El Supremo estudia habilitar agosto para acelerar el juicio del ‘procés’
El juez Llarena comunicará en junio al Parlament los cargos públicos que deben ser inhabilitados
El Tribunal Supremo está estudiando habilitar el mes de agosto, tradicionalmente no laborable en la Justicia española, para realizar trámites relacionados con la preparación del juicio contra los líderes del procés y evitar así que su comienzo se demore en exceso, según informan fuentes jurídicas. En principio se prevé que los acusados se sienten en el banquillo a finales de octubre y que la sentencia pueda estar lista a comienzos de 2019. De esa forma se evitaría que el proceso judicial interfiera en las elecciones europeas, municipales y autonómicas, previstas para el 26 de mayo.
Si La Mesa del Parlament no los inhabilitase, cabe entonces interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional
Además, si no surgen obstáculos procesales, el Supremo instará a la inhabilitación de los cabecillas separatistas que estén en prisión en la segunda quincena de junio. El juez Pablo Llarena, instructor del proceso independentista, comunicará entonces a la Mesa del Parlament el procesamiento firme de los acusados que entonces sean cargos públicos (diputados) y le trasladará, además, el contenido del artículo 384 bis del Código Penal “a los efectos que proceda”, añaden los citados medios.
El citado artículo 384 bis permite inhabilitar a un cargo público que se halle en prisión provisional aunque no esté condenado en firme. No es misión del instructor inhabilitar a un cargo público, pero sí comunicar, en este caso al Parlament, los delitos que se imputan y la legislación aplicable. Y si la Mesa no los inhabilitase, cabe entonces interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional, que ya ha advertido en varias resoluciones de las consecuencias penales que acarrean la desobediencia o el incumplimiento de las normas y de sus mandatos.
Tras haber comunicado a los afectados el auto de procesamiento, la tarea instructora del juez Llarena empieza a dar sus últimos coletazos. Los afectados pueden recurrir su procesamiento ante la Sección Penal del Supremo que se ha encargado de las apelaciones contra los autos del instructor. Esta sección la forman los magistrados Alberto Jorge Barreiro, Miguel Colmenero y Francisco Monterde. Si esta sección confirmase en las próximas semanas los procesamientos, estos devendrán firmes y será entonces cuando el juez Llarena dé por concluido su trabajo y comunique al Parlament que el delito de rebelión conlleva la inhabilitación del cargo público que se halle en prisión. Igual sucedería si se trata de delitos de organización criminal o terrorismo, los otros dos supuestos en los que cabe la inhabilitación cautelar.
Encarcelados y fugitivos
En la cárcel están Oriol Junqueras, ex vicepresidente de la Generalitat con Puigdmont; Joaquim Forn, exconsejero de Interior y exjefe de los Mossos d`Esquadra; los también exconsejeros Josep Rull, Josep Turull y Raul Romeva, y Carmen Forcadell, expresidenta del Parlament catalán. Y también los dos jordis (Sánchez y Cuixart). Y fugados, aparte de Puigdemont, Marta Rovira, de ERC, y Anna Gabriel, dirigente de la CUP, hay otros cuatro independentistas más. En total, siete. Y a 25 asciende el total de procesados por el Supremo. Algunos, ahora, en libertad provisional.
Comunicada al Parlament la inhabilitación, a partir de ese momento (el juez tiene previsto dar por terminado el sumario en la primera quincena del próximo mes de junio), la citada sección se hará cargo del sumario. Y será la que prepare todo con vistas al juicio y resuelva los asuntos que vayan surgiendo. Esta labor, preparar el juicio, correspondería en puridad al ponente que designase la propia Sala de lo Penal una vez recibido el sumario, pero está muy ajustada de magistrados (no llegan a 14 y hay bajas). Y la idea es que ninguno de los cinco magistrados que se sienten en el estrado para celebrar el juicio pueda estar contaminado; es decir, que no haya resuelto antes de juzgar ningún asunto relacionado con el procés y derivado del juez Llarena.
