El juez deja libre con cargos al policía próximo a Villarejo

El comisario Enrique García Castaño, alias El Gordo, no dormirá en la cárcel. Diego de Egea, magistrado de la Audiencia Nacional, ha decidido este viernes decretar libertad con cargos para el policía, próximo al comisario jubilado José Manuel Villarejo y detenido el pasado miércoles en el marco de la Operación Tandem. La Fiscalía, que lo sitúa en el supuesto entramado urdido por el considerado rey de las cloacas del Estado, instó su detención porque habría facilitado presuntamente datos confidenciales a cambio de coches y dinero. Un extremo sobre el que lo ha interrogado el juez, que le ha retirado el pasaporte, le prohíbe salir de España y le impone comparecencias quincenales en el juzgado.

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Pero por el juzgado de De Egea no ha pasado solo García Castaño, investigado por los delitos de cohecho impropio y revelación de secretos. El magistrado también ha interrogado este viernes a otro policía detenido el mismo miércoles —el inspector Antonio Bonilla—, al que le ha dejado en libertad con cargos y con las mismas medidas cautelares; y a la pareja e hija de El Gordo, imputadas y dos figuras clave en esta operación. Los agentes han intervenido dos coches de la marca BMW, que utilizaban las dos mujeres y que fueron adquiridos por las empresas de Villarejo, según informan fuentes jurídicas.

"No existe ningún indicio contra García Castaño diferente a los que hubiera hace un mes y medio, cuando el comisario se presentó voluntariamente ante su señoría y se le dijo que no había nada contra él", subraya la defensa del arrestado, que ha calificado de “desproporcionada e injusta” su detención: "[Decidida] de forma unilateral y sin contar con la decisión del órgano judicial que investiga los hechos con los que supuestamente se le vincula". Su abogado ha explicado en un comunicado que el pasado 28 de mayo también se dirigió a la Fiscalía Anticorrupción para ponerse a su disposición: "Sin que se le vinculara al procedimiento".

La bautizada como Operación Tandem se centra en la figura de Villarejo y su entramado societario, que gira en torno al Grupo Cenyt y que incluye una agencia de detectives. Según las pesquisas del juzgado de Instrucción número 6, encabezado por De Egea, el comisario se valía presuntamente de sus contactos para obtener datos y documentos confidenciales para los dosieres que elaboraba por encargo. De hecho, a la vista de los datos que contenían los informes intervenidos, los investigadores sospechan que entre estos informadores hay policías, empleados bancarios y un inspector de Hacienda —el juez acaba de pedir ayuda a la Agencia Tributaria para identificarlo—.

En ese contexto se detuvo el miércoles a García Castaño, que ha pasado gran parte de su carrera profesional al frente de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), encargada de gestionar las herramientas y tecnología para desarrollar las investigaciones: intervenciones telefónicas, seguimientos, escuchas... Su nombre suena desde hace tiempo. El Gordo acompañaba también a Villarejo en la cita en la que el ahora comisario jubilado grabó a Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, sobre el origen del ático que el exdirigente del PP poseía en Marbella y que era objeto de investigación.

Una denuncia anónima

El caso Tandem, que acumula ya más de una docena de imputados, arrancó en abril de 2017 gracias a una denuncia anónima que recibió la Fiscalía donde se detallaban las supuestas actividades ilegales de Villarejo y de otro comisario entonces en activo, Carlos Salamanca. En el escrito se relataba que un alto cargo de Guinea Ecuatorial encargó en 2012 un informe a Villarejo sobre Gabriel Mbaga Obiang Lima, uno de los hijos del presidente Obiang. El dosier tenía como objetivo encontrar trapos sucios y difundirlos a través de la red de medios cómplices del comisario jubilado para desacreditarle y anularle en las luchas familiares.

El Ministerio Público y la Audiencia Nacional comenzaron entonces a tirar del hilo y localizaron, al menos, otros dos informes comprometedores. Para ambos, De Egea ha abierto sendas piezas separadas, bautizadas respectivamente como Land y Iron. En la primera se investiga un dosier encargado presuntamente por dos consejeros de la lujosa urbanización de La Finca, en Pozuelo de Alarcón (Madrid). En la segunda, el solicitado por un bufete especializado en patentes para espiar a un despacho de la competencia por el supuesto robo de clientes.