Un tribunal ordena reabrir el caso por la muerte de cinco militares en una explosión
Dos de los heridos adujeron que se habían producido "errores esenciales" en la investigación
Cinco años después de darle carpetazo, la justicia militar ha aceptado reabrir la investigación sobre la explosión accidental de nueve minas con más de 55 kilos de TNT que el 24 de febrero de 2011 mató a cinco militares e hirió a otros tres en el campo de tiro de El Palancar, en la Academia de Ingenieros de Hoyo de Manzanares (Madrid). El Tribunal Militar Territorial Primero ha estimado el recurso de dos de los heridos, el teniente José Manuel Candón y el sargento primero Raúl Alfonso González, quienes adujeron “errores esenciales en la instrucción” e “indicios de responsabilidad y negligencia clara que debió ser investigada” en su momento.
Los dos demandantes presentaron en noviembre pasado un estudio pericial de un ingeniero de minas que subraya, entre otras anomalías, que durante tres días el material explosivo estuvo fuera de control, en contra de todas las normas de seguridad; que ni siquiera se conoce el origen de la carga HL-200, que supuestamente desencadenó el accidente; y que las minas estaban caducadas, como atestiguó un informe de la Guardia Civil.
La titular del Juzgado Togado Militar Territorial número 11 rechazó el 27 de diciembre pasado la reapertura del caso, al considerar que el informe del ingeniero no supone “ningún hecho nuevo, sino que pretende insistir en aspectos que ya fueron examinados en el auto de archivo”. Este mismo juzgado archivó en 2013 la investigación tras descartar cualquier delito, ni doloso ni imprudente, ya que "los hechos se produjeron accidentalmente, sin que se aprecie responsabilidad en los intervinientes ni en terceras personas".
Sin embargo, el Tribunal Militar Territorial Primero, en un auto con escasos precedentes dictado el pasado 12 de abril, ha desautorizado a la juez y al fiscal, que también se opuso a la reapertura del caso, y ha ordenado “proceder al desarchivo del procedimiento y garantizar con plenitud un nuevo pronunciamiento [judicial sobre lo sucedido] respetuoso con los principios de publicidad, contradicción e inmediación judicial”. El tribunal subraya que la juez partió de una “premisa errónea” al considerar que el auto de archivo de unas diligencias previas, que es lo que se produjo hace cinco años, es equivalente al sobreseimiento definitivo y tiene los efectos de cosa juzgada.
La reapertura de la investigación plantea la posibilidad de que se depuren responsabilidades, por acción u omisión, por parte de los responsables de la entrega y custodia de los explosivos. El recurso apunta a una violación grave de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales al destinarse a ejercicios minas que no estaban en condiciones de ser destinadas para ese fin y debían haber sido destruidas.
Tres de los cinco muertos pertenecían al Ejército de Tierra y los otros dos, así como los tres heridos, a la Infantería de Marina. Todos ellos se preparaban para partir a finales de marzo o principios de abril de 2011 a Líbano, donde formarían parte del nuevo contingente de cascos azules españoles. El siniestro se produjo cuando realizaban un ejercicio de desactivación de explosivos teóricamente similares a los que encontrarían en el país de Oriente Medio. Tras archivarse las diligencias, los afectados iniciaron la vía para reclamar responsabilidades civiles al Ministerio de Defensa con escaso éxito, pero los dos heridos insistieron en reclamar la reapertura de la investigación penal.
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