Interior prepara ya acercamientos individualizados de reclusos de ETA
Los movimientos no serán en bloque sino “individualizados” y se dejarán en manos de las Juntas de Tratamiento de las cárceles
El Gobierno prepara los primeros movimientos de presos de ETA a cárceles próximas al País Vasco y Navarra. Un acercamiento que no será en bloque sino “individualizado”. El Ministerio del Interior dejará en manos de las Juntas de Tratamiento de las cárceles la propuesta de con qué internos se tomará una medida que desde el Ejecutivo insisten en que no es un beneficio penitenciario. “Se cumplirá estrictamente la ley”, recalcan estas fuentes.
Los candidatos para ser los primeros presos acercados son los etarras que tienen condenas no muy elevadas, que han cumplido gran parte de las mismas y que han mostrado una actitud positiva durante su encarcelamiento. Se tendrá en cuenta a aquellos que hayan pedido una progresión de grado y permisos, tengan un destino laboral dentro de la prisión o participen en programas de tratamiento y actividades. También se analizará los casos de aquellos que sufren enfermedades graves, que las asociaciones de apoyo a los familiares de los presos cifran en una veintena.
Es una línea similar a la que el Ejecutivo del presidente francés Emmanuel Macron fijó a comienzos de año cuando decidió flexibilizar su política penitenciaria y comenzó a acercar a los reclusos de la organización a centros penitenciarios próximos a la frontera con España. En la actualidad, 17 de los 51 presos de la banda terrorista en Francia están en las cárceles de Lannemezan y Mont-de-Marsan, las más cercanas al País Vasco. En España, sin embargo, sólo nueve figuran en cárceles de País Vasco y Navarra (varios en régimen de semilibertad con pulseras de control telemático). Otros 15 están en prisiones a menos de 350 kilómetros de ambas comunidades. En total, 24, lo que representa el 10% del colectivo.
Sin calendario
Un informe de la etapa del ministro Zoido
La decisión del ministerio se fundamenta en un informe elaborado en la etapa del anterior titular de la cartera, el popular Juan Ignacio Zoido. En febrero, Interior recabó información sobre etarras que están clasificados en segundo grado o que padecen enfermedades graves y que podrían aceptar medidas de reinserción. El documento afectaba a 40 de los 240 presos. Fuentes penitenciarias ya dijeron entonces que la idea era hacer una lista de candidatos al acercamiento.
Fuentes penitenciarias admiten que para cambiar esta situación en las últimas semanas trabajan con informes “diarios” de la situación y comportamiento de los 240 miembros de ETA que siguen recluidos en España, todos ellos incluidos en el Fichero de Internos de Especial Seguimiento (FIES). No obstante, las fuentes consultadas insisten en que los futuros movimientos de presos —que se producirán en las próximas semanas y meses— no tienen cifras predeterminadas ni un calendario prefijado. También recalcan que nunca serán masivos, en contra de lo que hizo en su día el Ejecutivo de José María Aznar durante una de las treguas de ETA. En 1998, el Gobierno del PP aproximó a 103 presos.
Ahora, Interior pretende que primen los criterios de los técnicos penitenciarios y que sean las Juntas de Tratamiento (formadas por psicólogos, trabajadores sociales y otros funcionarios penitenciarios) de las 43 cárceles en las que hay presos etarras las que propongan, tras analizar cada caso, qué presos cumplen los requisitos para beneficiarse de la medida. Dichas propuestas serán trasladadas a la secretaría general de Instituciones Penitenciarias, que ahora encabeza el ex juez de vigilancia penitenciaria Ángel Luis Ortiz, que será el que tenga la última palabra. “Es lo que se hace con cualquier preso. No habrá diferencias”, añaden las fuentes consultadas.
Estas recuerdan que la ley otorga en exclusiva a Instituciones Penitenciarias la capacidad para decidir en qué prisión sitúa a los presos ya condenados y que el reglamento no impone a los internos el cumplimiento de un requisito previo para que se pueda tomar esta medida. “La ley pone requisitos para conceder el régimen abierto, pero no para mover de cárcel a un preso con condena en firme”, recalcan.
Pedro Sánchez y el ministro del Interior ya han manifestado en varias ocasiones su intención de flexibilizar la política penitenciaria con los presos de ETA una vez certificado la disolución de la organización terrorista. “La dispersión fue un instrumento más de la lucha antiterrorista y fue efectiva. Una vez disuelta la banda, no tiene sentido mantenerla”, apuntan. En un reciente encuentro que mantuvo con las asociaciones de víctimas de terrorismo, Marlaska se comprometió a informar de cualquier decisión en política penitenciaria que se tome con presos de ETA. Los representantes de las víctimas le advirtieron de que estaban dispuestos a salir a la calle a manifestarse si había acercamiento.
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