Sánchez releva por decreto a la cúpula de RTVE

Tras ocho meses de bloqueo, el Gobierno ha decidido que la situación de RTVE justifica la urgencia de cambiar a su cúpula mediante un real decreto. En 15 días, el Parlamento elegirá un nuevo consejo de administración y si no hubiera acuerdo el Ejecutivo nombrará a un administrador único para que lleve las riendas de la corporación. Esta es una medida provisional hasta que se elija un consejo por concurso público, tal y como establece la ley aprobada en 2017.

En apenas dos semanas, RTVE tendrá un nuevo consejo de administración con diez miembros, entre los que estará su presidente. Por decreto, el Gobierno ha decidido el cese de los nueve consejeros actuales, entre ellos el presidente, José Antonio Sánchez, cuyo mandato expiró precisamente ayer. Con este decreto, una medida que solo se justifica por situaciones urgentes, Pedro Sánchez termina con el bloqueo de ocho meses que han ejercido los partidos, especialmente el PP, y que ha impedido poner en marcha la ley aprobada en septiembre de 2017, según la cual el consejo será elegido mediante un concurso público y respaldado en las Cortes.

Regeneración diversidad, pluralismo y veracidad, son algunos de los términos utilizados por la ministra portavoz, Isabel Celaá, para justificar el fin del actual consejo. Con esta acción se consigue nombrar otro equipo gestor en RTVE y, además, frenar el pacto al que habían llegado PP y Ciudadanos para pilotar la renovación. “Tenemos los votos”, aseguró ayer la portavoz respecto a la convalidación del decreto, que debe ser refrendado por el Parlamento en un plazo no superior a 30 días.

En dos semanas el Congreso y el Senado, a la vez, deberán elegir a seis y cuatro consejeros, respectivamente, por mayoría de dos tercios en primera votación y mayoría absoluta en una segunda, que se celebraría 48 horas después si la primera resulta fallida. Para esta última ronda se exige el respaldo de al menos cuatro grupos parlamentarios, como ya contempla la ley de 2017. Si el PP impusiera en el Senado su mayoría absoluta para bloquear a los candidatos, en un plazo de 10 días serían designados por el Congreso.

Todavía hay una última cautela: si los acuerdos fallaran, el Gobierno se reserva el nombramiento de un administrador único al frente de la corporación. En tanto se produce el relevo, los consejeros actuales permanecerán es sus puestos, pero sin poder ejecutivo.

El decreto del Gobierno, no obstante, avanza cambios en la ley que ahora empieza su tramitación y amplía el número de consejeros para incluir en el órgano de gestión de RTVE a candidatos propuestos por partidos nacionalistas, que van a sustentar, junto a Podemos, la convalidación del decreto.

El anuncio del PP de presentar recurso de inconstitucionalidad no alteró ayer al Gobierno, que no vio nada reprochable, según la doctrina asentada sobre el contenido del decreto ley. El PP recurrió a este sistema en 2012 para desbloquear la renovación del consejo y elegir a un nuevo presidente. Reformó la ley para cambiar el sistema de elección, de modo que si los aspirantes no obtenían en la primera votación el apoyo de dos tercios del Parlamento, en la segunda solo sería necesaria la mayoría absoluta. Gracias a esta fórmula, el PP pudo designar a frente de RTVE, exclusivamente con sus votos, primero al abogado del Estado Leopoldo González-Echenique y después al periodista José Antonio Sánchez.

El PP justificó entonces la reforma como un mecanismo para evitar la “parálisis” en el funcionamiento de la corporación. Los socialistas recurrieron al Tribunal Constitucional, que finalmente avaló el decreto porque la adopción de las medidas era urgente.

La diferencia entre el decreto del PP y el que ahora ha aprobado el Gobierno de Pedro Sánchez es que este nace con la vocación de ser temporal y solucionar el vacío de poder en RTVE mientras se lleva a cabo la elección de un nuevo consejo por concurso público. El impulsado por el PP se mantuvo durante toda la etapa en la que Rajoy estuvo en La Moncloa. En estos siete años, la oposición no ha cesado de pedir la vuelta al consenso para recuperar la independencia de la corporación y el pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos.