El juez rechaza la acusación de intrusismo contra Francisca Granados, asesora de Juana Rivas
El Colegio de abogados de Granada la había denunciado por, supuestamente, actuar como letrada sin poder ejercer como tal
La juez Manuela de la Torre Robles, titular del juzgado de instrucción número 3 de Granada, ha archivado la denuncia contra Francisca Granados, asesora de Juana Rivas, interpuesta por el Colegio de abogados de Granada. Este la acusaba de un delito de intrusismo profesional al asesorar a Rivas desde el Centro municipal de la mujer de Maracena (Granada). La querella se presentó en diciembre pasado y en un auto del 30 de mayo, la juez determina que no existe indicio alguno que indique que Granados haya cometido ningún delito. El colegio de abogados ha anunciado que recurrirá esta decisión.
La asesora de Juana Rivas, licenciada en Derecho, ha negado siempre haber ejercido como abogada. Granados, que también es profesora en la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, ha explicado que su labor con Rivas se encuadró “siempre en el marco de su trabajo profesional como asesora en el Centro municipal de la mujer, pero que nunca la representó como letrada”. Rivas, de hecho, siempre acudió a las diversas citas judiciales acompañada de Granados y de una abogada colegiada. Por su parte, la querella del Colegio de Abogados la acusaba de haber incurrido en intrusismo profesional por haber actuado como tal sin “el título profesional de abogado que expide el Ministerio de Justicia” y sin encontrarse “incorporada a ningún Colegio de abogados del territorio español”. Granados fue citada a declarar el mes de marzo pasado pero se acogió a su derecho a no declarar amparándose en el secreto profesional.
Ahora la juez ha determinado que no hay razones que determinen que la asesora “haya realizado acto alguno relativo a la profesión de abogado”. El auto recoge además que las pruebas solicitadas por el Colegio de abogados no aportan nada respecto a la acusación formulada. De hecho, la juez da un varapalo a la acusación al recordar que la colegiación que reclama como fundamental para ejercer la abogacía es necesaria pero “al menos en su configuración actual” no supone realmente ningún título oficial. Por ello, reconoce el auto, en el supuesto genérico de que alguien ejerciera la abogacía con la licenciatura de Derecho pero sin esa colegiación podría, en su caso, “dar lugar a una sanción disciplinaria” pero nunca suponer un delito de intrusismo, hecho que pertenece al ámbito penal. Finalmente, la juez reconoce que Granados ha aportado su título de licenciada en Derecho y su certificado de notas “con lo que ha acreditado su preparación técnica y académica para ejercer labores de asesoramiento jurídico tanto en el Ayuntamiento de Maracena como a nivel particular”. En definitiva, la juez, al igual que hiciera la Fiscalía, descarta que Granados haya cometido el delito del que se la acusa y determina el sobreseimiento de la causa.
El juicio contra Juana Rivas, pendiente de una suspensión
Mientras tanto, Juana Rivas, la madre de Maracena que huyó con sus dos hijos en agosto del año pasado para no entregarlos al padre de los menores, ha regresado esta semana de Italia donde se enfrenta desde hace varios meses al juicio por la patria potestad de sus hijos. En principio, según fuentes conocedoras del caso, la fase pericial se encuentra cercana a su fin. El próximo 11 de junio comparecerá el hijo mayor, de 12 años, ante el tribunal y los psicólogos forenses. Al día siguiente, serán los servicios sociales de Carloforte –lugar de residencia en Italia del padre, Francesco Arcuri, y los dos hijos– quienes testifiquen y den su versión de la relación entre los padres y los hijos y cómo es la convivencia en la isla italiana.
Y en España, el próximo jueves 14 de junio está previsto el juicio contra Juana Rivas a partir de la denuncia por sustracción de menores que realizó Arcuri. Está prevista una única sesión. Sin embargo, en estos momentos existe una petición de la defensa de Rivas para suspender el juicio por enfermedad del abogado, algo a lo que Enrique Zambrano, representante legal de Arcuri en España, es totalmente contrario. El lunes se realizará una prueba médico-forense al letrado de Rivas que servirá al juez, Manuel Piñar Díaz, para tomar una determinación.
