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Puigdemont y los exconsejeros huidos demandan a Llarena en Bélgica para forzar su recusación

El juez del Tribunal Supremo será citado a declarar en Bruselas el 4 de septiembre

Los exconsejeros junto a sus abogados y Puigdemont, que intervino a través de una pantalla, en Bruselas, este martes.

El independentismo pasa a la ofensiva en los tribunales. El expresidente Carles Puigdemont y los cuatro exconsejeros huidos a Bélgica y Escocia han anunciado este martes una denuncia civil contra el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que instruye la causa contra los líderes nacionalistas. Todos ellos esgrimen que Llarena vulneró su derecho a un juicio justo y a la presunción de inocencia por manifestar opiniones públicamente. La maniobra de los políticos catalanes tiene como fin último lograr su recusación por parte del Supremo y que se nombre a otro juez en su lugar. El medio por el que planean lograrlo es el artículo 219.8 de la Ley del Poder Judicial, según el cual un magistrado no puede seguir en una causa si ha sido demandado por una de las partes.

El equipo de letrados que ha acompañado este martes en Bruselas a los exmiembros del Govern —Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig presencialmente, Carles Puigdemont y Clara Ponsatí en la pantalla— ha asegurado que Llarena recibirá una citación para que se presente en una audiencia en Bruselas el 4 de septiembre ante el Tribunal francófono de primera instancia, aunque puede enviar a un abogado en su lugar. "Si no quiere venir, es su decisión, no está obligado, no es como una citación penal", ha apuntado Christophe Marchand. Esa llamada a declarar no supone ningún respaldo a los argumentos de los denunciantes, dado que la justicia belga admite automáticamente estas demandas. La sentencia no llegaría, según sus cálculos, hasta principios de 2019.

Los abogados de los excargos de la Generalitat apoyan la denuncia en las declaraciones que realizó Llarena a los medios de comunicación en Oviedo el pasado 22 de febrero. En las mismas recalcaba que los políticos encarcelados "no son presos políticos". La defensa estima que emitir opiniones fuera de los tribunales supone prejuzgar. "Pedimos al juez belga que constate la falta civil del juez Llarena al haber violado la presunción de inocencia, y que constate que se generó un daño", explicó Marchand. Piden que se le condene a pagar la cantidad simbólica de un euro, aunque el objetivo principal es claro: apartar a Llarena de la causa.

Puigdemont, que intervino por videoconferencia desde Berlín, se ha mostrado crítico con la actuación del magistrado del Supremo. "Se ha demostrado que el juez Llarena actúa sin imparcialidad y movido por motivaciones políticas. Por tanto, no estamos siendo perseguidos por la justicia sino por la ideología del juez".

Los cinco demandantes afirman que Bélgica tiene competencias para tratar el asunto porque es el país en el que residían cuando Llarena realizó las declaraciones en Oviedo. Una vez que el proceso se pone en marcha, Comín espera que la recusación salga adelante en España. "Damos por hecho que el Tribunal Supremo no va a vulnerar la ley orgánica del poder judicial a la vista de todo el mundo, a plena luz del día", ha afirmado.

Traspaso de carteras

Tres de los nuevos consejeros nombrados por el presidente Quim Torra han viajado a Bruselas para escenificar un simbólico intercambio de carteras con sus antecesores que residen en Bélgica. Concretamente Laura Borràs (Cultura), Teresa Jordà (Agricultura) y Alba Vergés (Salud), han recibido el testigo de Lluís Puig (Cultura), Meritxell Serret (Agricultura) y Toni Comín (Salud), huidos de la justicia española. El acto se ha celebrado en la sede de la Generalitat en Bruselas.

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