Dos de los últimos acusados de matar a sus parejas tenían orden de alejamiento

Marta tenía miedo. Los últimos cuatro días de su vida durmió en la casa en la que trabajaba como empleada doméstica, no en el piso del distrito madrileño de Tetuán que compartía con su presunto asesino. Una amiga que pide anonimato relata que el jueves se volvió pensando que no lo encontraría. Y él la mató.

Esta mujer paraguaya de 47 años no era una desconocida para el sistema de protección, como sí ocurre en la mayoria de los casos —el 77% de las asesinadas en 2018 no habían denunciado, uno de los porcentajes más altos desde que se empezó a contabilizar en 2006, aunque nunca ha bajado del 60%. 21 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año—.

En su caso, existía denuncia previa, una condena por lesiones y una orden de alejamiento que su novio, el cubano Noel, se había saltado en varias ocasiones. Esa orden no incluía, como en otros casos, una pulsera telemática que avisa cuando el agresor está demasiado cerca de la víctima. El caso estaba pendiente de una revisión del nivel de riesgo que determina el Ministerio del Interior después de que él quebrara la orden de alejamiento, explica Pilar Martín Nájera, coordinadora de la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer. La fiscal asegura que no dio tiempo a cerrar esa cita pero defiende que, “aunque no haya servido, la respuesta judicial fue la adecuada” tanto con Marta como en el segundo caso, el de Cristina.

Cristina tenía 24 años y vivía en Lepe (Huelva). Su pareja y padre de sus dos hijas fue condenado por un delito de amenazas contra ella en junio. La juez del caso dictó una orden de alejamiento. La víctima, de nacionalidad rumana igual que el agresor, había sido atendida en un recurso de emergencia, el paso previo a ser enviada a una casa de acogida. Pero renunció y pidió marcharse, asegura Eva Salazar, coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) en la provincia de Huelva: “El sistema funciona para muchísimas víctimas pero hay casos que, desgraciadamente, terminan así. Las mujeres pueden tomar sus propias decisiones y a veces no ven el peligro, necesitamos que se sometan a las directrices de nuestras profesionales”.

El IAM investigará para conocer qué medidas pudieron fallar y qué se puede hacer diferente. Salazar da alguna idea relacionada con los agresores, aunque este es un aspecto en el que no hay consenso entre los especialistas: “Este es de los pocos delitos en los que escondemos a las víctimas, sacándolas de sus casas y de sus vidas. Deberíamos poner en marcha medidas más contundentes relacionadas con el agresor”.

Desde las organizaciones que tratan a diario con las víctimas subrayan el doble fracaso que supone que las mujeres den el paso pero las medidas de protección previstas para ellas no funcionen. “Cuando una mujer denuncia lo que hace es pedir ayuda. Si existe una orden de protección, a la violencia se suma que no ha habido la respuesta necesaria del Estado de derecho”, subraya Altamira Gonzalo, vicepresidenta de la asociación de mujeres juristas Themis. Entre las cuestiones que considera que hay que mejorar, critica que las evaluaciones de riesgo que realizan los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado son muy laxas y que faltan especialistas para detectar el verdadero peligro que sufren las mujeres.

Apenas el 0,4% de los casos evaluados por la policía —210 de 54.796— se consideraron de riesgo alto o extremo, según el último informe de Interior disponible. Marta estaba calificada con riesgo bajo pendiente de una revisión tras el quebrantamiento de la orden de alejamiento. Cristina, de riesgo medio. La portavoz de Themis reclama activar ya el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, el último gran acuerdo contra el maltrato machista que se aprobó en septiembre pero que acaba de ser dotado con los primeros 200 millones de euros para nuevas medidas.

Evaluaciones de riesgo

Entre otras, prevé habilitar más unidades de valoración forense integral que mejorarían esas evaluaciones de riesgo y solicita estudios pormenorizados de cada caso para detectar fallos. La idea es similar a la que funciona desde hace un año en el Ayuntamiento de Madrid, que evalúa en un comité de crisis cada asesinato. La intención inicial es apoyar y dar respaldo a las familias de las víctimas. Y el principal objetivo, “mejorar la intervención y la manera de actuar”, explica la delegada de Políticas de Género, Celia Mayer. Cada comité lleva el nombre de la victima y su apellido, una vez que se ha pedido permiso a su familia. El de Marta, de momento, no tiene apellido. El Consistorio no ha podido contactar aún con sus dos hijos, un chico y una chica en edad de ir a la universidad. Los dos viven en Paraguay, donde Marta quería regresar. Recibirán el cuerpo de su madre en los próximos días.

El número de atención a las víctimas de violencia de género, que no deja rastro en la factura del teléfono, es el 016.