Sánchez Melgar, cesado como fiscal general tras seis meses en el cargo

El final del Gobierno de Mariano Rajoy implica también el final del mandato del fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar, quien ha estado solo seis meses en el cargo. El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal fija que el fiscal general cesará automáticamente cuando cese el Gobierno que lo hubiera propuesto, por lo que Sánchez Melgar está desde este viernes en funciones. Así se mantendrá hasta que el nuevo Gobierno nombre a su sustituto en los próximos días.

Sánchez Melgar es magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo, por lo que probablemente volverá a ese puesto, del que salió en diciembre pasado tras el fallecimiento del entonces fiscal general José Manuel Maza. En este tiempo, Sánchez Melgar ha mantenido la línea dura que marcó Maza en los asuntos más relevantes y, en especial, en todo lo relacionado con el desafío independentista catalán.

Maza interpuso las querellas en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo contra los líderes independentistas e instó a acusar a la cúpula del procés por rebelión y a pedir su encarcelamiento preventivo. Cuando llegó al cargo, Sánchez Melgar siguió esta senda y bajo su mandato la fiscalía se ha opuesto a dejar en libertad a los que ya estaban en prisión y ha instado a pedir el encarcelamiento de algunos de los procesados a los que el Supremo había excarcelado. El fiscal general solo hizo una excepción con el exconseller de Interior Joaquim Forn e impuso a los fiscales del Supremo, en contra de su voluntad, que solicitaran su libertad condicional ante la Sala de Apelaciones, aunque el alto tribunal lo rechazó. Los fiscales obedecieron, pero dejaron claro ante el tribunal que lo hacían por imperativo legal.

El fiscal general que nombre el Gobierno de Pedro Sánchez tendrá que seguir tomando decisiones importantes sobre las causas abiertas en la Audiencia Nacional y en el Supremo contra el procés. Bajo su mandato tendrán que redactarse los escritos de acusaciones definitivos sobre los procesados y, si no hay elecciones y nuevo Ejecutivo antes de otoño, el nuevo fiscal estará también al mando durante el juicio que, previsiblemente, se celebrará en el alto tribunal antes de que acabe el año. Además, los presos preventivos podrían volver a solicitar la libertad provisional y la Fiscalía tendría que pronunciarse. Los fiscales del Supremo que dirigen la acusación en la causa contra los líderes independentistas han compartido durante estos meses la línea dura del anterior fiscal general, por lo que si su sucesor quiere imponer un cambio de criterio podrá encontrarse con la oposición de aquellos.