El Gobierno recurrirá la reprobación del Rey pese al rechazo del Consejo de Estado

Más información

El Gobierno recurrirá la reprobación al Rey como “respuesta política”

El Gobierno actuará contra el Parlament tras censurar al Rey

El Gobierno no sabe cómo salir del embrollo jurídico en el que se ha metido por su empeño en recurrir ante el Tribunal Constitucional la reprobación del Rey en el Parlament de Cataluña. La semana pasada, cuando tomó esa decisión, algunos miembros del Ejecutivo ya temían que el Consejo de Estado podría no estar de acuerdo. Finalmente, el golpe jurídico de este organismo —consultivo— ha acabado llegando, pero el Gobierno ha decidido seguir adelante incluso con ese antecedente, que anticipa el riesgo de que el Constitucional también eche para atrás esta iniciativa.

El Consejo de Estado, en una resolución adoptada el jueves tras una larga reunión, critica la iniciativa pero cree que “no constituye objeto idóneo para su impugnación por la vía prevista en el artículo 161.2 de la Constitución” porque no tiene valor jurídico, al tratarse de una simple resolución declarativa.

El Ejecutivo, sin embargo, recuerda que los dictámenes de este organismo “no tienen valor vinculante”. En plata: le agradece su trabajo, pero ha decidido contradecirle y usa para ello un argumento novedoso y potencialmente explosivo: “El Gobierno entiende que la resolución del 11 de octubre de 2018 es inconstitucional, pues supone un nuevo intento, como otros anteriores, del Parlament de iniciar un proceso unilateral que desemboque en la proclamación de una hipotética república, lo que vulnera claramente la Constitución y contraviene la última doctrina emanada por el Tribunal Constitucional”.

Sin competencias

El Ejecutivo, que hasta ahora solo alegaba que el Parlament no tiene competencias para reprobar al Rey ni para pedir que se cambie la forma de Estado, ahora da un salto y acusa directamente al Govern de volver a las andadas. Un mensaje que no cuadra con el discurso del Gobierno que insiste en que la situación está mucho mejor que el año pasado.

El Consejo de Estado no vio en la resolución ese intento de volver a poner en marcha el procés unilateral. Pero el Ejecutivo, sí. Ante varias preguntas que cuestionaban este asunto, la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, se limitó a releer el texto en el que se da ese argumento jurídico elaborado por el Consejo de Ministros, reunido de manera excepcional en Sevilla. Esto es, contradice los mensajes anteriores de que el independentismo catalán ha renunciado de momento a la vía unilateral y por eso se puede abrir un diálogo y descartar de momento la aplicación del artículo 155. No era una improvisación de la portavoz, sino una decisión colegiada del Ejecutivo, redactada para ser explicada en la rueda de prensa.

No es la primera vez que el Gobierno desoye al Consejo de Estado en un asunto fundamental como este, pero sí en el caso de Pedro Sánchez. El Ejecutivo de Mariano Rajoy, en enero de este mismo año, ignoró al Consejo de Estado, que entonces dirigía una persona de máxima confianza del presidente, el exministro José Manuel Romay Beccaria, cuando este le recomendó que no recurriera la candidatura de Carles Puigdemont para ser elegido presidente de la Generalitat a distancia, desde Bélgica. En esa ocasión, y pese al golpe de imagen de ir en contra de los consejos de este organismo por primera vez durante la lucha contra el procés, al Gobierno le salió bien la jugada porque el Constitucional admitió a trámite el recurso y suspendió la candidatura. En esta ocasión, sin embargo, no está claro qué hará el tribunal.

El Ejecutivo de Sánchez también apela para recurrir contra la resolución al otro argumento, el de las competencias, que es el que desarrolló la semana pasada. “Tampoco entendemos que sea admisible, ni desde el punto de vista político ni jurídico, el intento de abolición de la monarquía y un ataque injustificado a la figura del Rey, que supone una extralimitación de las funciones de la Cámara autonómica catalana”, añadió el Gobierno.

El Consejo de Estado, cuyo criterio el Ejecutivo “respeta pero no comparte”, cree que no hay base para emprender esta acción judicial contra la resolución impulsada por Catalunya en Comú Podem que aprobó la Cámara catalana en la que se reprobaba a Felipe VI y abogaba por la abolición de la Monarquía, una decisión que adelantó La Vanguardia.

Esta decisión de mantener contra viento y marea el recurso tiene sobre todo una explicación política: en precampaña de las elecciones andaluzas, el Gobierno quiere romper la imagen de que acepta cualquier cosa que venga de los independentistas y lanza un gesto de firmeza. Pero esto también tiene costes políticos. En especial con su socio principal, Podemos, impulsor en Cataluña de esta iniciativa de reprobar al Rey.

Crítica de Iglesias

Pablo Iglesias, líder de esta formación, mantuvo su rechazo, que ya mostró cuando el Ejecutivo anunció que recurriría al Constitucional. “El Gobierno sostiene que los representantes de la ciudadanía elegidos en las urnas no pueden pronunciarse sobre lo que dice o hace un jefe del Estado que ha llegado al cargo por su apellido, sin pasar por las urnas”, escribió en su cuenta de Twitter. “Es hora de abrir un debate sobre el futuro de nuestra democracia”, abundó. Unidos Podemos lucha en el Congreso por abrir una comisión para investigar al rey emérito por supuesta corrupción. La vía de entrada para ahondar en una discusión más profunda sobre la forma de Estado en España.

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, admitió la semana pasada que la iniciativa del Parlament no tenía “ningún sentido desde el punto de vista jurídico”, aunque consideró que necesitaban dar una “respuesta política”. “Un Parlamento autonómico no puede intentar trazar la forma de Estado de este país”, afirmó la número dos del Ejecutivo.

Los juristas consultados coinciden con la vicepresidenta en que la reprobación del rey es una iniciativa política sin efecto jurídico, pero no sobre la potestad del Parlament para tratar de cambiar la forma de Estado, informa Reyes Rincón. “Los Parlamentos autonómicos pueden proponer al Congreso reformas constitucionales”, recuerda Miguel Presno, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo.