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Alarma en el PP por el desinterés de las bases en la elección del nuevo líder

Únicamente participarán 66.384 de las 869.535 personas que el partido alista en sus bases

María Dolores de Cospedal y Dolors Montserrat, en un acto con afiliados.Foto: atlas | Vídeo: EFE (Andreu Dalmau). ATLAS
Juan José Mateo

Solo el 7,6% de los afiliados del PP se ha apuntado para votar al sucesor de Mariano Rajoy al frente de la formación, según los datos provisionales facilitados este martes por la comisión organizadora del congreso que celebrará el partido el 20 y 21 de julio. Para formar parte del censo, los afiliados tenían que especificar su deseo de votar y estar al corriente de pago de sus cuotas (valía con pagar 20 euros). Que solo hayan dado ese doble paso 66.384 de los 869.535 afiliados que el PP decía tener a 6 de junio hizo que este martes se encendieran las alarmas en el partido y que tres candidatos pidieran flexibilizar las normas de participación.

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Apenas 66.000 afiliados del PP han adelantado su deseo de participar en la elección de su nuevo líder, frente a los 149.951 socialistas (79%) que votaron en las últimas primarias del PSOE —que ganó Pedro Sánchez— y los 155.275 (35%) inscritos que participaron en la última Asamblea de Podemos —que refrendó a Pablo Iglesias—. Aunque la dirección nacional del PP se ha apresurado a sostener que la desmovilización de las bases se debe a que el proceso es nuevo y desconocido en el partido, ni siquiera la totalidad de los candidatos aceptaron esa argumentación. Así, el diputado José Ramón García Hernández y José Manuel García Margallo pidieron cambios para facilitar el voto de los afiliados y Pablo Casado lanzó una dura crítica al sistema de voto y a la situación del PP.

“Tenemos que ser autocríticos”, ha dicho el aspirante tras un acto de campaña en Logroño. “Si ni siquiera nuestros militantes están ilusionados con participar en un Congreso, malamente vamos a ilusionar a los votantes para que confíen en nuestros proyectos”, ha dicho. “Habría que plantearse, y así lo haremos ante la comisión organizadora, si de aquí al día 5 se podría permitir que aquellos que regularicen el pago puedan también participar”, ha seguido. Y ha rematado: “El partido tiene que cambiar, entre otras cosas porque la desilusión está instalada en la militancia. Hay que cambiar la falta de participación, el que haya presiones para apoyar a una u otra candidatura y que por eso haya militantes que acaben optando por no participar”.

“El proceso es muy engorroso y el sistema de incorporación de datos se cayó el lunes”, ha lamentado un presidente autonómico del PP. “El dato es bajo y nos tiene que llamar a la reflexión interna”. “Esto demuestra que el PP necesita renovación y modernización”, ha dicho un presidente provincial que ha optado por la neutralidad durante el proceso. “Ahora bien, no está nada mal que hayamos empezado por ser transparentes”.

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El poder de Cospedal

El riesgo de un conflicto de legitimidades

La desmovilización de las bases tendrá un efecto en el congreso del PP. Como el número de compromisarios de cada autonomía estaba establecido en función del número oficial de afiliados, habrá comunidades en las que la movilización para votar haya sido muy baja pero que cuenten después en el congreso con más compromisarios que otras en las que las bases sí tienen interés por participar, con el consiguiente conflicto de legitimidades que eso puede acarrear.

Es el caso, por ejemplo, de Galicia y La Rioja: a la primera le corresponden 276 compromisarios porque tiene 101.000 afiliados, pero en realidad de estos sólo se han inscrito para votar 4.222 (un 4%). En La Rioja se ha movilizado el 37% (2.045), pero sólo tendrá 28 compromisarios.

Pese a que es la primera vez que el PP da voz a sus afiliados en la elección del líder, los 66.000 inscritos para el congreso extraordinario apenas superan el total de 64.305 militantes que votaron en los congresos regionales de 2017. Sin embargo, la comparación de esos dos censos reflejó la gran capacidad de movilización de María Dolores de Cospedal.

La candidata, que es la única aspirante que preside un PP autonómico, logró que los inscritos de su territorio (Castilla-La Mancha) aumentaran un 35% con respecto a los que votaron en el congreso regional del año pasado (para alcanzar un total de 4.803). Ese reflejo del ascendiente orgánico de la secretaria general se verá fortalecido por el peso específico que tendrán comunidades en las que las direcciones le son afines, como la de Madrid (10.020 inscritos) o la valenciana (más de 8.000). Por su parte, Soraya Sáenz de Santamaría buscará apoyos en Andalucía (12.119), Castilla y León (6.691) o Cantabria (1.523). Casado supondrá un reto para las dos: no tiene detrás a ninguna organización territorial, pero sí puede captar a afiliados de toda España.

El PP ha recalcado que los datos son provisionales. La organización revisará la información remitida por las organizaciones territoriales hasta cerrar mañana un censo definitivo. Sin embargo, de esa purga no cabe esperar una multiplicación de los inscritos.

“No es lo normal”, ha lamentado un presidente autonómico sobre la baja cifra de inscritos. “El problema es que los listados están centralizados y Génova [la dirección nacional] no ha hecho la actualización”, ha añadido sobre los 869.535 afiliados que el PP dice tener.

El triunfo de la moción de censura de Pedro Sánchez y la renuncia de Rajoy obligó al partido a abrir un proceso congresual que no esperaba activar hasta 2020. Espoleada por la premura, la dirección no actualizó el censo para no alterar el reparto de compromisarios de cada comunidad, que se establece en función de tres factores: número de afiliados, resultados electorales previos y un mínimo de seis por provincia. Como consecuencia, solo el 7,6% del teórico total de los afiliados ha expresado su voluntad de decidir el futuro del partido. El 5 de julio, los inscritos elegirán entre los seis candidatos a los que quieren que lleguen al Congreso —un máximo de dos— y a los compromisarios. El 20 y el 21, estos decidirán quién es el nuevo líder.

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Sobre la firma

Juan José Mateo
Es redactor de la sección de Madrid y está especializado en información política. Trabaja en el EL PAÍS desde 2005. Es licenciado en Historia por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Periodismo por la Escuela UAM / EL PAÍS.

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