La fiscalía pide cárcel para la excúpula de la Fundación Afal por desvalijar a ancianos

La Fiscalía de Madrid ha pedido 15 años de cárcel para la excúpula de la Fundación Afal, acusada de desvalijar el patrimonio de personas con enfermedades mentales a las que tutelaba, y que ascendía a 8,4 millones. Las denuncias de familiares y extrabajadores desembocaron en 2014 en una investigación policial que ahora da sus frutos. El ministerio público solicita seis años de prisión para el exdirector de la institución, Jaime Conde, y cinco años para la abogada Mercedes Díaz, además de otras penas menores para cuatro implicados, todos acusados de apropiación indebida tras “idear” un plan para expoliar la fortuna de enfermos adinerados.

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La investigación ha quedado descafeinada después de los nueve imputados iniciales —la fiscalía exculpa a tres de ellos— y pide archivar los delitos iniciales de estafa, falsedad documental, estafa procesal y falso testimonio, según la fiscal María Luz García. La juez había impuesto a los nueve imputados una fianza civil de 18 millones. 

Los acusados realizaron entre 2008 y 2014 transferencias "injustificadas" sin el consentimiento de los ancianos tutelados hacia sus propias cuentas corrientes, según la fiscalía. La principal responsable del expolio a los enfermos mentales, la presidenta de Afal Blanca Clavijo, falleció poco después de saltar el escándalo, y en su ausencia Conde figura ahora como el principal responsable acusado. El marido de Clavijo, el auditor Rafael Núñez, afronta dos años y medio de cárcel y los voluntarios de la fundación Juan Antonio Fernández y María Eugenia James Lamigueiro, 21 meses y un año de prisión respectivamente.

De los nueve imputados iniciales, la fiscalía exculpa a tres acusados, entre ellos la notaria Blanca Entrena, que dio fe de la “capacidad suficiente” de una enferma incapacitada que en su testamento legaba sus bienes a la Fundación Afal. Asimismo, la Fiscalía de Madrid exculpa a la fiscal coordinadora de incapacidades de Madrid, Nuria López-Mora, que asesoró a la presidenta Clavijo al margen de los juzgados y para la que intercedió ante otros jueces y compañeros, según su correspondencia privada. López-Mora recomendó a Afal Futuro en numerosas causas, y a pesar de su amistad con Clavijo rechazó inhibirse para proteger la imparcialidad del ministerio público.

Conde y Díaz gestionaron los grandes patrimonios de los ancianos tutelados para vender sus inmuebles, realizaban obras y asesoraban en materia legal, creándoles un ”perjuicio”, a pesar de que debían proteger su patrimonio. “Todo ello para invertir posteriormente el dinero en la construcción del proyecto Villafal, una residencia de lujo para ancianos con Alzheimer situada en Paracuellos del Jarama, un negocio con el que los acusados pensaban ganar grandes cantidades de dinero”, según la fiscalía.

Las transferencias sumaron 8,4 millones y Afal realizó 24 traspasos de 50.000 cada uno al patrimonio de una de las personas incapacitadas, que sumaban 1,1 millones. Otro de los damnificados, el acaudalado empresario Juan Luis de la Cruz Cort, al que uno de sus hijos atribuyó en un escrito un patrimonio de ocho millones. Entre las transferencias realizadas supuestamente sin su consentimiento figuran Afal Contigo (1,8 millones), T4L (899.400 euros) o la constructora FCC (2 millones) porque era la empresa encargada de construir la residencia Villafal en Paracuellos del Jarama (Madrid). La fiscalía interpreta que la constructora desconocía el origen ilícito de esos pagos.

Los dos voluntarios están acusados de mentir ante un juez para redactar un testamento de ancianos incapacitados, elaborado para que el dinero revirtiera en la Fundación Afal. Ahora es el turno del resto de acusaciones, que deben presentar sus escritos antes de que la juez María Luz García envíe a juicio la investigación.