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El PP quiere que el Congreso celebre un debate sobre el estado de la nación

Sánchez tendrá que someterse al control de la Cámara dos veces en junio

Pedro Sánchez, durante su intervención en el Congreso por la moción de censura.
Pedro Sánchez, durante su intervención en el Congreso por la moción de censura. EFE

El Gobierno recién nombrado por Pedro Sánchez tendrá que someterse al menos a dos sesiones de control en el Congreso de los Diputados en este mes, pero, además, el PP le exige que celebre el debate sobre el estado de la nación que prometió Mariano Rajoy para antes del verano. La Junta de Portavoces ha rechazado este jueves, en contra del PP, que el Gobierno comparezca en el pleno de la próxima, pocos días después de haber tomado posesión, sin apenas tiempo para haberse establecido en los ministerios departamentos ni hilvanar sus prioridades.

El calendario todavía reserva otros dos plenos antes de cerrar el período parlamentario con sus correspondientes sesiones de control al Ejecutivo. Pero también tendrá que hacerlo en el Senado, donde está prevista la última sesión del período para el día 19 de junio, a menos que la Junta de Portavoces, bajo el control mayoritario del PP, decida aplazarla.

El portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, ha expresado su irritación tras la Junta de Portavoces porque el resto de grupos se ha opuesto a la comparecencia del Gobierno prevista para el próximo día 13. Ha anunciado que su partido ha pedido "la comparecencia inmediata" de todos los ministros en las diferentes comisiones, algo que también ha hecho Ciudadanos y que según la portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra, ya están haciendo los miembros del Gobierno. Hernando, además, ha dicho que el PP, a pesar de haber sido desalojado de La Moncloa, sigue pretendiendo que se celebre un debate sobre el estado de la nación antes que acabe la primavera. 

En las próximas comparecencias en el Congreso, el PP y Ciudadanos pondrán en escena su nuevo estilo para embestir al Gobierno en una disputa a varias bandas por la hegemonía de la oposición, el espectro ideológico y el espacio electoral. El PP, a través de la intervención de su portavoz parlamentario Rafael Hernando, ya ha dio el pasado viernes en el debate de la moción de censura muestras de la ferocidad que empleará el PP tras ser desahuciado del banco azul. Tampoco Ciudadanos se quedará atrás, tras reposicionarse, intensificando su objetivo de muro de contención contra el separatismo y la corrupción.

Con la protección de su legado legislativo y la crisis de Cataluña en el foco, los argumentos del PP incidirán en la “falta de legitimidad “de la moción de censura, la criminalización de los socios (lo que Mariano Rajoy define como “un desordenado conjunto de fuerzas políticas”) y la fragilidad de los pilares que sustentan al Gobierno. El PP dispondrá a partir de ahora de más presencia en las sesiones de control como principal grupo de la oposición. En función del reparto acordado al principio de la XII Legislatura, tiene cupo para plantear nueve preguntas al Gobierno, incluyendo la dirigida al presidente del Gobierno, que tiene garantizada en todos los plenos. Hasta ahora, por estar en el Gobierno, había renunciado a su cupo y solo formulaba dos o tres preguntas, siempre destinadas a resaltar la labor del Ejecutivo.

Tanto el Congreso como el Senado serán el principal campo de batalla de la oposición del PP, una vez se reordene el Grupo Popular y defina a su portavoz. Los socialistas, con 84 diputados y con Adriana Lastra como nueva portavoz, necesitan tejer una red de complicidades con los partidos que apoyaron la moción (Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, PNV, Compromís, Bildu y Nueva Canarias) para garantizarse la supervivencia frente al acoso de la oposición del PP y Ciudadanos. Y sobre todo, para proceder a la demolición de las leyes que deja el Gobierno. En ese sentido, será decisiva la figura que ocupe la Secretaría de Estado para las Relaciones con las Cortes y su trabajo al respecto.

El PP y Ciudadanos siguen teniendo la mayoría de la Mesa del Congreso, el órgano que controla las tramitaciones y los tiempos de la Cámara, el que decide la ampliación de los plazos de enmienda que tanto han lastrado la actividad de la Cámara. Ambos partidos son ahora oposición y coinciden no solo en el interés ideológico para frenar iniciativas, sino también en el de zarandear al Gobierno. Una reciente sentencia del Tribunal Constitucional reconoce que la Mesa tiene la última palabra frente a los vetos del Gobierno, una realidad que ahora se vuelve contra el Ejecutivo de Sánchez.

Rajoy, en su discurso de despedida, fijó la que será una de las principales prioridades para su grupo: “Tenemos que defender nuestra obra”. El PP, además, cuenta con la presidencia de la Cámara, un activo clave, que, más allá de ostentar la representación de la institución y su capacidad de convocatoria, dispone de la atribución de marcar ritmos e interpretar el reglamento “en los casos de duda y supliéndolo en los de omisión”.

En el Senado, el partido de Rajoy dispone de la mayoría absoluta y el control de todos los órganos. Con un Gobierno socialista, el Senado cobra una relevancia extraordinaria como caja de resonancia de la oposición. Pese a ser una Cámara de segunda puede corregir, tiene capacidad para retrasar las iniciativas del Congreso. Uno de los instrumentos que más va a agitar el PP en este nuevo tiempo es la Comisión de Investigación sobre la financiación de los partidos políticos, en la que solo participan los populares, con el foco puesto sobre una presunta financiación ilegal del PSOE en la Comunidad Valenciana que salpica a varios ministerios de la época de José Luis Rodríguez Zapatero. El resto de partidos, excepto los socios tradicionales de los populares, considera una farsa esta comisión, pero el PP, coincidiendo con el cambio de gobierno, acaba de prolongar sus trabajos por un año más.

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