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La juez imputa por cohecho al expresidente de Navarra Miguel Sanz

La imputación, originada por el cobro de dietas en consejos de Caja Navarra, también alcanza al alcalde de Pamplona y a un exconsejero de Economía

De izquierda a derecha, el expresidente del Gobierno de Navarra Miguel Sanz; al alcalde de Pamplona, Enrique Maya, y al exconsejero de Economía y Hacienda Álvaro Miranda. EFE

La titular del juzgado de instrucción número 3 de Pamplona, María Paz Benito, ha imputado al expresidente navarro Miguel Sanz; al alcalde de Pamplona, Enrique Maya; y al exconsejero foral de Economía Álvaro Miranda por un presunto delito de cohecho en el cobro de dietas de Caja Navarra, desaparecida en octubre de 2011. Los tres pertenecen a Unión del Pueblo Navarro (UPN). La actual presidenta, Yolanda Barcina, también de UPN, no ha sido imputada por el momento.

Miguel Sanz será el primero en prestar declaración, el próximo día 12. Tras él, la juez interrogará a Álvaro Miranda, el día 15, y al actual alcalde de Pamplona, Enrique Maya, al día siguiente. Los tres componían, junto a Yolanda Barcina, la comisión permanente de la Junta de Entidades Fundadoras de la caja.

La magistrada ve indicios de un delito de cohecho en la percepción de dietas, que iban de los 2.600 euros en el caso de los presidentes a los 1.700 en el resto de componentes, en un órgano sin funciones ejecutivas. La normativa navarra atribuye al propio Gobierno foral la competencia de la inspección de las entidades de ahorro radicadas en la comunidad. Sin embargo, el Ejecutivo que presidió Sanz y ahora Barcina nunca realizó inspecciones a Caja Navarra y solo se produjo una, en 2004, llevada a cabo por el Banco de España.

Caja Navarra, sin embargo, creó en 2010 un ente, de carácter solo consultivo, al que fueron a parar los cargos públicos que hasta entonces estaban en el consejo de administración. La Junta de Entidades Fundadoras, en la que había nueve cargos de UPN y dos del PSN elegidos por el Ejecutivo y el Parlamento foral, contaba además con una comisión permanente en la que estaban Sanz, Barcina y Miranda, y a la que se añadió Maya en junio de 2011. La existencia de este segundo ente la desconocían el resto de los miembros de la Junta de Entidades Fundadoras, y de hecho tardó un año en aparecer en los propios estatutos de la caja. Tanto uno como otro órgano se reunían varias ocasiones en el mismo día, con su dieta correspondiente. Según la declaración judicial del secretario de la entidad financiera, Alberto Pascual, fue Miguel Sanz quien marcó su sistema de reuniones y los órdenes del día. Las actas de esos encuentros han desvelado que se limitaban a la lectura de informes sobre la gestión de la caja sin que ninguno de los miembros de la permanente realizase intervención alguna. En el caso de Sanz, la remuneración recibida de Caja Navarra fue incluso superior a su sueldo anual como presidente del Gobierno, que según los presupuestos forales de 2011 fue de 69.300 euros. Por su parte, Álvaro Miranda, el entonces responsable de Economía, el departamento competente para inspeccionar la caja, recibía la misma cantidad como miembro de los órganos consultivos de Caja Navarra que como consejero del Gobierno, unos 60.000 euros de cada parte. Enrique Maya cobró 12.000 euros en los seis meses que formó parte de esos órganos, aunque el Ayuntamiento de Pamplona no tiene función alguna de supervisión de entidades financieras. Maya devolvió hace dos semanas esa cantidad, mientras que Sanz y Miranda lo hicieron de lo recibido en la comisión permanente únicamente.

El abogado de Miguel Sanz, Eduardo Ruiz de Erenchun, se plantea ahora volver a solicitar que sea la Audiencia Nacional la que instruya este sumario junto a la denuncia de UPyD por la salida a Bolsa de Banca Cívica, el banco participado por Caja Navarra. El pasado 20 de marzo la juez Benito rechazó remitir la instrucción a esa jurisdicción pese a que lo había solicitado el juez Eloy Velasco. La asociación Kontuz, que interpuso la primera denuncia contra Sanz, se ha felicitado por la decisión de Benito de no enviar el sumario a la Audiencia Nacional, algo que, a juicio de su portavoz, Patxi Zamora, haría a la causa “dormir el sueño de los justos”.

Barcina se libra por ahora

Yolanda Barcina, como alcaldesa de Pamplona primero y como presidenta del Gobierno foral desde junio de 2011, formó parte desde el inicio de la Junta de Entidades Fundadoras de Caja Navarra y de su controvertida comisión permanente. María Paz Benito, la jueza instructora del caso de las dietas pagadas por la caja a cargos públicos, ha citado a declarar como imputados a los otros tres componentes de esa permanente, pero no a Barcina, ya que su condición de aforada obligaría a que si Benito viera indicios del delito de cohecho en la actual presidenta tendría que inhibirse y enviar el caso al Tribunal Supremo, que designaría un nuevo magistrado para instruir allí todo el sumario de nuevo.

Barcina percibió 68.000 euros por su participación en las reuniones de la Junta y su permanente. Ni la devolución a la Fundación Caja Navarra de esta cantidad, ni el hecho de que, por ahora, no haya sido citada a declarar, evitan que la oposición pida a la líder de UPN que abandone la jefatura del Ejecutivo.

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