos dictatoriales que "necesitan actuar con métodos represivos" ante el ejercicio legítimo de los ciudadanos de sus derechos de manifestación y expresión.

Los diputados socialistas Antonio Trevín y Felipe Sicilia han presentado en el Congreso una proposición no ley en la que piden al Gobierno que destine el casi medio millón de euros que costará el camión-botijo en mejorar la salud de los agentes y sus instalaciones, de las que dicen que "rayan en la insalubridad y constituyen un riesgo laboral".

Por su parte, el portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, ha defendido la profesionalidad de las fuerzas de seguridad y ha calificado de ofensivo que el PSOE caiga en la exageración al comparar al Gobierno del PP con la dictadura de Pinochet.  Una comparación que, según Alonso, es ofensiva para los policías y para "el país en general".

 Fuentes de la Unidades de Intervención Policial (UIP) consideran que el cañón de agua no es un método eficaz para actuar en altercados callejeros, debido a su escasa maniobrabilidad. Además, recuerdan que este tipo de artefactos lleva sin ser utilizado en España desde hace más de 20 años, hasta el punto de que los cinco camiones de este tipo con que cuentan ahora son "una chatarra" y "están en desuso desde tiempo inmemorial".