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Sánchez lanza un mensaje a la UE al acoger a los migrantes rechazados por Italia

La decisión no estaba en la agenda del Gobierno, que reaccionó ante la desazón que ha provocado la situación de los más de 600 inmigrantes a bordo del 'Aquarius'

Miembros de ONG explican la situación a los inmigrantes a bordo del 'Aquarius'.Foto: atlas | Vídeo: ÓSCAR CORRAL | ATLAS
Anabel Díez

No estaba previsto que la primera medida de impacto del presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, tuviera relación con la crisis de los refugiados. Pero la desventura de 629 inmigrantes que permanecen a bordo del barco Aquarius sin que Italia ni Malta quieran acogerlos ha provocado que Sánchez ofreciera el puerto de Valencia para su acogida “por razones humanitarias”. Con esta decisión el presidente español hace su presentación como gobernante ante Europa con una acción con la que quiere reclamar a los socios la defensa de valores que deben caracterizar a la UE, como la solidaridad.

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Fue inevitable que la decisión del jefe del Gobierno español de ofrecer el puerto de Valencia para que acoja a los más de 600 inmigrantes que Italia y Malta han rechazado recordara, salvando todas las distancias, a la orden de retirar las tropas españolas de Irak en 2004. En aquella ocasión el entonces recién elegido presidente de Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, lo había meditado con varios días de antelación y anunciado discretamente a los países también concernidos.

Esta vez la decisión no estaba en la agenda del Gobierno, pero este reaccionó ante la desazón que ha provocado en buena parte de Europa y en España la situación de los más de 600 inmigrantes a bordo del Aquarius sin puerto seguro al que acudir y abandonados a su suerte. Esta decisión quiere suponer un aldabonazo a la política migratoria de la UE y un recordatorio de los valores que alumbraron el nacimiento de este espacio de libertades y convivencia, según recalcan fuentes gubernamentales. Aun así, el presidente quiere que esta política sea consensuada, aunque en este caso se haya sentido impelido a acudir en solitario ante la excepcionalidad y el peligro para la vida de las personas, señalan estos interlocutores.

Una vez más, las ONG, en este caso Médicos Sin Fronteras (MSF) y SOS Méditerranée, hicieron su labor al rescatar a los 629 inmigrantes, pero se encontraron con el rechazo de Italia, guiada por la acción de su nuevo Gobierno populista, y de Malta, que nunca ha aceptado la acogida de inmigrantes. Desde el domingo Sánchez seguía con máxima atención el estado del Aquarius. Al constatar ayer que la situación estaba empantanada empezó a valorar la posibilidad de ofrecer un puerto español.

De ello habló con sus colaboradores más directos, con el ministro de Exteriores, Josep Borrell, y con la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que es quien coordinará toda la operación. Pasadas las dos de la tarde, Presidencia del Gobierno emitió un comunicado con el anuncio, aunque antes el presidente de la comunidad valenciana, Ximo Puig, informó de la decisión tras conocerla por la vicepresidenta del Gobierno. “Es nuestra obligación ayudar a evitar una catástrofe humanitaria” y ofrecer un “puerto seguro” a estas personas, en cumplimiento de las normas del Derecho Internacional, señaló el Gobierno español. El presidente lo recalcó en su cuenta de Twitter: “Cumplimos con nuestros compromisos internaciones en materia de crisis humanitarias”.

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No es baladí el mensaje que Sánchez quiere enviar al aludir a los compromisos internacionales. A ellos y a razones humanitarias apela el nuevo Gobierno para haber actuado en este caso, pero con la convicción de que debe haber una acción coordinada en Europa. Y así lo planteará Sánchez en el Consejo Europeo que se celebrará en dos semanas. Cada país no debe actuar por su cuenta, sino que debe tomarse conciencia de que a unos les toca en una ocasión y a otros en otra. “Antes fue Grecia, ahora Italia, luego puede ser España”, señaló el ministro Josep Borrell al pedir soluciones conjuntas para un “problema que es de todos”. Lo es y de ahí que Pedro Sánchez quiera que esta sea su tarjeta de presentación ante sus socios europeos.

En su entorno aseguran que será beligerante en la defensa de la implicación de todos los países socios. En La Moncloa son conscientes de que la entrada de inmigrantes de forma irregular en España va en crecimiento. En 2018 han entrado 10.639 personas de manera irregular por vía marítima y terrestre (por Ceuta y Melilla), en tanto que el año anterior fueron 6.852.

Efecto llamada

Las perspectivas de que los intentos de entrada por España sigan esa línea ascendente están dentro de lo posible, aunque ahora la más transitada es la del Mediterráneo central, de Libia a Italia y, después, la de Turquía a Grecia. La que conduce a España, aunque aún no alcanza las cifras de la primera, es altamente mortífera, como señalan todos los expertos e indican las cifras. En este contexto, el presidente del Gobierno se reunió el pasado 1 de junio con entidades y ONG de ayuda a refugiados que le expusieron “el drama humano” que viven los migrantes obligados a pedir refugio o asilo.

Esta realidad la ha tenido muy en cuenta el jefe de Gobierno para tomar la decisión en solitario de acoger a las 629 migrantes pero que se enmarca en un contexto de excepcionalidad, según señalan fuentes del Ejecutivo. No ha dudado Sánchez en tomar esta decisión, pero también es consciente de que puede servir de “efecto llamada”, por lo que urgirá a los socios comunitarios a que haya una acción coordinada. De ahí que haya evitado una crítica directa a Italia o Malta, aunque no tenga la menor afinidad con el nuevo Gobierno italiano.

Sánchez recuerda que a Italia, y antes a Grecia, se las dejó solas. “No hubo solidaridad con ellos”, recordó ayer el ministro Josep Borrell. “No sé qué procedimiento se va a seguir pero por lo menos no se van a ahogar”, concluyó cuando se le requirió por los detalles. Los Gobiernos vasco, extremeño y balear, así como los Ayuntamientos de Madrid, Barcelona y Valencia, se han ofrecido a acoger a algunos de los inmigrantes.

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Anabel Díez
Es informadora política y parlamentaria en EL PAÍS desde hace tres décadas, con un paso previo en Radio El País. Es premio Carandell y Josefina Carabias a la cronista parlamentaria que otorgan el Senado y el Congreso, respectivamente. Es presidenta de Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP).

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