Política

El juez reclama la relación de bienes de Urdangarin antes de proceder al embargo

Castro confiscará el palacete de Pedralbes y el chalé de Diego Torres

/ Palma de Mallorca / Barcelona 8 FEB 2013 - 09:15 CET

Urdangarin, en un partido de balonmano el pasado 25 de enero. / M. D. (REUTERS)

El juez José Castro, instructor del caso Nóos, reclamará en una providencia a Iñaki Urdangarin —y a su exsocio Diego Torres— una relación de sus propiedades, cuentas, fondos y acciones para proceder a su embargo hasta la cantidad de 8,1 millones de euros. Así se ejecutará la fianza civil que ambos no afrontaron, solidariamente, en el plazo que marcó y que finalizó este jueves. El juez y el fiscal están en la recta final de la investigación del escándalo.

Ninguno de los dos imputados depositó avales bancarios, dinero en efectivo ni registros de escrituras. El embargo, preventivo de su patrimonio pesará hasta la celebración del juicio por supuesta corrupción al que serán sometidos, de manera casi ineludible, Urdangarin y Torres.

Hacienda cooperará, además, en la identificación de los patrimonios de los dos imputados en el caso de que eviten detallarlos. En la causa están muy identificados los bienes y las cuentas. El juez Castro cree que los antiguos gestores de Nóos son responsables de los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude a la Administración, falsedad documental y mercantil, tráfico de influencias y delito fiscal. Y en las rogatorias internacionales a la caza de fondos evadidos en Andorra, Suiza y Luxemburgo, el juez citó el blanqueo de capitales.

El yerno del Rey y su antiguo profesor y aliado empresarial alegaron contra la fianza, consideraron que no existen razones que la justifiquen porque no ven indicios de criminalidad en su contra. El letrado de Urdangarin, Mario Pascual, cuestionó la labor del juez y anunció que buscará anular el proceso (y una hipotética condena) a través de un recurso ante el Tribunal Constitucional por vulneración del derecho de defensa. La impugnación del auto de la fianza presentada el miércoles era una acción técnica necesaria para poder formular en el futuro una apelación al alto tribunal.

La elevada caución civil de 8,1 millones de euros se debe al cálculo de las cantidades supuestamente defraudadas en los eventos que el Instituto Nóos organizó: tres Summit Valencia y dos Forum IB, más un 30% de carga sobre el monto global. El impago de la fianza, sin embargo, no afecta a la situación personal de los imputados, ya que se trata de una caución judicial para asegurar que puedan afrontar —si son condenados— los perjuicios causados a la Administración y las multas.

Un perito valorará los bienes identificados, procederá al blindaje sobre la propiedad de los inmuebles, acciones, depósitos y fondos en cuentas, sea cual fuere la titularidad real de los mismos. Se trabará la mitad indivisa de los bienes y fondos porque, de manera general, Urdangarin y Torres comparten patrimonio e inversiones con sus esposas, la infanta Cristina y Ana María Tejeiro. El duque de Palma y la infanta poseen el palacete de Pedralbes —valorado en más de siete millones— y tres inmuebles menores mientras que Torres y su mujer tienen un chalé en Barcelona y tres pisos en Palma.

El instructor cerrará en semanas el caso Nóos. A tal efecto, el 16 de febrero están citados para declarar ante el juez Diego Torres y su esposa y, el siguiente sábado, el 23 de febrero, ha de comparecer Urdangarin y el secretario de las infantas Carlos García Revenga, asesor de la Casa del Rey. Este ha sido encausado este mes y se mantiene en el puesto tras ser imputado por su posible vinculación a la gestión del Instituto Nóos.

Torres y Urdangarin deberán responder sobre los nuevos hechos desvelados. El yerno del Rey carga con tres nuevas acusaciones de delito fiscal sobre las que no ha sido preguntado y Torres deberá explicar la existencia de un capital opaco en Luxemburgo de 960.000 euros, ya bloqueado por el juez.

El correo del duque sobre el desahucio a una inquilina

Uno de los pisos que Aizóon, la sociedad de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, tiene en Palma de Mallorca y que el juez embargará, ya generó un caso judicial en 2009. Entonces, una inquilina de los duques no pudo pagar todas las mensualidades y acabó siendo desahuciada. El asunto afloró en los correos intervenidos, en la correspondencia entre Urdangarin desde Estados Unidos y su asesor, Marco Tejeiro, en España.

“¿Interponemos la demanda reclamando las rentas toda vez que le han encontrado un domicilio laboral?”, reclamaba Tejeiro. “Nos pregunta la abogada si una vez desahuciada la inquilina le ponemos demanda para cobrar las rentas que debe. Está localizada y se le puede embargar parte del sueldo… ¿Qué hacemos?”. Urdangarin remitió una contestación breve e inmediata: “OK”. Estaban en juego 9.000 euros.

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