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“Le diría a otras víctimas que nunca se sientan culpables”

Alejandra, que fue violada hace dos años, anima a todas las mujeres a no callar ante una agresión

Alejandra, en un encuentro celebrado esta semana.

A Alejandra (nombre ficticio) le encanta pasear con música, pero ya nunca se pone los auriculares de noche. "Hay que estar alerta", dice. Una secuela que le quedó es esa necesidad de extremar la precaución, aunque ya entra y sale de su portal casi sin pensarlo. En abril de 2016, un hombre se coló tras ella en su rellano "aprovechando que la puerta tiene un mecanismo lento de cierre". Ella, que entonces tenía 26 años, volvía de una fiesta y pensó que era un vecino. El hombre se le acercó por la espalda, la cogió del cuello, la tiró al suelo sin que ella ofreciese resistencia "por haber quedado paralizada presa del miedo". La violó.

El relato de aquella madrugada está recogido en una sentencia, que aún no es firme, que refleja que el agresor entró en prisión en enero de 2017, 10 meses después, y le condena a siete años de prisión por una agresión sexual contra ella y tres años y seis meses más por abusar de una menor e intentarlo con otra y a un tratamiento cuando salga en libertad vigilada. La prensa local lo definió como un depredador sexual.

El fallo le fue notificado a Alejandra el 26 de abril, el mismo día que se hizo pública la sentencia de La Manada. A los integrantes del grupo de San Fermín les han condenado a nueve años de cárcel por abuso sexual continuado. Los jueces no apreciaron violencia ni intimidación en la actuación de los cinco hombres. En el caso de Alejandra, los magistrados sí que recogen en su fallo que existió, y citan jurisprudencia que señala que esa intimidación y violencia "basta que sean suficientes y eficaces en la ocasión concreta para alcanzar el fin propuesto, paralizando o inhibiendo la voluntad de resistencia de la víctima". Ella ni siquiera se movió: "Piensas que sea lo que tenga que ser y que acabe cuanto antes. Te quedas como muerta, ni te mueves ni sientes", recuerda. "Lo único que piensas es que se acabe. Fue muy poco tiempo, pero en el momento te parecen horas".

La pena al violador —siete años por agresión sexual más los citados años por los abusos— es más baja que la impuesta a los miembros de La Manada. Pero la consideración del caso que ha conmocionado a la sociedad española ha cosechado duras críticas políticas, un anuncio del Gobierno de revisión del Código Penal y gritos que han recorrido decenas de manifestaciones desde ese día: "No es abuso, es violación".

Ocurrió la madrugada de un domingo. En la tarde del lunes, Alejandra acudió a un reconocimiento al hospital. Cuenta que el agente de Policía que le tomó declaración para su denuncia no le mandó directamente al centro sanitario, un paso que hay que dar de inmediato para no perder pruebas. A ella se le hizo especialmente duro que quien le tomara la primera declaración fuera un hombre. No había ninguna mujer en la comisaría.

El estatuto de la víctima de 2015 recoge que se atienda a los denunciantes por personas de su mismo sexo "cuando esta así lo solicite". No obstante, Lina González, secretaria de la Federación de Igualdad y Conciliación del sindicato policial SUP, recuerda que "se trata de una recomendación, pero no una obligación". En las Unidades de Familia y Mujer de la Policía Nacional, añade, se incluyen códigos éticos que "siempre recogen que si hay mujeres agentes sean ellas las que atiendan".

Aquel policía, recuerda Alejandra, no la mandó al hospital de inmediato ni le dijo que debía intentar preservar todo el ADN posible. "Yo lo único que quería era ducharme y me duché. Por suerte, aún no se había lavado la ropa interior", dice. Esa ropa ayudó a comprobar que su agresor era el de las dos menores. En aquella entrevista en el hospital, la joven sintió la culpa.

"El 99% de las mujeres a las que atendemos llegan con ese sentimiento de culpa: por qué fui a ese sitio, por qué bebí, por qué no me di cuenta de que era un agresor, como si llevaran un cartel", explica Mariti Pereira, portavoz de la Federación de Asociaciones de Asistencia a Mujeres Víctimas de Agresiones Sexuales, Famuvi, y presidenta de la asociación de Asturias, Cavasym.

