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Las dietas de Caja Navarra se indigestan

La polémica por los abultados pagos por reunirse salpica a los sueldos públicos El alcalde de Pamplona anuncia una reflexión sobre el sistema de retribuciones

La presidenta de Navarra, Yolanda Barcina, explica en junio de 2012 la ruptura con el PSN.
La presidenta de Navarra, Yolanda Barcina, explica en junio de 2012 la ruptura con el PSN.LUIS AZANZA

La polémica por las dietas cobradas de Caja Navarra ha encendido el ventilador y el debate sobre los sueldos públicos que se pagan en la comunidad foral.

El controvertido tema llega en un momento en el que casi el 40% de los navarros considera muy mala la situación política de la comunidad y el 47% apunta que ha empeorado en el último año, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas. Más de la mitad califica de mala o muy mala la gestión de la presidenta Yolanda Barcina (UPN), pero no sale mejor parada la oposición, ya que sólo el 3,8% considera buena su labor. Todos ellos están cuestionados por las dietas recibidas de la entidad financiera antaño bandera de la comunidad y hoy absorbida por Caixabank.

Pero la discusión no se ciñe a las dietas ya cobradas y devueltas sino que ha puesto en entredicho el sistema de retribuciones, sobre todo, en el Ayuntamiento de Pamplona. El alcalde de la ciudad, Enrique Maya, ha anuncia ahora una reflexión sobre el sistema de remuneraciones municipal.

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La fórmula que se utiliza actualmente fue creada en 2001, con Yolanda Barcina como alcaldesa. El sistema permite la liberación de los concejales con responsabilidades en el gobierno municipal y un edil por cada tres que tenga cada grupo político. Estos cobran en torno a 4.800 euros al mes. UPN cuenta con seis liberados completos y tres al 60%. Geroa Bai tiene dos, Bildu, PSN y PP uno, mientras que la única concejal de Izquierda-Ezkerra percibe un tercio del salario. El resto de los ediles se acogen al sistema de dietas por reuniones, que son visadas por el departamento de Recursos Humanos y firmadas por el alcalde.

El tema de los sueldos y las dietas no solo ha supuesto la reprobación parlamentaria de la presidenta Barcina. La mayoría del pleno de Pamplona solicitó el pasado 22 de marzo la dimisión del alcalde Maya por su participación en los órganos de Caja Navarra por la que ha sido imputado judicialmente, pese a haber devuelto lo cobrado. Posteriormente, la oposición municipal protagonizó un plante ante el primer edil por su negativa a abandonar el cargo. Y, en ese pleno, la teniente de alcalde, Ana Elizalde auguró a los componentes de la bancada contraria que pronto tendrían que acudir ellos al pleno para "explicar" cosas.

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Los concejales liberados perciben en torno a 4.800 euros al mes

Y así ha sido. La última semana, miembros de los grupos de la oposición han tenido que explicar sus ingresos, después de que Diario de Navarra publicara detalles del sistema de remuneración por dietas que reciben los concejales de Pamplona. Según este, Uxue Barkos, que compagina su escaño en el Congreso con la portavocía del principal grupo de la oposición en el consistorio, cobró por 218 reuniones del que cobra por reuniones municipales en 2012 2012. El reglamento de remuneraciones permite cobrar un máximo de 156 reuniones anuales, que suponen 1.500 euros al mes.

Barkos asegura estar preparada para más intentos de "desviar la atención del escándalo de las dietas de Caja Navarra".

Cuatro presidentes ante la justicia

Jaime Ignacio Del Burgo, UCD (1979-1980). Fue destituido por el Parlamento después de que la Diputación le concediera un anticipo para un crédito de 81 millones de pesetas a una empresa de la que Del Burgo era accionista. Fue denunciado judicialmente, pero la Fiscalía archivó el sumario. Siguió en política como parlamentario foral, senador y diputado en UPN y PP. Tras las generales de 2011 se retiró.

Gabriel Urralburu, PSN-PSOE (1984-1991). Primer presidente socialista. Urralburu fue condenado a 11 años de prisión en 1998 por la conocida como trama navarra del Caso Roldán, el cobro de comisiones a empresas adjudicatarias de obras públicas.

Javier Otano, PSN-PSOE (1995-1996). Encabezó el único gobierno con participación nacionalista, apoyado por Eusko Alkartasuna. Dimitió un año después al conocerse que aparecía junto a su esposa como titular de una cuenta en Suiza. Otano aseguró que fue Urralburu quien le pidió que se hiciera titular de esa cuenta y en ella se ingresaban comisiones recabadas a empresas.

Miguel Sanz, UPN (1996-2011). Está imputado por el caso de las dietas de Caja Navarra, por un posible delito de cohecho. Sanz presidió la caja de ahorros y desde 2010 un órgano sin funciones ejecutivas en la entidad con dietas que superaban su sueldo como jefe del gobierno. Se retiró de la política en 2011 .

El próximo viernes, cuatro cargos de UPN y dos del PSN, entre ellos su líder Roberto Jiménez, declararán como testigos ante la juez que instruye el caso de las dietas recibidas por políticos en Caja Navarra. Los seis formaban parte de la Junta de Entidades Fundadoras de la caja, el órgano sin funciones ejecutivas pero con dietas de 1.700 euros por cada una de sus reuniones que se encadenaban en un mismo día.

En ella también estaban los tres imputados en el sumario; el ex presidente Miguel Sanz, el alcalde de Pamplona Enrique Maya y el ex consejero de Economía Álvaro Miranda, todos ellos de UPN. La Junta la completaba la presidenta Barcina, que no ha sido llamada a declarar por el momento, pero que ha sido reprobada por la mayoría del Parlamento foral.

El caso de las dietas de Caja Navarra ha hecho tambalearse la estabilidad de una comunidad en la que, salvo la fallida experiencia de gobierno entre socialistas y nacionalistas vascos entre 1995 y 1996, se han alternado UPN y PSN en el poder con pactos más o menos explícitos entre ambos, desde el inicio de la democracia.

Hasta ahora, la aritmética parlamentaria ha hecho que la suma entre ambos y la división entre el resto de fuerzas políticas haya impedido cualquier alternativa que no pase por un PSN que ha jugado con cierta ambigüedad en todas las convocatorias electorales pero que ha acabado por decantarse por el ala constitucionalista.

Sin embargo, sondeos internos de varios partidos auguran un importante ascenso del ámbito nacionalista, que conforman EH Bildu y la coalición Geroa Bai, liderada por la diputada Uxue Barkos y formada por PNV e independientes. Quizá por eso el ventilador de la polémica se ha extendido a todos los receptores a sueldos públicos.

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