El hermano pequeño del ‘caso Malaya’ se desinfla
La fiscalía acusa a 51 personas por la trama de corrupción urbanística de Estepona, tras una década de instrucción ralentizada por la falta de medios
El 29 de marzo de 2007, en el primer aniversario del estallido del caso Malaya en Marbella, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Estepona, municipio vecino, abría una investigación por la existencia de una presunta trama de corrupción en el Ayuntamiento de esta localidad malagueña (66.863 habitantes). La operación, bautizada como Astapa, explotó en junio de 2008 con la detención del alcalde socialista Antonio Barrientos y de otras 24 personas, incluidos concejales, empresarios, funcionarios y cargos de confianza. La instrucción se cerró en mayo de 2017 tras una década caracterizada por la enorme falta de medios, especialmente para la valoración económica de los aprovechamientos urbanísticos, eje sobre el que pivotan las supuestas irregularidades. El juez ordenó seguir la causa contra 94 personas y la Fiscalía Anticorrupción, ahora, ha acusado a 51. El caso Astapa, desplegado en distintas fases, llegó a tener 107 investigados.
A cuatro personas se les estimó el recurso contra su procesamiento y el ministerio público, en su escrito de calificación provisional, no presenta cargos contra 39 investigados porque no está acreditada su participación en los hechos o el delito ha prescrito, caso de algunos empresarios inicialmente implicados por el supuesto pago de sobornos. En total, la fiscalía pide para los 51 acusados condenas que superan los 205 años de reclusión.
En la cúspide de esta supuesta trama de corrupción se sitúan seis expolíticos, entre ellos, el exalcalde, para quien el ministerio público reclama 10 años y nueve meses de prisión por cuatro delitos. La misma pena pide para quien fue su jefe de gabinete, José Flores, mientras que el exconcejal del PSOE Francisco Zamorano se enfrenta a 11 años de reclusión. La otra formación salpicada es el Partido Estepona (PES), heredero del GIL y socio de gobierno de los anteriores entre 2003 y 2007. Los exediles de este grupo José Ignacio Crespo y Manuel Reina se exponen 10 años de cárcel y el que fue gerente de Urbanismo Pedro López, nombrado por este grupo, a 11 años de prisión. Son las penas más elevadas que se solicitan.
El caso Astapa se sostiene, fundamentalmente, en las supuestas infravaloraciones de los aprovechamientos urbanísticos de los convenios suscritos por el Ayuntamiento y el consiguiente perjuicio para las arcas públicas. A lo largo de la instrucción se han analizado 38 convenios y la fiscalía ha logrado fijar, en 13 de ellos, un supuesto perjuicio de algo más de 28 millones de euros por esas tasaciones a la baja. El fiscal, en su escrito, precisa que hay “otros convenios de gestión” cuya infravaloración “no ha podido acreditarse”.
El juez instructor hablaba de una “triple caja” en el Ayuntamiento de Estepona. La fiscalía no utiliza este concepto, pero describe el funcionamiento de esa supuesta contabilidad con dos cajas al margen de la oficial. La B se creó para “eludir cualquier mecanismo de control interno o externo”, con aportaciones de promotores y empresarios con intereses inmobiliarios, y eran supuestamente “donaciones directas” al Ayuntamiento a través de patrocinios de actividades deportivas y culturales y “la asunción” de estas sociedades como gastos propios de determinadas deudas que las concejalías o las empresas municipales tenían con sus proveedores. Esto, según el ministerio público, dio lugar “con frecuencia” a “manipulaciones” de facturas o “la emisión de otros documentos falaces”.
Los principales acusados aprovecharon esta situación, además, para contribuir “a la financiación subrepticia” de actividades electorales de sus respectivos partidos por parte de “empresarios favorecidos por resoluciones municipales” y para “obtener un lucro personal”. Esto sería la otra forma de contabilidad supuestamente ilegal que se registraba en Estepona entre 2003 y 2008.
Como ejemplo de esa supuesta financiación irregular del PSOE, en el marco de la campaña electoral de las elecciones municipales de 2007, la fiscalía cita supuestos préstamos personales de los primeros miembros de la lista que no eran tales o los conciertos de Estrella Morente y El Arrebato que sirvieron para abrir y cerrar, respectivamente, los fastos electorales. Los espectáculos musicales costaron 170.752 euros, y parte de esa cantidad fue abonada por una empresa con negocios con el Ayuntamiento. El Partido Estepona, según el ministerio público, supuestamente también se financió irregularmente.
En cuanto al presunto enriquecimiento ilícito de algunos acusados, el fiscal sostiene que Barrientos, mientras fue alcalde entre 2003 y 2008, dispuso “constantemente” de una fuente “oculta” de ingresos y dinero en efectivo “suficiente” para cubrir todos sus gastos personales y familiares sin utilizar tarjetas o sacar dinero de sus cuentas. En ese periodo de tiempo ahorró 218.377 euros, el 71% de su sueldo, subraya la acusación pública, que también sospecha de una reforma en su vivienda, unas obras cuyo valor total se desconoce, pero por las que 236.000 euros fueron facturados y quedaron contabilizados “como gastos propios” por una constructora con intereses con el Ayuntamiento. Francisco Zamorano, por su parte, supuestamente logró incrementar su patrimonio entre 2004 y 2008 en más de dos millones de euros, según el escrito.
