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El Gobierno repatrió cuerpos de la División Azul tras eliminar ayudas a víctimas del franquismo

El Ejecutivo ha recuperado los restos de 29 miembros de la unidad que luchó junto a los nazis

Soldados españoles de la División Azul en el frente de Rusia, durante la II Guerra Mundial.
Soldados españoles de la División Azul en el frente de Rusia, durante la II Guerra Mundial.

El Gobierno siguió repatriando miembros de la División Azul tras suprimir las ayudas para exhumaciones de víctimas del franquismo, según ha confirmado el Ejecutivo en respuesta escrita a los senadores de Compromís Carles Mulet y Jordi Navarrete. Después de que en 2012 el Gobierno, amparándose en la crisis económica y de espaldas a la Ley de Memoria Histórica, cortara de cuajo las subvenciones para la localización de víctimas del franquismo y las asociaciones de la memoria histórica, se repatriaron 13 cuerpos de miembros de esta unidad de voluntarios españoles que luchó junto a los nazis contra la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial.

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Mulet, portavoz de Compromís en el Senado, ha lamentado este miércoles que el Gobierno destine “el dinero de todos únicamente a repatriar cuerpos de voluntarios que lucharon junto al ejército nazi”, que se encuentran “a más de 7.000 kilómetros” y no “para sacar de las cunetas y las fosas a las víctimas del franquismo”, que están “a pocos kilómetros de La Moncloa”. El senador ha reconocido el carácter de “víctimas del totalitarismo” a los repatriados, que “en muchos casos fueron obligados por el franquismo a marchar hacia Rusia”, pero considera “insultante que se priorice a los colaboradores del nazismo”.

Según los datos facilitados, el Gobierno ha repatriado 29 cadáveres de miembros de la División Azul. Cuatro de ellos, antes de 2007. Ese mismo año fueron trasladados hasta España 10, y desde 2013, otros 13. El dinero empleado en las repatriaciones ha supuesto 32.010 euros. El Gobierno, a través del Ministerio de Defensa, colabora en estas repatriaciones a petición de familiares. El apoyo se presta en la realización de trámites de traslado por vía aérea, la recepción de restos en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y su posterior entrega a familiares.

En la respuesta, el Gobierno asegura que hasta diciembre de 2011 los gastos correspondientes a las repatriaciones tramitadas a través del Ministerio eran asumidos por la Dirección General de Asuntos Económicos. A partir de esa fecha, los gastos de repatriación debían ser asumidos por los familiares. “Sin embargo, cuando la solvencia económica del solicitante no lo ha permitido, la Dirección de Apoyo al Personal del Mando de Personal, en el marco de las funciones de apoyo al personal que tiene encomendadas, se ha hecho cargo de los gastos de traslado hasta territorio nacional”, señala.

Las repatriaciones realizadas en los últimos años chocan, según Mulet, con el hecho de que desde 2012 el Gobierno retirara las partidas para exhumar las fosas del franquismo. “Se pasó de 1,3 millones en 2009; 2,1 millones en 2010 y 2,2 en 2011, a cero euros el resto de años hasta la fecha”, ha criticado. En otra respuesta en 2017, el Gobierno comunicó a Mulet que “en el momento actual, la Administración General del Estado no tiene previsto acometer ningún tipo de actuación en los enterramientos y fosas”, aunque “sin perjuicio de que la colaboración económica con las asociaciones memorialísticas se reanude tan pronto sea posible destinar nuevas partidas presupuestarias”. En términos similares respondió a una pregunta de los senadores socialistas: las ayudas volverían “tan pronto como se den las circunstancias para ello”.

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El pasado mes de marzo el Gobierno vetó la iniciativa del PSOE para reformar la Ley de Memoria Histórica por su incidencia en las cuentas del Estado. En un escrito remitido al Congreso de los Diputados en el límite del plazo, el Ejecutivo estimó que la aplicación de la propuesta supondría un incremento de los créditos presupuestarios de más de 214 millones de euros.

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Sobre la firma

Miquel Alberola
Forma parte de la redacción de EL PAÍS desde 1995, en la que, entre otros cometidos, ha sido corresponsal en el Congreso de los Diputados, el Senado y la Casa del Rey en los años de congestión institucional y moción de censura. Fue delegado del periódico en la Comunidad Valenciana y, antes, subdirector del semanario El Temps.

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