Los afectados pueden recurrir su procesamiento ante la Sección Penal del Supremo que se ha encargado de las apelaciones contra decisiones de Llarena
A partir de la conclusión del sumario (primera quincena de junio) será, pues, la citada sección la que se encargue de trasladar a todas las partes las diligencias para que realicen sus respectivos escritos de acusación o defensa. Y después, dar por concluida totalmente la investigación y elevarla para juicio a la Sala de lo Penal. La intención del Supremo es comenzar la celebración a finales de octubre o comienzos de noviembre. Y que la sentencia pueda estar lista en las primeras semanas del próximo año, unos meses antes de las elecciones europeas, municipales y autonómicas de mayo de 2019. Los separatistas que no estén presos y, en su caso, sean condenados, también podrían ser inhabilitados. Los delitos que se les imputan (malversación, rebelión y sedición) conllevan penas de cárcel y también de inhabilitación.
En este momento hay diez separatistas presos en España y siete fugados que se distribuyen por tres países. Sobre todos ellos pende la orden europea de detención y entrega a España. Carles Puigdemont se halla en Alemania. En teoría, la entrega, o su rechazo, debe producirse antes de 60 días, pero, según las citadas fuentes, es posible que los jueces alemanes pidan una prórroga de un mes (90 días es el máximo) antes de tomar una decisión definitiva. En este momento se está produciendo un intercambio de información entre los jueces alemanes del tribunal regional de Schleswig-Holstein y el juez Llarena.
Dado que la investigación sumarial de Llarena prácticamente está ultimada y ya se avecina el juicio, la intención del Supremo es crear al menos dos piezas separadas para, por un lado, aglutinar en ella a los procesados que se hallan en España (presos o en libertad provisional) y sentarlos en el banquillo dentro de cinco o seis meses; y, por otra, poder continuar el sumario con los fugitivos, otra pieza separada, sin entorpecer el desarrollo de la pieza principal. Los fugitivos serían juzgados aparte, cuando regresen a España o sean entregados. No obstante, si alguno fuese entregado con suficiente antelación al juicio, y sin menoscabo del derecho de defensa, podría ser añadido in extremis a la pieza principal que previsiblemente se juzgará a fines de octubre.
Maniobras dilatorias
La intención del Supremo es celebrar el juicio a finales de octubre, pero puede haber obstáculos procesales y a sus magistrados tampoco se les escapa la posibilidad de que haya maniobras dilatorias de última hora. U otras eventualidades inherentes al sumario que necesiten respuesta antes del juicio. De hecho, el Supremo estudia declarar hábil el mes de agosto para no entorpecer ni paralizar la investigación contra los líderes separatistas catalanes. O, simplemente, pueden aparecer nuevos imputados aforados. Pero esas son hipótesis no contempladas en estos momentos, según fuentes jurídicas.
Y Puigdemont, en la calle y presentándose para president
El juez Llarena ya ha enviado a sus colegas alemanes, los que detuvieron y tramitan la eurorden contra Puigdemont, el informe complementario en el que les explica que el expresident catalán cometió un delito continuado de malversación de caudales públicos. Los jueces alemanes emitieron un primer dictamen tras la detención del cabecilla del procés, rechazando que concurriera rebelión y pidiendo más explicaciones al juez Llarena sobre el de malversación, ya que entendieron que algunas partidas de dinero público destinadas al referéndum ilegal no fueron finalmente abonadas.
Llarena ha contestado que hay partidas que sí fueron abonadas y que en otras la Generalitat contrató el servicio oficialmente y generó una deuda que es reclamable por los proveedores. Y que la jurisprudencia unánime del Supremo revela que en los delitos continuados de malversación, si unos se han pagado y otros están pendientes de pago, a todos los efectos se considera un delito consumado. Es decir, que hay malversación y que además es continuada en el tiempo. A través de Eurojust y la fiscalía alemana, que es la que representa al Reino de España en ese país, el centro coordinador de la eurorden en La Haya, Llarena está informando a sus colegas alemanes de su visión sobre los fugados. Y es posible que el intercambio de información continúe un tiempo más antes de que Alemania adopte una decisión definitiva.
Porque el Supremo español tiene claro una cosa: si Alemania persistiera en entregar a Puigdemont únicamente por el delito de rebelión, ni siquiera el de sedición, pues la justicia alemana tiene potestad para introducirlo si así lo estima, el propio Supremo rechazaría la entrega. No querría a Puigdemont. Para evitar discriminar a los demás inculpados que sí tendrían que responder del delito de rebelión, con independencia de que luego, tras el juicio, la Sala de lo Penal pueda entender, en su caso, que no hay rebelión sino sedición. Traer a Puigdemont solo por malversación permitiría a este pagar los casi dos millones de dinero público que Llarena tiene acreditado que se malversó en el referéndum, quedar en libertad e incluso podría presentarse a la elecciones.
