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Rajoy plantea una reforma del Estado supeditada a pactos con los barones

Las autonomías muestran su malestar por la escasez de información y temen imposiciones El plan para adelgazar la Administración está sin cuantificar

Carlos E. Cué

Uno de los planes estrella de Mariano Rajoy, la reforma de la Administración, no empezó con buen pie. Los principales aludidos, los Gobiernos autónomos, fueron avisados a última hora para acudir al acto de presentación de La Moncloa, y muchos de ellos están molestos porque no saben nada de la reforma, no ha habido debate ni intercambio de papeles. Y, sin embargo, el presidente hizo en su discurso —ante la mayoría de los consejeros de Presidencia autonómicos y empresarios como el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán— un esfuerzo por suavizar la reforma y sobre todo por implicar a las autonomías.

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Rajoy es consciente de que la ley no le permite imponer prácticamente nada a los barones. Y tal vez por eso y para disipar ese malestar de varios de ellos que La Moncloa ya conocía, el presidente les lanzó un mensaje negociador. “Este documento es una propuesta; nos gustaría acordarla con todos. Aquí no hay ideología, hay un intento de ser más eficaces”, explicó el presidente, buscando su lado más amable.

Sin embargo, detrás de estas buenas palabras, algunos dirigentes consultados veían un claro intento por imponer de forma indirecta más recortes. De hecho, el propio presidente aseguró que las 120 medidas que suponen eliminar duplicidades y que afectan a las autonomías se discutirán en un próximo Consejo de Política Fiscal. Eso generó suspicacias, porque en ese órgano también se tiene que discutir el nuevo reparto del déficit asimétrico, que dará más margen a los barones. Y algunos temen que esa flexibilidad se utilice como contrapartida a cambio de que se cumpla lo que plantea el Gobierno.

El plan para adelgazar la Administración está sin cuantificar

Rajoy reivindicó lo que en su opinión es “la radiografía más minuciosa de la Administración realizada en toda nuestra democracia”, y apuntó algunas cosas que según él son prescindibles, como los servicios de meteorología autonómicos o los organismos de defensa de la competencia, pero no dio más detalles. De hecho, el discurso de Rajoy tuvo poca concreción, ni siquiera dijo cuánto dinero se pretende ahorrar o cuántos organismos se van a suprimir. Esos datos llegarán el viernes, cuando el informe llegue al Consejo de Ministros, según La Moncloa. El Gobierno insiste en que estas reformas no supondrán destrucción de empleo público y Rajoy recordó que ya se han recortado 375.000 puestos de trabajo de la Administración desde que él llegó a La Moncloa.

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Uno de los barones más influyentes en el PP, el gallego Alberto Núñez Feijóo, marcó enseguida su territorio. Afirmó que la reforma le parece “una propuesta necesaria y valiente” pero aclaró que “cuando tocan las competencias de las comunidades autónomas”, esas iniciativas “se tienen que negociar”. Para entender la complejidad de esta negociación basta ver que Rajoy citó a los organismos de defensa de la competencia autonómicos como algo a extinguir y Feijóo acaba de crear uno que es fusión de otros dos y que no tiene ninguna intención de eliminar. El ambiente político que se ha creado con la fórmula secretista del Gobierno, que no ha querido compartir con nadie sus propuestas, augura muchos conflictos. Rajoy ya vio hace un mes cómo sus barones se le descontrolaban por la batalla sobre el déficit asimétrico, aún no resuelta.

Algunos dirigentes sospechan que es una vía para obligar a nuevos recortes

Esa idea de la negociación con las autonomías diluye mucho la gran reforma que Rajoy ha tardado 18 meses en presentar, pese a que era una de sus grandes promesas en la campaña electoral. Aunque el Ejecutivo asegura que tiene fórmulas para forzar que las autonomías le hagan caso.

El Gobierno, en este momento, ya tiene una influencia sobre varias autonomías mayor de la que ha tenido ningún Ejecutivo anterior, porque nueve de ellas, como es el caso de algunas muy importantes, como Cataluña o la Comunidad Valenciana, sobreviven financieramente gracias al ingreso mensual que les hace Hacienda a través del fondo de rescate autonómico, el llamado FLA. Eso le da a Cristóbal Montoro y a su equipo una gran capacidad de supervisión e influencia sobre los ajustes que está haciendo cada autonomía.

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