El PP busca exprimir el ‘caso ERE’ con una nueva imputación de Chaves y Zarrías
Los populares reclaman investigar al expresidente y su 'número dos' por una ayuda de seis millones
El Partido Popular está dispuesto a perseverar en el desgaste del PSOE por la macrocausa de los ERE. Y el juicio que sienta en el banquillo de los acusados a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán por el diseño del fondo de los ERE, dotado con 855 millones euros entre 2001 y 2010, es solo el principio de una batería de posibles procesamientos de políticos socialistas en los que los populares quieren llevar la voz cantante como acusación popular.
El PP acaba de pedir a la juez del caso, María Núñez, que cite a Chaves y a su ex número dos, Gaspar Zarrías, como investigados por malversación, en una pieza separada —ajena a la troncal, la pieza política— por un préstamo-puente de 970 millones concedido por la Junta en 1999 a la empresa Campocarne. En teoría, la supuesta malversación por dicho préstamo debería estar prescrita, pero el PP arguye que el préstamo finalizaba en 2005, por lo que aún no han cumplido los 15 años para poder juzgar dicho delito.
A pesar de que la Audiencia de Sevilla dictaminó que los 22 ex altos cargos de la Junta procesados en el juicio de la pieza política no podían ser acusados en las 270 piezas que integran la macrocausa, esta investigación que atañe a Campocarne escapa al fondo de los ERE, puesto que es anterior y data de 1999. Además, Chaves y Zarrías se sientan en el banquillo por prevaricación y la acusación de los populares es por malversación.
Al margen del juicio en marcha, la juez instructora Núñez investiga las 270 ayudas públicas otorgadas por la Junta desde 2001 y recientemente ha abierto la pieza sobre la empresa Hijos de Andrés Molina (HAMSA). En la firma, un matadero para procesar carne que se iba a pique en 1999, entró la compañía Campocarne gracias al compromiso de la Junta para pagar la prejubilación de trabajadores y un préstamo de casi seis millones (970 millones de pesetas), con tres años de carencia y otros tres de pago.
El préstamo (a un interés de MIBOR —antecesor del euríbor— + 0,25) fue concedido por el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y esta agencia pública tenía el compromiso de la Consejería de Presidencia de que los 970 millones de pesetas serían entregados como subvenciones en los años sucesivos. De ahí que el PP pida la imputación del expresidente del IFA Salvador Durbán, el exconsejero de Trabajo Guillermo Gutiérrez, Zarrías como exconsejero de la Presidencia y Chaves, que presidió el Consejo de Gobierno en el que se aprobó dicho préstamo.
En su escrito de este lunes, el PP pide a la juez Núñez que ordene a la Guardia Civil la investigación de la desaparición del convenio suscrito en 1999 entre la Consejería de Presidencia y el IFA para esta subvención, por si existiera un delito de infidelidad en la custodia de documentos y para que identifique a los posibles responsables.
En 1999 la Unión Europea decidió anular los préstamos concedidos a HAMSA por la Junta de Andalucía y las condonaciones de deuda de otras Administraciones durante los años previos a esa decisión. En 2015 la anterior juez instructora Mercedes Alaya ordenó la investigación de "todas las subvenciones concedidas a la empresa HAMSA y los medios articulados para otorgarle estas ayudas". Pero tras la llegada de Núñez al juzgado, dichas pesquisas se paralizaron.
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