La cesión de datos para el referéndum ilegal del 1-O vulneró la ley, según la policía
Un informe concluye que la entrega del censo de 5,3 millones de votantes a la Generalitat quebranta la Ley de protección de Datos
Los resultados del referéndum del 1-O facilitados por los organizadores “quedan huérfanos de toda legitimidad” y el censo de 5,3 millones de ciudadanos empleado puede vulnerar la ley, según señala un reciente informe policial remitido al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona que investiga la ilegal convocatoria. El documento firmado por el comisario de la Brigada Provincial de Información de Barcelona concluye que se incumplieron las reglas de la convocatoria del acto electoral y se utilizó un censo universal de votantes burlando los requisitos marcados por la ley. Además, la convocatoria no gozó de un órgano independiente e imparcial que garantizara la transparencia y objetividad del proceso electoral, se hizo una contabilización dudosa de votos y se entregaron urnas precintadas y con papeletas dentro. Y, finalmente, tampoco se supo el destino de las urnas ni de los votos.
Una de las incógnitas de la consulta ilegal del 1-O es como el Gobierno de la Generalitat elaboró el censo. Los agentes de la referida brigada afirman tener la respuesta: el Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat) fue el órgano clave para obtener los datos personales de 5,3 millones de ciudadanos. El compromiso de este organismo público catalán con el referéndum ilegal, así como el grado de implicación de sus principales cargos (director, subdirectores y secretaria) fueron “indudables” en opinión de los investigadores. Para la Policía, el uso de estos datos personales ignora la normativa de la propia Generalitat y supuestamente vulnera la Ley de Protección de Datos.
“Desde el Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat) se cedieron los datos personales de los ficheros del Registro de Población de Cataluña al Departamento de Vicepresidencia y Economía [que dirigía Oriol Junqueras, ahora preso] para que, junto con los datos del Registro de Catalanes residentes en el Extranjero, gestionar el Registro de participación en consultas populares no refrendarias y con ello elaborar un censo global de votantes para el referéndum ilegal del 1-O”, dicen las conclusiones de la investigación policial remitida al Juzgado de instrucción 13 de Barcelona, cuyo titular es Juan Antonio Ramírez, que abrió su investigación sobre el proceso separatista merced a una denuncia del abogado Miguel Durán.
El informe policial, fechado el pasado 12 de mayo, sostiene que el Idescat fue “uno de los múltiples brazos ejecutores” empleados por la Generalitat para organizar el 1-O mediante la cesión de los ficheros con datos personales de los mencionados registros al entonces secretario del Departamento de Vicepresidencia y Economía, Josep Maria Jové. La entrega directa se hizo al jefe del Gabinete, Daniel Gimeno, “sin que la cesión estuviera amparada por ningún marco legal, puesto que la normativa legislada y los convenios firmados lo fueron para actos de consultas populares no refrendarias”.
Los investigadores sostienen su afirmación en un correo de Frederic Udina, director del Idescat, en el que, en su opinión, se concluye que hubo cesión y entrega de los ficheros con los datos personales del Registro de Población de Cataluña a Jové. En el marco de esta investigación, el pasado día 12 la Policía detuvo a Udina y a Gimeno por supuesta revelación de secretos y desobediencia, aunque horas después fueron puestos en libertad.
El documento encargado por el juez afirma que el Indescat fue uno de los múltiples brazos ejecutores empleados por el Govern
“Para que esa cesión fuera efectiva, desde el Idescat se habilitaron en el Departamento de Vicepresidencia los medios técnicos y electrónicos necesarios para disponer de los ficheros con los datos personales del Registro de Población (RPC) y del Registro de Catalanes en el Extranjero (RCE), mediante conexión informática segura”, dice el documento. La cesión del RPC se hizo por medio de baliza interna. La Policía reconoce ignorar como se hizo la del RCE.
La Policía incide en que el Idescat firmó un convenio colectivo con otros órganos de la Administración catalana para encargar al Departamento de la Vicepresidencia, Economía y Hacienda la gestión sobre el tratamiento, elaboración y actualización periódica de los datos del Registro de participación en consultas populares no refrendarias. Al emplearse para la celebración del referéndum del 1-O, “se produce una doble irregularidad, se ignora el valor de su propia normativa y con ello se podría vulnerar también la Ley de Protección de Datos”, dice el informe.
Funcionarios del Instituto Estadístico de Cataluña manifestaron a sus jefes su preocupación por la entrega de los datos personales
“El único objetivo de este otorgamiento formal al Departamento de Vicepresidencia, no fue otra cosa que la centralización de todos los datos de la población catalana, residentes y residentes en el exterior, en un mismo órgano de control, no precisamente para tareas propias de la actividad estadística de la administración, sino para una vez integrado en un solo fichero de personas ponerlo a disposición del Govern y del Comité Organizador del referéndum del 1-O”, añade la investigación policial ordenada por el Juzgado.
La legislación establece que el Idescat solo puede emplear los datos del Registro de Población para el ejercicio de sus competencias (consultas populares no refrendarias) y exclusivamente para hechos en los cuales la residencia y el domicilio sean hechos relevantes, además de para elaborar estadísticas y extraer muestras en los términos previstos en la ley reguladora de la actividad estadística pública. Los datos del registro son confidenciales y sus accesos están sometidos al tratamiento de datos de carácter personal previsto en la Ley 30/92.
La Policía destaca que solo se podrán ceder a otras administraciones públicas sin consentimiento de la persona afectada cuando sea en el ámbito de sus competencias. “Los órganos de la Generalitat no estaban actuando en el ámbito de su competencia (...) al tratarse de un acto refrendario y además ilegal”, concluye el informe.
El documento afirma que en el Idescat, desde su director hasta cargos inferiores, se “diseñó y consensuó” una respuesta ante el interés de los medios de comunicación y de algunos particulares de conocer si este órgano facilitaría el censo electoral. Destaca la intranquilidad de algunos funcionarios y hace hincapié en los mensajes por correo en los que dos de ellos manifiestan su preocupación al director del Idescat Frederic Udina.
A este último, los agentes le atribuyen, en base a correos intervenidos entre él y Josep Maria Jove y Pere Aragonès, vicepresidente de la Generalitat, la intención de que el Idescat controle toda la información administrativa que se genere en Cataluña pasando el Instituto Nacional de Estadística a un segundo plano.
