El ‘caso Nóos’ en cifras

El Tribunal Supremo reduce en su fallo de este martes la pena de prisión inicial a Iñaki Urdangarin a 5 años y 10 meses de prisión. El fallo revisa la sentencia del Tribunal Supremo de la Audiencia Provincial de Baleares en febrero de 2017, que lo condenaba a una pena mayor: 6 años y 3 meses de prisión. Otro condenado, Diego Torres también ve reducida su pena: de 8 años y 6 meses pasa a ser 5 años y 8 meses. A Jaume Matas, condenado inicialmente a 3 años y 8 meses, se le mantiene la pena.

Urdangarin fue condenado a 6 años y 3 meses de prisión en la sentencia de la Audiencia Provincial de Baleares, por enriquecerse personalmente valiéndose de una organización sin ánimo de lucro, el Instituto Nóos. Se le condena por los delitos de fraude fiscal, prevaricación, malversación y tráfico de influencias. En el recurso ante el Supremo, la Fiscalía reclamó elevar la condena a 10 años, mientras que el condenado pedía su libre absolución, alegando que actuó como un mediador sin conocimientos de derecho administrativo

Los peritos de la Agencia Tributaria que declararon ante el tribunal del caso Nóos hace un año cifraron el fraude fiscal cometido entre 2007 y 2008 por Iñaki Urdangarin en 326.000 euros. En los primeros informes se achacaba una defraudación mayor, que luego fue revisada a la baja.

Algo mayor fue la cantidad en que los peritos de la Agencia Tributaria cifraron el fraude fiscal cometido por el socio del marido de la infanta Cristina en el Instituto Nóos, Diego Torres: 380.000 euros. Fue condenado a 8 años y 6 meses de prisión, y 8 años de inhabilitación.

Cerca de 4,5 millones de euros de beneficios se atribuyeron a Iñaki Urdangarin y Diego Torres. Esta cantidad saldría de los 6,2 millones de euros que desembolsaron los Gobiernos autonómicos valenciano y balear y la candidatura olímpica de Madrid 2016. Una perito explicó en el juicio que no se repartieron de forma equitativa las ganancias, a pesar de haber firmado un acuerdo. Urdangarin ingresó el 42%.

El 22 de julio de 2010, el juez José Castro, instructor del caso Palma Arena, abrió una pieza separada dedicada a investigar anomalías detectadas en dos contratos a dedo del Gobierno balear (2,3 millones de euros) y al menos cuatro contratos por el mismo procedimiento del Gobierno valenciano y el Ayuntamiento de Valencia (3,7 millones) al instituto sin ánimo de lucro Nóos, presidido por el duque de Palma.

Las sesiones del juicio oral, de gran repercusión mediática, comenzaron a celebrarse el 11 de enero de 2016. Más de 300 testigos fueron llamados a dar su versión del desvío de fondos públicos.

La Audiencia Provincial de Baleares absolvió en 2017 a 11 de las 17 personas acusadas, entre ellas Cristina de Borbón, a la que se le impuso una responsabilidad civil a título lucrativo con su marido de 265.088 euros.