Agentes españoles colaboran en Siria en una operación de EE UU para identificar yihadistas europeos
Interior recibe a través de ellos información de la Operación Gallant Phoenix, en la que participan Europol y servicios secretos de países europeos
Agentes españoles colaboran en Siria en la Operación Gallant Phoenix, un dispositivo de EE UU para identificar a ciudadanos de países occidentales desplazados para combatir en las filas del Estado Islámico (ISIS en sus siglas en inglés) y de grupos afines a Al Qaeda, según confirman a EL PAÍS fuentes de la lucha antiterrorista. Interior cifra en 130 los yihadistas españoles o residentes en España que aún permanecen en zonas de conflicto de los 237 que se han desplazado.
La participación de agentes españoles en la Operación Gallant Phoenix no es nueva, pero su importancia se ha multiplicado después de que, tras lanzarse la ofensiva militar contra la ciudad siria de Baguz, uno de los últimos feudos del ISIS, el presidente estadounidense Donald Trump lanzase vía Twitter un ultimátum a los países europeos para que se hicieran cargo de los más de 800 yihadistas extranjeros actualmente bajo custodia de las fuerzas kurdas. En la operación, puesta en marcha por EE UU a través del FBI y del Departamento de Defensa para identificar a los yihadistas que abandonan las zonas de los combates para retornar a sus países de origen, colabora Europol, como ya admitió en mayo de 2018 la UE a través del comisario europeo de Migración Dimitris Avramopoulos, pero también los servicios secretos de varios países europeos. Hasta ahora, sin embargo, ninguno lo ha reconocido formalmente.
El objetivo del operativo es acumular todo tipo de indicios —desde muestras de ADN a huellas dactilares, pasando por fotografías, documentos e información contenida en dispositivos electrónicos— recuperados en los territorios que ocupaba el autodenominado Califato del Estado Islámico para identificar a los terroristas que han conseguido regresar a Europa y EE UU, pero también a los que permanecen detenidos en Siria e Irak. Según Europol, al menos 5.000 ciudadanos europeos han viajado desde 2014 a ambos países y, aunque muchos han fallecido en combate o en atentados, los que han sobrevivido suelen regresar aún más radicalizados: “Por un lado, tienen experiencia en el manejo de armas y explosivos; por otro, son vistos como héroes, lo que les convierte en poderosos instrumentos de radicalización”, alertan desde hace tiempo expertos antiterroristas españoles.
Estrategia antiterrorista
Por ello, los retornados son una de las principales preocupaciones de los Gobiernos europeos, incluido el español, que en la recién aprobada Estrategia Nacional contra el Terrorismo, elaborada por el Ministerio del Interior, pone el foco en este colectivo. Uno de los objetivos de este documento es que el posible retorno de estos yihadistas se vea acompañado de su encarcelamiento para minimizar el riesgo que suponen. Algo que, como reconocen fuentes de la lucha antiterrorista, no es fácil ya que hasta ahora solo se les puede acusar de integración en organización terrorista.
De hecho, la nueva Estrategia Nacional propone “establecer mecanismos que permitan incorporar al procedimiento judicial las evidencias obtenidas en zonas de conflicto, con las correspondientes garantías procesales y salvaguardando la reserva de las investigaciones en curso”, en clara referencia a esos vestigios que se están recopilando en la Operación Gallant Phoenix. Estos, además de para identificar, deben servir para extender las acusaciones a su participación en actos concretos de terrorismo en aquellos territorios, algo previsto en la legislación para nacionales españoles, pero que hasta ahora no se ha podido aplicar, precisamente, por la falta de pruebas, admiten fuentes de Interior. Para ello, la información que los agentes recaban en Siria es transmitida al Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), un órgano dependiente de Interior en el que están integrados la Policía Nacional, la Guardia Civil, el CNI y las policías autonómicas.
Aunque la cifra de los terroristas desplazados desde España a zonas de conflicto es sensiblemente inferior a la de otros países de nuestro entorno, las últimas estadísticas hablan de un goteo continuo. Según el último recuento realizado por el CITCO, a mediados del pasado mes de enero eran 237 los yihadistas españoles o residentes en España que se habían desplazado a zonas de conflicto, principalmente Siria e Irak, aunque también Malí y Filipinas. De ellos, 130 aún permanecen allí, mientras que a 61 se les da por fallecidos, muchos de ellos en ataques suicidas. Del resto, 21 han retornado a España, aunque 12 de ellos han sido encarcelados. Otros 24 lo han hecho a otros países, donde ocho de ellos también han ingresado en prisión. Hay un caso del que no hay pistas sobre su posible paradero.
La mayoría son hombres, aunque también hay mujeres y menores de edad, y el 80% son individuos de otras nacionalidades —principalmente marroquíes— que residían en España antes de ir a engrosar las filas del Estado Islámico y los grupos afines de Al Qaeda. Altos cargos de Interior aseguran que, hasta el momento, entre los combatientes bajo custodia de las tropas kurdas no se ha detectado a ninguno con nacionalidad española, aunque sí algunos que hablan español.
La amenaza de los 269 radicales en prisión
Un segundo foco de preocupación para Interior son los yihadistas encarcelados. Según datos de Instituciones Penitenciarias, hay 139 presos por terrorismo yihadista. Una cifra que triplica la que había en 2012, cuando eran 41. Sin embargo, el control no se reduce a ellos sino que se extiende a otro grupo de internos: aquellos que, pese a ingresar por delitos comunes, se han radicalizado entre rejas. Interior ha detectado 130, a los que divide en dos grupos. En el primero, formado por 49 presos, sitúa a los que no solo se han radicalizado, sino que realizan labores de captación. Los otros 81 son aquellos que han empezado a mostrar signos de radicalización. En total, 269, una cifra que supera al colectivo de presos de ETA, compuesto por 230 internos.
En el último medio año, Guardia Civil y Policía Nacional han desarticulado sendas redes dentro de las cárceles que se dedicaban, precisamente, a radicalizar presos comunes musulmanes. En octubre de 2018, la Operación Escribano permitía desmantelar una formado por 26 presos islamistas —entre ellos Jamal Zougam y Hassan El Haski, dos de los condenados por el 11-M— repartidos en 17 cárceles y que se comunicaban a través de cartas. En febrero, caía otro grupo, este asentado en la prisión de la localidad madrileña de Valdemoro, cuyo presunto cabecilla, Suleimán E. M., ofrecía entre medio millón y un millón de euros a los reclusos que se comprometieran a cometer atentados suicidas cuando salieran de prisión. Es la misma cifra que el ISIS entrega a los allegados de los terroristas que se inmolan en Siria. Los fondos provenían del narcotráfico internacional, según detallaron entonces fuentes de la investigación.
Además, los expertos alerta —y así lo hace también la nueva Estrategia Nacional contra el Terrorismo— de que la mayoría de los atentados de los últimos años en Europa han sido perpetrados por personas radicalizadas en sus propios entornos, como fue el caso de la célula de los ataques de Barcelona y Cambrils de agosto de 2017. En este sentido, la nueva Estrategia Nacional recalca que, hasta ahora, la mayor amenaza para España ha sido, precisamente, “la actividad de actores solitarios y células autorradicalizadas en territorio español”.
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