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Zoido sobre ETA: “La política penitenciaria es la que ha sido, la que es y será conforme a la ley”

El ministro del Interior cierra la puerta a una mesa de trabajo con los Gobiernos vasco y navarro

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido (centro), este jueves en Ibiza.
El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido (centro), este jueves en Ibiza. EP

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha afirmado este jueves que la petición de informes personalizados por parte de Instituciones Penitenciarias a los directores de cárceles con presos de ETA en segundo grado o con enfermedades graves es un “trabajo rutinario” al que no hay que buscar “otras connotaciones”. “La política penitenciaria es la que ha sido, la que es conforme a ley y la que seguirá siendo conforme a ley”, ha subrayado el ministro durante la presentación en Palma de Mallorca del Plan Turismo Seguro de refuerzos policiales para las zonas costeras.

Durante su intervención, Zoido también ha cerrado la puerta a una mesa o grupo de trabajo conjunto con los Gobiernos de Euskadi y Navarra tras la disolución de ETA al considerar que puede ser utilizada por los terroristas “para blanquear su historia criminal”. “Eso no lo vamos a hacer ni consentir, no participaremos jamás en unas reuniones de ese tipo. El Gobierno no estará en esa mesa de trabajo porque su sitio está junto a las víctimas del terrorismo”, ha dicho el ministro, que ha insistido en que el Gobierno permanecerá “con la memoria, la dignidad, la verdad y la justicia de las víctimas”.

Zoido considera que no se pueden hacer “experimentos ni cambalaches” sobre la memoria de las víctimas y ha insistido en que el relato sobre la banda terrorista “es uno” y con la historia “de dolor y asesinato de ETA no se juega”. “El Gobierno sin duda sabe que el camino más justo que queda es el de la aplicación estricta de la ley, no habrá impunidad ni blanqueo de la sanguinaria historia de la banda ETA”, ha destacado.

El ministro ha aprovechado la ocasión para anunciar el desarrollo de una operación contra miembros de la banda terrorista que tienen deudas con el Estado por el impago de las responsabilidades civiles derivadas de las condenas judiciales por sus acciones. La Guardia Civil en coordinación con la Audiencia Nacional ha iniciado un operativo en el que se ha decretado el embargo de vehículos, cuentas corrientes y viviendas para hacer frente a los impagos y ejecutar varias sentencias impuestas por el tribunal.

“No habrá impunidad ni contraprestación, los crímenes se van a seguir investigando y los terroristas con causas pendientes seguirán siendo perseguidos por las fuerzas y cuerpos de seguridad”, ha señalado el ministro, que ha insistido en que los terroristas no obtendrán “nada” tras la declaración de disolución de la banda “porque hace tiempo que fueron derrotados”.

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