El PSOE propone que la eutanasia sea un derecho y una prestación sanitaria
La norma socialista reconoce el derecho a solicitar ayuda para morir en caso de enfermedad grave e incurable o discapacidad grave crónica
El PSOE registró este jueves en el Congreso una proposición de ley que regula la eutanasia como un nuevo derecho individual y efectivo, de forma que se convertiría —si su propuesta prospera— en una prestación en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud (SNS). Los mayores de edad con una enfermedad grave e incurable —que les produzca sufrimientos físicos o psíquicos insoportables— y los discapacitados graves crónicos tendrían derecho a que el sistema público les ayudara a morir.
Es la primera vez que los socialistas van tan lejos. Ya en el programa del partido de 2003 se mencionaba la idea de “abrir un debate” en la sociedad sobre la eutanasia, pero esa idea nunca se concretó. Hace un año, cuando Unidos Podemos presentó una propuesta en el Congreso al respecto, el PSOE no la apoyó abiertamente. Aquel debate permite prever las posturas que se darán ahora en los principales grupos en la Cámara: rechazo de Ciudadanos y PP y apoyo de PSOE y Podemos.
Según la proposición de ley, el procedimiento para lograr el suministro de una sustancia que acabe con la vida del paciente requeriría de la concurrencia de dos médicos que valoraran el caso. Uno será el que atienda habitualmente al paciente (normalmente, en cuidados paliativos), y el segundo, uno externo que avalará que se cumplen las condiciones de sufrimiento insoportable para el paciente —será el enfermo el que decida—. Si los médicos no dan la razón al afectado, una comisión autonómica deberá revisar el caso.
Los dos supuestos en los que la ley del PSOE permite la eutanasia
Discapacidad grave crónica. Situación en la que se produce en la persona afectada una invalidez de manera generalizada de valerse por sí mismo, sin que existan posibilidades fundadas de curación y, en cambio, sí existe seguridad o gran probabilidad de que tal incapacidad vaya a persistir durante el resto de la existencia de esa persona. Se entienden por limitaciones aquellas que inciden fundamentalmente sobre su autonomía física y actividades de la vida diaria, así como sobre su capacidad de expresión y relación, originado por su naturaleza sufrimientos físicos o psíquicos constantes e intolerables,sin posibilidad de alivio que el o la paciente considere tolerable. En ocasiones puede suponer la dependencia absoluta de apoyo tecnológico.
Enfermedad grave e incurable. La que por su naturaleza origina sufrimientos físicos o psíquicos, constantes e insorportables, sin posibilidad de alivio que el o la paciente considere tolerable, con un pronóstico de vida limitado, en un contexto de fragilidad progresiva.
Los profesionales sanitarios que tengan relación directa con el paciente podrán alegar objeción de conciencia. Pero esta declaración deberá hacerse por escrito previamente a que estén involucrados en un caso concreto, para evitar que su voluntad pueda verse influida por la cercanía al enfermo.
Público y privado
La atención se incluirá, de acuerdo con el proyecto del PSOE, en las prestaciones del sistema sanitario, y deberá ofertarse tanto en la sanidad pública como en la privada. Esto último es muy importante para los funcionarios que reciben su asistencia de Muface, que la da en centros privados. Igual que todo el servicio de los hospitales, sería gratuito, incluso si se realiza a domicilio.
“En nuestro país muchas personas están sufriendo y en muchas ocasiones ese sufrimiento y dolor les resulta insoportable. Es una realidad. Existe una sensibilización de la sociedad española que opina que hay que regular esta situación”, defendió en comparecencia de prensa la secretaria de Sanidad socialista, Luisa Carcedo. “Lo que pretendemos regular es el derecho a solicitar y recibir ayuda para finalizar ese sufrimiento. Y hacerlo en unas condiciones que sean garantistas, rigurosas, con un procedimiento que sea ordenado y sistemático. El Estado no puede mirar para otro lado. El marco constitucional español permite que se pueda dar un paso más”. “De nada sirve una vida digna si no hacemos una muerte digna”, abundó el secretario de Justicia y Nuevos Derechos del PSOE, Andrés Perelló.
En Europa, solo Holanda, Bélgica y Luxemburgo permiten la eutanasia. En Suiza, un vacío legal permite que se ofrezca asistencia médica para suicidarse a quienes lo piden. La diferencia está en que en el último caso el enfermo se administra la medicación que va a acabar con su vida. En el resto del mundo, esa asistencia al final de la vida está regulada en Canadá y en algunos Estados de EE UU y de Australia.
Claves del proyecto
Los supuestos. Podrán beneficiarse de la ley las personas que padezcan “una enfermedad grave e incurable” o una “discapacidad grave crónica” si no se espera que su situación mejore y les causa gran sufrimiento físico o psíquico. Es, por tanto, un planteamiento más abierto que el de leyes como la holandesa y la belga, y podría haberse aplicado en casos como el de Ramón Sampedro, el tetrapléjico que se suicidó en 1998 porque no soportaba su situación de dependencia absoluta, aunque no estaba terminal.
Suicidio asistido. La proposición incorpora también la regulación del suicidio médicamente asistido. Es decir, el profesional facilitará al paciente la sustancia con la que quitarse la vida, pero será este el que la ingerirá por sus medios. Ahora esa cooperación necesaria con el suicidio está castigada en el Código Penal.
Plazos. Las solicitudes deberán hacerse dos veces con 15 días de diferencia. Con ello se da un plazo para que el afectado medite su decisión.
