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España estrecha aún más la “vía segura” para pedir asilo

Las embajadas y consulados registran solo el 1% de las peticiones de protección internacional, limitada a los familiares de refugiados

Dos hijas de Ahmad (nombre ficticio) aún vivían bajo los bombardeos en Siria cuando su padre, refugiado en España, se dirigió al Gobierno para pedir ayuda. Quería que se facilitara que sus dos pequeñas, menores de edad, pudiesen dejar atrás el horror de la guerra y trasladarse a la Península. “Solicitaba que llegaran de una manera segura”, explica un informe del Defensor del Pueblo, que relata cómo las dos chicas finalmente tuvieron que viajar hasta Turquía y “se vieron obligadas a cruzar el mar en una frágil embarcación para llegar a Europa”. “Ante el riesgo que suponía continuar en su casa a la espera de que se resolviera la solicitud”, añade el organismo, que denuncia cómo la lentitud en estas respuestas impide socorrer a potenciales solicitantes de asilo. Un ejemplo más de cómo España ha restringido progresivamente en la última década el sistema para obtener refugio a través de sus consulados y embajadas: la denominada por las ONG como “vía segura”.

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En 2017 solo se registraron 339 peticiones de protección internacional en las embajadas y consulados de España en el extranjero, según los datos facilitados por el Gobierno en una respuesta parlamentaria a la senadora Maribel Mora (Unidos Podemos). Esa cifra apenas representa el 1% de las 31.667 solicitudes de asilo tramitadas por el Ejecutivo el pasado año, frente al 1,5% que suponía en 2016. Un porcentaje que se ha desplomado en la última década: era del 7,7% en 2008 y llegó a dispararse en 2007 hasta el 22,4% —cuando cientos de iraquíes presentaron sus expedientes en Damasco y El Cairo tras correr el rumor de que España daba el estatuto de refugiado—.

Pero el Gobierno cambió entonces la normativa. En 2009 se aprobó la nueva Ley de Asilo, que obliga a los solicitantes de asilo a presentar su petición en España y les impide tramitarlas en las embajadas. Allí solo pueden hacerlo los familiares de los refugiados que ya estén en España y, según denuncia el Defensor, este sistema es muy lento porque, casi diez años después, el Ejecutivo aún no ha desarrollado el reglamento que lo regula. Por tanto, miles de posibles asilados se ven obligados a jugarse la vida. Lanzándose, por ejemplo, al Mediterráneo.

De hecho, el mayor número de peticiones de protección internacional en el extranjero en 2017 se registraron en Líbano. "De sirios que huyen de la guerra", resalta Mora, que denuncia las demoras en la tramitación de estos expedientes —"ampliando el sufrimiento"— y que recuerda que Podemos ya propuso que se volviera a permitir pedir asilo en estas instalaciones de Exteriores. Como pide también Acnur (agencia de la ONU) y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

“Nos encontramos ante unas deficiencias estructurales que provoca que miles de personas queden totalmente desprotegidas”, continúa la senadora, que subraya la inexistencia de “un procedimiento homologado”, lo que deriva en que las peticiones de los familiares de refugiados “no se hagan igual en unas embajadas que en otras”. “Eso se suma a que el sistema se halla totalmente colapsado”, apostilla Mora. El Defensor del Pueblo ya alertó en su último informe de que es absolutamente “insostenible” si no se reforma.

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