La ley prohibirá a los bancos perdonar deuda a los partidos políticos

Desde la primera vez en que Mariano Rajoy empezó a hablar de un paquete anticorrupción, una iniciativa que surgió como respuesta al escándalo provocado el 31 de enero, cuando EL PAÍS publicó los papeles de Bárcenas, han pasado más de 10 meses. El paquete se ha anunciado hasta cuatro veces más. Este viernes, finalmente, salió del Consejo de Ministros en forma de dos anteproyectos de ley.

La principal novedad, además de la prohibición de que las empresas puedan dar ninguna donación a los partidos, adelantada por EL PAÍS, tiene que ver con la prohibición expresa para todos los bancos y cajas de condonar ningún tipo de deuda, por cualquier cantidad —hasta ahora se limitaba a 100.000 euros anuales— a un partido.

“Ninguna entidad de crédito podrá condonar nada a un partido, ninguna cuantía”, explicó la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, principal responsable política del paquete anticorrupción. Este asunto siempre ha sido muy polémico porque se entendía que las entidades bancarias condonaban como favor a los partidos y después, a cambio, esperaban un buen trato de ellos cuando llegaran a responsabilidades de Gobierno. “Tampoco se podrán hacer renegociaciones de la deuda de los partidos a tipos de interés por debajo del mercado”, insistió.

Lo que sí dejó claro la vicepresidenta es que se eliminarán las donaciones de empresas a los partidos, pero no a las fundaciones vinculadas a estos, por lo que se sigue abriendo un espacio importante para que las empresas, con sus intereses particulares, colaboren con los partidos al menos indirectamente. Santamaría explicó que las fundaciones, por su carácter jurídico, son distintas a los partidos y por tanto no se puede impedir que las financien las empresas. Eso sí, Sáenz de Santamaría explicó que entre las múltiples reformas que introducen está un mayor control de las cuentas de las fundaciones vinculadas a los partidos.

Los cambios, que el PP ha presentado hasta cuatro veces a los grupos del Congreso, afectarán a una quincena de leyes para dar respuesta a tres bloques de asuntos: financiación de los partidos políticos; un Estatuto del cargo público y medidas procesales y penales contra la corrupción.

Otra de las novedades que la vicepresidenta destacó por su importancia es que los condenados por delitos de terrorismo no podrán ser cargos de la Administración General del Estado (esto es, deja fuera a las autonomías, y esto puede ser especialmente relevante en el País Vasco en el futuro si salen de prisión líderes abertzales con Arnaldo Otegi) aunque ya hayan cumplido su condena. No podrán ser alto cargo “mientras no se cancelen los antecedentes penales”.

El paquete se divide en tres normas: la ley orgánica de control de la actividad económica y financiera de los partidos políticos, la ley reguladora del ejercicio del cargo público de la Administración del Estado y las medidas penales y procesales de lucha contra la corrupción, que se incluirá como enmiendas en la reforma del Código Penal en tramite.

Como ya se había anunciado, los tesoreros de todos los partidos comparecerán anualmente en el Congreso para detallar las cuentas de sus formaciones y estas estarán obligadas a publicar en su web “todas las subvenciones recibidas, así como las donaciones superiores a la cantidad que se determine”.

La vicepresidenta aseguró que quieren pactar este paquete con otros grupos, pero el PSOE fue muy crítico. Elena Valenciano señaló que el Gobierno “se equivoca” al presentar este plan “en solitario”, ignorando la oferta de diálogo de los demás. “El PP todavía tiene muchísimas explicaciones que dar sobre su propia corrupción. Que trate de regenerar la democracia y luchar contra la corrupción en solitario es una broma de mal gusto”.