Los nacionalistas vascos diferencian en el nuevo Estatuto entre ciudadanos y nacionalizados

El nuevo estatuto vasco ya tiene preámbulo y un título preliminar. De momento no es más que una propuesta, pero si el pasado miércoles el PNV y EH Bildu impusieron al resto su concepto del derecho a decidir, con un voto particular de Elkarrekin Podemos, que no se sumó al acuerdo, este miércoles han dado un paso más al diferenciar entre los ciudadanos vascos que vivan en Euskadi, y los que tengan la nacionalidad. Podemos, el PSE y el PP lo consideran una postura "maximalista" que aleja un eventual acuerdo en el seno de la Ponencia de Autogobierno, y acusan a los nacionalistas de buscar un texto en el que se prima la identidad sobre los derechos. El PNV y EH Bildu han vuelto a unir sus fuerzas, (46 de los 75 escaños del Parlamento vasco) para sacar adelante esos dos documentos base que, una vez completados con el resto de títulos, serán enviados a un grupo de expertos juristas para que elaboren el texto articulado que después empezará el trámite de enmiendas. Los partidos quieren que el nuevo Estatuto esté listo para ser aprobado en el Parlamento vasco y consultado a la ciudadanía, esta misma legislatura.

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Según el título preliminar, el proceso de nacionalizaciones se pondría en marcha una vez constituida la nación vasca, pero ni el PNV ni EH Bildu concretan si quienes sean solo ciudadanos mantendrán el DNI español y los nacionalizados vascos otro con su nueva nacionalidad. Dejan las concreciones para un desarrollo legislativo posterior.  Tampoco aclaran en el documento base si unos y otros tendrán derechos y deberes diferentes, aunque sí especifican que quienes no se nacionalicen no perderán sus derechos.

El portavoz de Elkarrekin Podemos, Lander Martínez, ha asegurado tras los cuarenta minutos que ha durado la reunión que "el apartado 2.8 en el que se diferencia ciudadanía y nacionalidad vasca, rescatando casi literalmente el texto de Ibarretxe de 2004, es la más clara constatación de la deriva excluyente que está tomando la entente entre PNV y EH Bildu, y su nula voluntad de sumar a ninguna fuerza política que no sea nacionalista".

El documento especifica: "El reconocimiento de la ciudadanía vasca y la utilización de la vecindad administrativa como punto de conexión, posibilita el acceso a los servicios públicos a las personas que vivan en el Sujeto Político, con independencia de cual sea su procedencia o nacionalidad", pero a renglón seguido especifica que "habida cuenta del carácter plurinacional del Estado Español y las características del nuevo modelo de relación con el Estado contenido en el Nuevo Estatus Político, se reconocerá la nacionalidad vasca a la ciudadanía vasca en los términos regulados por Ley, aprobado en el Parlamento Vasco. Se establecerá también que nadie será discriminado por razón de su nacionalidad ni será privado arbitrariamente de ella", explicita el título preliminar.

Los socialistas también critican que el documento establece categorías ciudadanas inaceptables, porque aunque pretende reconocer igualdad de derechos civiles y políticos para quienes tienen “vecindad administrativa” en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, "prevé una distinción expresa por razón de nacionalidad vasca. La pluralidad no se puede garantizar sobre una línea de reconocimiento, sino en el desarrollo legal de los derechos", asegura el PSE.

El título preliminar, además de recoger el carácter confederal de la relación entre Euskadi y España, se arroga el derecho de lanzar consultas, incluso para decidir la relación que los vascos quieren con el resto de España y propone dejar exenta a Euskadi de los mecanismos constitucionales de intervención, como el 155: "Deben eliminarse mecanismos de suspensión unilateral de normas, intervención de la autonomía, etc., y establecer procedimientos de lealtad y cooperación institucional".