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El letrado de Juana Rivas abandona la sala, la deja sin defensa y obliga a aplazar el juicio

El juez ordena que fiscalía, el juzgado de guardia y el colegio de abogados investiguen la actuación del letrado de la madre de Maracena

Llegada a los juzgados de Granada de Juana Rivas junto a su asesora, Francisca Granados, y su abogado, Juan de Dios Ramírez.

El juicio celebrado este jueves contra Juana Rivas por la presunta sustracción hace dos años de sus dos hijos menores, a quienes trasladó de Italia a España y no devolvió al hogar familiar en Carloforte (Cerdeña, Italia), ha resultado corto y abrupto. El abandono de la sala de juicios de Juan de Dios Ramírez Sarrión, abogado de Rivas, la ha dejado sin defensa efectiva y ha obligado al juez a aplazar el juicio. Es el último acto de un intento de aplazamiento del juicio que la defensa inició hace dos semanas y a la que el juez y Fiscalía se han opuesto reiteradamente.

Al inicio de la sesión, Ramírez ha manifestado que él no era el abogado principal -de baja laboral desde enero- y que no conocía el caso en profundidad por lo que solicitaba un aplazamiento. El juez le ha recordado los numerosos escritos suscritos por él y le ha pedido que ejerciera su defensa. Ramírez Sarrión, a pesar de tres advertencias del juez, se ha levantado y se ha ido. Manuel Piñar, el juez, ha ordenado que se informe de lo acontecido al juzgado de guardia, a la Fiscalía y al Colegio de Abogados de Sevilla, de donde procede el letrado. Juana Rivas, que se enfrenta a una petición fiscal de cinco años de cárcel, tiene designados dos letrados, Ramírez y José Estanislao López, éste último de baja médica. La propia Rivas ha validado lo realizado por su letrado al insistir ante los periodistas en que ella desea ser defendida exclusivamente por López Gutiérrez.

En medio del rifirrafe, el juez ha llegado a manifestar que él no había conocido una maniobra procesal como esa en sus más de 30 años de profesión. Ante la evidencia de que Juana Rivas se había quedado sin defensa, el juez le ha dado tres días de plazo para que elija letrado. De no hacerlo, se le asignará uno de oficio. También puede ratificar a los actuales. El nuevo juicio tendrá lugar el 18 de julio.

Por su parte, Enrique Zambrano, abogado de Francesco Arcuri, ex pareja de Rivas y padre de los dos hijos menores cuya sustracción del hogar familiar se juzga, no salía de su asombro. Zambrano ha manifestado “que ha sido una situación surrealista y bastante irresponsable por parte del abogado de la defensa”. También ha recordado que el abogado que hoy ha manifestado no conocer la causa “es el mismo que firmó el escrito de la defensa y, por tanto, es evidente que conoce las actuaciones. Esto muy posiblemente va a tener consecuencias porque se deducirá testimonio por un delito de desobediencia. Se le ha advertido tres veces de que se sentara y ejerciera la defensa de la señora Rivas”.

El letrado de Arcuri ha dado una explicación al intento de retraso del juicio por la defensa de Rivas: “es una maniobra dilatoria para que, si como preveo, Juana Rivas es declarada culpable en este caso, eso no influya en el juicio en Italia”. Se refiere Zambrano al juicio por la guardia y custodia que se celebra en Cagliari (Cerdeña, Italia) desde hace meses y que aún no está resuelto.

Rivas se enfrenta a una petición del fiscal de cinco años de cárcel por dos delitos de sustracción de menores y a una inhabilitación para ejercer la patria potestad de seis años. Los hechos que se juzgan se remontan a mayo de 2016. la mujer volvió entonces a Maracena (Granada) desde Italia, donde convivían ella, Arcuri y los hijos menores de ambos, ahora de 4 y 12 años de edad. Semanas después de su regreso a España, Rivas denunció a Arcuri por un presunto delito de maltratos. Poco después, informó a su ex pareja que no volvería con los niños. Eso llevó a Arcuri a denunciarla por sustracción, que es lo que se ventila en el juicio de este jueves. Antes, hubo hasta tres providencias judiciales conminando a la madre a entregar los niños a su padre. En la tercera, Rivas desapareció con los niños durante un mes. Era julio de 2017.

A finales de agosto, reapareció y entregó a los dos menores a su padre. Desde entonces viven en Italia y Rivas, que ha pasado un periodo largo de estancia en Cagliari (Cerdeña) haciendo frente al juicio por la patria potestad de sus hijos, los ha tenido con ella algunos fines de semana. Arcuri se ha unido a la petición de cinco años de cárcel para Rivas por dos delitos de sustracción de menores pero ha añadido hasta ocho, los años de suspensión de la patria potestad. Pide además 30.000 euros de indemnización por daños morales. Por su parte, la defensa de Rivas ha solicitado la libre absolución de su cliente al no haber cometido ningún delito y, en el escrito de defensa que cerró la instrucción del caso, hablaron de presuntos “momentos aterradores” que Arcuri había hecho pasar a ella y a sus hijos.

Hitler y Stalin en una sentencia

Hace siete años, el juez Manuel Piñar Díaz condenó a año y medio de prisión y una multa de 6.480 euros a una mujer como autora de un delito de presentación de testigos falsos y de un delito de falsa denuncia. La entonces condenada acusaba a su ex marido de acoso y amenazas. Frente a la opinión de la Fiscalía, el juez consideró que era mentira y la condenó. También a familiares de ella. Pero en los fundamentos de derecho de la sentencia, incluyó unos párrafos peculiares.

Así, decía que “no es de extrañar que haya personas que traten de aprovecharse de las medidas tuitivas [de defensa] que la legislación pone a disposición de las víctimas de violencia doméstica”. Y añade: “Lo que sí es rechazable es el posicionamiento ideológico al que se ha apuntado la Fiscalía General del Estado que está impidiendo la adecuada persecución de algunas falsas denuncias por falsas maltratadas… Con ese excesivo celo ideológico de proteger a la mujer, está llevando a quitar la dignidad a determinados varones que son denunciados y sometidos a tediosos y rigurosos procedimientos, que con frecuencia comprenden detención y escarnio público, lo que no hace sino alimentar la violencia, dar un paso atrás en la igualdad ante la ley y en última instancia en el Estado de Derecho.

Posición que puede ser preludio sin duda de ese principio da oportunidad que determinadas legislaciones de tipo autoritario atribuían a los fiscales cuando tenían a su cargo de la instrucción y practicaban con asiduidad los fiscales, al servicio de Hitler o Stalin aunque ninguno de los dos se atrevió a plasmarlo en leyes”.

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