El forense le preguntó si había bebido —una intoxicación etílica puede determinar que una víctima estaba privada de conocimiento y no tenía capacidad decisoria— y también qué ropa llevaba puesta. Hoy, dos años después, Alejandra arremete enfadada contra aquella pregunta: "Me parece absurdo que quiera saber si llevas minifalda, vestido o pantalón". Pero aquella tarde sintió que había hecho algo mal: "Al final, te hacen pensar: 'La culpa es mía por llevar determinada ropa o por no cerrar el portal ese día". Mariti Pereira repite siempre a las víctimas que atiende: "Esto es como un accidente más en tu vida. Si te roban, no piensas que tú hayas hecho algo malo".

"Le diría a otras víctimas que nunca se sientan culpables", resume Alejandra. Nunca dudó en denunciar, apoyada por su familia. Y es lo que recomienda a otras mujeres: "Cuantas más denunciemos, mejor. Igual la persona que te agredió a ti le ha hecho daño también a otra". Añade que la ayuda terapeútica —ella sigue acudiendo a la psicóloga pero con citas más espaciadas— es fundamental: "Es un trago duro que te va a dejar marca para siempre, pero se puede superar".

Alejandra, que ha seguido muy de cerca el caso de La Manada, lamenta el mensaje que ha calado en la sociedad tras este fallo: "Esta sentencia no ayuda. Es normal que las mujeres piensen que no están protegidas", afirma. España tiene una de las tasas más bajas de denuncias por violación, según datos de Eurostat de 2015. Se registraron 2,65 denuncias por cada 100.000 habitantes, 20 veces menos que en Suecia.

"Al final, es como que sales perdiendo", prosigue ella con la voz queda, sentada en una silla de la oficina de la asociación Cavasym, donde acudió tras denunciar y donde recibe asistencia jurídica y psicológica gratuita. A su lado, su abogada, Ana González, le explica los detalles de su sentencia y lamenta el doble juicio que pueden sufrir este tipo de víctimas: "Si te roban el bolso no te cuestionan, no te podría pasar que te manden al equipo psicosocial para ver si resultas o no creíble. Existe otra mirada para este tipo de delitos".

A la joven de La Manada la siguió un detective, contratado por uno de los abogados de la defensa para presentar un informe que posteriormente retiró durante el juicio. Intentaba demostrar que la chica llevaba una vida normal tras el supuesto ataque. Alejandra, que se indigna con este episodio, relata cómo ella misma se aferró desde el primer momento a intentar recuperar su vida.

"Ocurrió la madrugada del sábado al domingo y yo el lunes fui a trabajar", explica. "Eso no significa que estés estupenda y maravillosa. Solo que hay que salir adelante".

La "tortura" de contar lo ocurrido una y otra vez

Ana González, abogada especialista en agresiones sexuales de Cavasym, siempre les dice a las víctimas que son muy valientes por denunciar. Se enfrentan a que no las crean, a que las cuestionen y a tener que repetir su testimonio una y otra vez: en comisaría, en el hospital, ante el equipo psicosocial, varias veces en el juzgado... "Tienen que contarlo hasta cinco o seis veces", explica González. Entre un testimonio y otro, la víctima además ha podido iniciar un proceso de recuperación que se ve resentido por esta repetición. Una de las peticiones que hace Alejandra es no hablar de lo que ocurrió en su portal, unos hechos que ya están recogidos en la sentencia.

Es la "revictimización" que recuerda Altamira Gonzalo, vicepresidenta de la asociación de mujeres juristas Themis. "Se les obliga a recordar de manera exhaustiva y, por supuesto, no contradictoria ni en el más mínimo detalle. Es una tortura para ellas". Distintos colectivos reclaman que se grabe la primera declaración ante el juez, para que no se repita durante el procedimiento y que se recoja como prueba. La asociación de Mujeres Juezas solicita para ello una reforma del artículo 448 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite tomar una única declaración que sirva de prueba en el juicio en caso de que la víctima salga de España o si se teme por su vida. Su portavoz, la magistrada Lucía Avilés, señala que se trata de evitar la "violencia institucional" y de extender esta prueba preconstituida a víctimas especialmente vulnerables, como sucede en los delitos sexuales o de trata de seres humanos. Pide hacerlo con "todas las garantías procesales y grabada en condiciones que garanticen la serenidad y seguridad de la víctima".

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