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De la justicia en Bosnia al ‘caso Gürtel’

José Ricardo de Prada, magistrado de la Audiencia Nacional, ha sido clave en la condena de la trama corrupta

J. J. Gálvez
Costhanzo

En España arreciaba una crisis económica e institucional que sacudía los cimientos de la democracia cuando, en noviembre de 2011, José Ricardo de Prada (Madrid, 1957), magistrado de la Audiencia Nacional, tomaba la palabra en un foro público en Canarias. “Probablemente, los jueces seamos quienes más duramente tratemos a la justicia. Somos los primeros y más críticos. La conocemos desde dentro y yo puedo decir que, a mí, no me gusta. Yo quisiera que la justicia fuera de otra manera”, se confesaba en un tiempo —bastante parecido, en esto, al actual— donde los escándalos de corrupción se sucedían en las portadas de periódicos y el 15-M acababa de echarse a la calle. El caso Gürtel ya había estallado y estaba a punto de sentar a Baltasar Garzón ante el Tribunal Supremo por intervenir ilegalmente las comunicaciones de los detenidos por la trama y sus abogados. El instructor que levantó la causa se iba a convertir en el primer condenado, en su caso por prevaricación. Habría que esperar más de seis años, hasta este mayo de 2018, para que los responsables de aquella red también lo fueran. De Prada, cercano a Garzón, es, precisamente, uno de los tres jueces que ha firmado esa sentencia.

José Ricardo —así, con los dos nombres, le llaman sus compañeros— de Prada se ha erigido como una de las figuras clave en la fase final de este procedimiento judicial que ha sacudido el escenario político y ha derivado en una moción de censura contra el Gobierno. Considerado el más progresista de la terna que juzgó Gürtel, junto al conservador Ángel Hurtado y el moderado Julio de Diego, el magistrado promovió la declaración como testigo de Mariano Rajoy en la causa, en contra del criterio de la fiscalía, y firmó la sentencia que cuestionaba el propio testimonio del presidente. Ese escrito fue su última aportación a la causa. De Prada, en situación especial desde que solicitó en abril su traslado al tribunal internacional de La Haya, no ha sido autorizado por el Poder Judicial para participar en las vistillas donde se decidía si los condenados debían ingresar en prisión o seguir libres hasta que el Tribunal Supremo resuelva los recursos.

En la Audiencia Nacional, sus allegados lo describen como un juez que cuida mucho sus resoluciones en forma, fondo y estilo. Que procura expresarse de manera inteligible, sin perder nunca de vista el aspecto técnico del lenguaje. Un juez garantista en el ámbito penal y procesal. “Eso significa comprender que la presunción de inocencia es la regla en el tratamiento del imputado”, detalla un compañero. “La justicia tiene sentido en cuanto el ciudadano nota su presencia cercana y cumple sus expectativas de alguna manera. Cuando no ocurre así, se convierte en un elemento extraño y perverso desde el punto de vista democrático”, ha afirmado en alguna ocasión.

Firme defensor de la justicia universal, participó en el tribunal de crímenes de guerra de Bosnia

No le faltan tampoco críticas por sus controvertidos votos particulares (como cuando justificó en 2011 el chivatazo a ETA o se desmarcó de la condena al autor una pintada que ensalzaba a la banda terrorista porque no la había terminado) y por lo que sus adversarios consideran afán de protagonismo. El pasado viernes, el portavoz del PP, Rafael Hernando, le dedicó este comentario: “No seré yo quien se refiera a lo antecedentes políticos de uno de los magistrados, el señor De Prada, candidato de IU en época de Zapatero a presidir la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, ni a su sintonía con el mundo proetarra, ni a sus declaraciones cuando decía que en la Audiencia Nacional se torturaba”.

Las organizaciones no gubernamentales lo describen como un hombre “comprometido” con la defensa de los derechos humanos. Formó parte como juez internacional de la Sala de Crímenes de Guerra de la Corte de Bosnia-Herzegovina, con sede en Sarajevo. Firme defensor de la justicia universal como instrumento, participó allí en causas por crímenes contra la humanidad. Como las abiertas contra Radovan Stankovic, Boban Šimšic y Nikola Kovacevic, que apoyaron a las fuerzas serbias para asesinar a cientos de personas.

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Un episodio de su vida del que regresó con un sabor agridulce. “Este tribunal, sin duda, ha acercado la justicia a los ciudadanos y, en ese sentido, ha cumplido una labor extraordinaria. Sin embargo, no ha llegado a cumplir todas las expectativas. Y las víctimas, en muchos casos con razón y en otras con no tanta, no han visto cumplidas sus expectativas de justicia, verdad y reparación”, escribió a su vuelta. Entonces, ya hablaba también de la importancia de introducir una “perspectiva de género” en las instituciones al haberse percatado de la falta de mujeres en los Acuerdos de Paz ratificados en París. Denunció que se habían olvidado de los derechos de la mujer, sus necesidades y sus experiencias traumáticas. Todo ello, tras un conflicto bélico en el que se produjeron violaciones sistemáticas y los abusos sexuales se convirtieron en otra “táctica de guerra”.

Sus allegados le describen como un juez que cuida mucho sus resoluciones en forma, fondo y estilo

Ya de vuelta en Madrid, en 2016 su nombre saltó de nuevo a la polémica después de que afirmase que la tortura a etarras “se había producido de manera clara” en España. “Yo he tenido muchos casos de sospecha fuerte de tortura a la que los tribunales no han dado respuesta como corresponde a un Estado de derecho”, señaló entonces. Jorge Fernández Díaz, entonces ministro del Interior, arremetió contra él. Y la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) pidió su recusación entonces de dos causas abiertas contra la banda terrorista, pero fue rechazada.

De Prada no se acaba en las fronteras españolas. Estuvo en el caso Pinochet como uno de los magistrados que declararon competente a España para perseguir delitos como genocidio o tortura en Chile y fue el ponente de la sentencia de Adolfo Scilingo, que condenó a 640 años de prisión al exmilitar argentino por un delito de lesa humanidad durante la dictadura. Ahora, precisamente, se marcha al Tribunal Penal Internacional de la ONU que se encarga de los crímenes de la antigua Yugoslavia, donde formará parte de los jueces que decidirán sobre la apelación de Radovan Karadzic.

A la vuelta le espera la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, donde aterrizó en 1990 y en cuya escalerilla despidió conmocionado a Garzón cuando lo suspendieron: “En nuestra profesión hay venganzas, luchas de poder por medio, que al final son las que se llevan todo por delante”, dijo. O, quizás, De Prada se mude ahora al Tribunal Supremo, adonde ha pedido el traslado. Aún está por escribir esta resolución.

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Sobre la firma

J. J. Gálvez
Redactor de Tribunales de la sección de Nacional de EL PAÍS, donde trabaja desde 2014 y donde también ha cubierto información sobre Inmigración y Política. Antes ha escrito en medios como Diario de Sevilla, Europa Sur, Diario de Cádiz o ADN.es.

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