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FIN DE ETA
Análisis
Exposición didáctica de ideas, conjeturas o hipótesis, a partir de unos hechos de actualidad comprobados —no necesariamente del día— que se reflejan en el propio texto. Excluye los juicios de valor y se aproxima más al género de opinión, pero se diferencia de él en que no juzga ni pronostica, sino que sólo formula hipótesis, ofrece explicaciones argumentadas y pone en relación datos dispersos

La reinserción es parte de la convivencia

El Gobierno se amilanó el último año ante los portavoces de algunas asociaciones de víctimas a las que teme porque se sintieron utilizadas por el PP

Luis R. Aizpeolea
Simpatizantes de la izquierda abertzale piden la amnistía para los presos de ETA.
Simpatizantes de la izquierda abertzale piden la amnistía para los presos de ETA.EFE

El 20 de octubre de 2013, el dirigente del PP vasco Iñaki Oyarzabal dijo: “Si ETA da pasos hacia su disolución iniciaremos el acercamiento de presos a cárceles vascas”. El 13 de octubre de 2016, el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández, en una de sus últimas declaraciones antes de cesar, dijo: “Modificaremos la política de dispersión penitenciaria con carácter general el día que ETA se disuelva”. En tiempos más cercanos, el 23 de abril de 2017, el dirigente del PP vasco Borja Semper dijo: “Si ETA se disuelve mañana, la política de dispersión cambiará en 48 horas”. Las hemerotecas están llenas de compromisos en esta dirección del Gobierno y del PP vasco. Sin embargo, de un año a acá, con Juan Ignacio Zoido en Interior, cambió el discurso.

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¿Qué ha pasado? Que de un año a esta parte ganaron credibilidad las noticias de que ETA se disolvía y al Gobierno le entró vértigo. Una vez más se amilanó ante los portavoces de algunas asociaciones de víctimas a las que teme porque se sintieron utilizadas por el PP en su etapa de oposición contra el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. También ante el auge de Ciudadanos, que ha hecho bandera de esta cuestión y, todo hay que decirlo, ante un asunto impopular en la opinión pública.

Ciertamente, terminada la pesadilla etarra, todos los recuerdos han estado dirigidos a las 853 víctimas del terrorismo y a la batalla por el relato, de largo alcance, en la que debe quedar claro que ETA no tuvo justificación, que sus víctimas lo fueron injustamente y que la democracia se ha impuesto a los terroristas. Es lo primero y lo básico.

Pero la cuestión de los presos etarras está presente en Euskadi y de uno u otro modo —no el ámbito del pacto antiterrorista— acabará estando a escala nacional. La víspera de que la banda declarase su disolución, el lehendakari Urkullu reclamó el acercamiento de presos a cárceles vascas y otra política penitenciaria —dijera lo que dijera ETA— porque no puede mantenerse la misma política que cuando practicaba el terrorismo.

Esta posición tiene el apoyo de los partidos vascos, a excepción del PP. Urkullu añadía que no es necesario cambiar la ley y sus requisitos (reinserción individual, rechazo del terrorismo, reconocimiento del daño a las víctimas, etcétera). Con la ley vigente, siendo ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba, se promovió una política de reinserción activa entre los presos etarras modélica. A ello aludían el ministro Fernández y el PP vasco hace poco más de un año.

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La reinserción de presos etarras forma parte de la política de convivencia en la Euskadi tras el fin de ETA. El riesgo es confundirla con el relato. No por mantener una actitud dura hacia los presos etarras, el relato de su derrota es más nítido. No hay mayor nitidez de la derrota de ETA que se haya ido sin lograr ninguno de sus objetivos.

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