El PSOE quiere integrar a los partidos catalanes en la comisión territorial

La Comisión para la evaluación y modernización del Estado autonómico nació como parte del acuerdo entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez para aplicar el 155 en Cataluña. El presidente se comprometió con el líder del PSOE, según afirmó este en público, en abrir este foro de diálogo parlamentario sobre el modelo territorial y, tras seis meses, abrir una comisión sobre la reforma de la Constitución. El trabajo parlamentario y la situación en Cataluña han desbordado este órgano del Congreso, que ahora los socialistas quieren impulsar.

Solo PP, PSOE y parte del Grupo Mixto son miembros de la comisión, después de que Ciudadanos la abandonara el pasado marzo entre acusaciones de veto a comparecientes. Podemos, el PNV y los catalanes PDCat y ERC renunciaron a participar desde el inicio. El objetivo de los socialistas, según fuentes parlamentarias, es contactar con el resto de grupos, fundamentalmente con los nacionalistas catalanes y vascos, para invitarles a sumarse una vez se levante el 155.

Los grupos vascos y catalanes no se cierran a participar, consultados por EL PAÍS, aunque se muestran escépticos. El portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, asegura que su incorporación “no es imposible” pero dependerá de “en qué condiciones se levanta el 155”. Fuentes del PNV afirman por su parte que tras la retirada de la intervención el partido “abrirá una reflexión” sobre si participar en función de que se clarifique qué fin tiene la comisión, si se unen los partidos catalanes y si vuelve la normalidad en Cataluña, aunque de momento no está en sus planteamientos.

En todo caso, ni PP ni PSOE admitirían que la comisión hiciera alguna propuesta sobre el derecho de autodeterminación que reclaman los independentistas catalanes. Pero la intención es atraerles a la senda autonomista. “Si queremos resolver la crisis territorial que vive nuestro país, necesitamos del concurso de todos", ha pedido Pedro Sánchez. “La política española debe hacer también su tarea”, defiende el líder socialista.

El propósito es también prolongar los trabajos durante el tiempo que sea necesario para escuchar a los comparecientes solicitados, explica el presidente de la comisión, José Enrique Serrano. Quedan 165 comparecencias de las pedidas, una cifra imposible de abordar en menos de un año, aunque se quieren reducir.

A pesar de que el plan inicial era que los trabajos terminaran en seis meses —para lo cual la comisión tendría que echar el cierre en junio, porque empezó a reunirse en enero— Serrano confirma que “la previsión es que la comisión continuase más allá de junio. Tiene una lista de comparecientes que sin duda es excesiva pero falta por oír las posiciones de los presidentes autonómicos, de expertos juristas y de representantes de la sociedad civil como pidieron los grupos”. Fuentes parlamentarias subrayan que cerrar la comisión sin haber concluido los comparecientes enviaría el mensaje de que el Congreso es incapaz siquiera de evaluar el Estado autonómico, como para abrir un proceso de reformas territoriales.

El PP decidirá su posición en junio, según fuentes de su dirección parlamentaria, que muestran sus dudas sobre que la estrategia del PSOE sea concluir que es necesaria una reforma de la Constitución, para la que no ven que se den las condiciones ni el momento, informa J. J. Mateo. "Somos leales a los compromisos alcanzados. Es importante que se haga esta evaluación, que nunca se había hecho", señalan en el PP. "Vamos a cerrar lo que tenemos señalado, y en junio pensaremos lo que tenemos que hacer. Tenemos que verlo. Nos preocupa que si una parte importante de los grupos políticos no participa a lo mejor terminamos con unas conclusiones negativas que no se compadecen con lo que se ha trabajado", apostillan fuentes parlamentarias populares.