El Gobierno celebra el triunfo del Estado de derecho
“Ni Puigdemont será presidente, ni presos o huidos serán consejeros”, dicen desde La Moncloa
El Estado de derecho “ha ganado”. Esa ha sido la primera reacción del Gobierno tras conocer este martes que el president de la Generalitat, Quim Torra, desistía de nombrar como consejeros a dos políticos en prisión provisional —Jordi Turull y Josep Rull— y dos huidos al extranjero para escapar de la justicia española —Lluís Puig y Antoni Comín—. Sus sustitutos no tienen cuentas pendientes con la justicia, por lo que la intervención de Cataluña cesará en cuanto el nuevo Govern tome posesión, en aplicación del acuerdo del Senado que regula la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
“Ni Puigdemont será presidente ni ninguna persona presa o huida será consejera, como no podría ser de otra manera”, resumieron fuentes gubernamentales.
“El Gobierno quiere subrayar que su firmeza y su determinación a la hora de defender la legalidad son las que han garantizado a los ciudadanos de Cataluña el derecho a contar con un Gobierno en condiciones de cumplir sus obligaciones y atender a sus responsabilidades”, fue la reacción oficial de La Moncloa, emitida a través de un comunicado.
Los integrantes del Ejecutivo de Mariano Rajoy llevaban días esperando un movimiento de los independentistas catalanes que desbloqueara la formación del nuevo Govern de Cataluña. Esa expectativa era compartida por el lehendakari del País Vasco, Iñigo Urkullu, y por el PNV, que apuntaron a una resolución “inmediata” del bloqueo político cuando anunciaron su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado de 2018. Al tiempo, esa decisión podría tener un impacto considerable en la moción de censura que patrocina Pedro Sánchez (PSOE) contra Rajoy. Si el PDeCAT y ERC acaban apoyando al líder de los socialistas, lo harán con un Govern con plenos poderes y dentro de la legalidad, mitigando así en lo posible los reproches que puedan lanzar contra el PSOE tanto el PP como Ciudadanos.
De hecho, los nombres de los nuevos consejeros no se publicarán en el Diario oficial de la Generalitathasta el jueves o el viernes, por lo que como pronto tomarán posesión este fin de semana. Eso permitirá que Teresa Jordá y Esther Capella, diputadas de ERC y nuevas consejeras, voten el viernes la moción.
Tras 10 días de pulso institucional, la decisión de Torra se hizo pública solo unas horas después de que el Gobierno le transmitiera a través de una carta los argumentos legales que sustentaban su decisión de no aceptar su selección original de consejeros y de mantener activa la intervención ejecutada al amparo del artículo 155.
Control de legalidad
La Abogacía General del Estado, según esa misiva, había concluido que la apuesta por nombrar como consejeros a dos politicos en prisión provisional y a dos huidos al extranjero no era “válida ni eficaz” ni tenía “viabilidad jurídica”. Ninguno podría cumplir con sus funciones. Y por eso el Gobierno se negaba a darles carácter oficial publicándolos en el Diario Oficial de la Generalitat, bajo su control mientras el 155 esté en vigor.
Ese control, advirtió el Ejecutivo, no ha de entenderse como “meramente formal” y “tampoco la publicación [de los nombramientos] como un acto debido y reglado”, meramente administrativo y automático tras anunciar el president quiénes serían sus consejeros. Al contrario, señaló el Gobierno en la carta, esa potestad se configura como un “auténtico control de legalidad”. Y las elecciones originales de Torra no cumplían con ese criterio.
El 155, en vigor hasta la toma de posesión de los consejeros
El acuerdo del Senado que regula la intervención de Cataluña a través del artículo 155 de la Constitución establece con claridad los límites temporales de la medida.
“Las medidas contenidas en este acuerdo se mantendrán vigentes y serán de aplicación hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno de la Generalitat, resultante de la celebración de las correspondientes elecciones al Parlamento de Cataluña”, reza el documento aprobado por el Consejo de Ministros y posteriormente modificado y validado por la Cámara alta.
En consecuencia, la intervención seguirá vigente hasta la ceremonia de toma de posesión de los nuevos consejeros. Cuando se produzca este acto tocará a su fin una intervención histórica. Nunca antes se había activado el artículo 155 de la Constitución. Su aplicación ha durado siete meses, ha supuesto la convocatoria de las elecciones que se celebraron en diciembre y ha dejado la gestión de Cataluña en manos del Gobierno.
