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El 155 no impide las confluencias de PP, PNV y PDeCAT en el Congreso

Los intereses ideológicos de los tres partidos se imponen a sus aparentes incompatibilidades

Miquel Alberola

El procés independentista y la intervención de la Generalitat de Cataluña a través del artículo 155 de la Constitución han complicado las relaciones entre el PP, PNV y PDeCAT, partidos que empujado en una misma dirección en diversas coyunturas. Pero a pesar de las insalvables incompatibilidades y subidas de tono, las tres formaciones no han dejado de confluir en el Congreso de los Diputados en las proposiciones más afines a su espectro ideológico. Los abismos no han impedido que se hayan alineado para defender las iniciativas más acordes con su doctrina conservadora, como el desahucio exprés, o para rechazar las que iban contra estos postulados, como gravar la riqueza.

Rafael Hernando (PP), Carles Campuzano (PDeCT), Aitor Esteban (PNV) y José Antonio Bermúdez de Castro (PP) en el Congreso.
Rafael Hernando (PP), Carles Campuzano (PDeCT), Aitor Esteban (PNV) y José Antonio Bermúdez de Castro (PP) en el Congreso.EMILIO NARANJO (EFE)

Más allá de los intereses generales y las escasas unanimidades que el Congreso ha puesto al alcance con los otros partidos, populares y nacionalistas catalanes y vascos ya habían demostrado su capacidad de confluencia nada más arrancar la XII Legislatura. Lo hicieron el 19 de julio de 2016, cuando PNV y PDeCAT facilitaron la presidencia del Congreso a Ana Pastor, del PP, algo que ha sido determinante en la configuración de su órgano rector (la Mesa) y en el desarrollo de la vida parlamentaria. 

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Hace unas semanas, en otra muestra de que los intereses entre las formaciones afines se imponen a sus divergencias, PP, PNV, PDeCAT y Ciudadanos fueron de la mano con todas sus flagrantes incompatibilidades exhibidas tras el 155 para aprobar una proposición de ley que desahuciará a los okupas de forma exprés. Se trataba de una iniciativa del PDeCAT, el partido que pone incandescente al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, y que tanta urticaria causa al PP por su deriva independentista. La medida, que beneficia a los propietarios afectados sin contemplar alternativas habitacionales para los desahuciados, partió la Cámara en dos sólidos bloques ideológicos.

El constitucional PP y el separatista PDeCAT, a pesar de las salpicaduras de sangre de cada abordaje parlamentario y del abismo abierto con el procés, ya habían sorprendido con su inesperado entendimiento nada más celebrarse las elecciones catalanas el 21 de diciembre de 2017. Ambos partidos se alinearon el pasado 27 de febrero, con el respaldo de Unidos Podemos, para que el Tribunal de Cuentas haga una segunda investigación sobre la financiación de Ciudadanos de 2014 y 2015. Extraña coalición para aclarar si la formación que lidera Rivera recibió 14.000 euros en traspasos no contabilizados desde las agrupaciones locales, un asunto con el que PP trata de zaherir al que las encuestas dan como su principal adversario electoral. Ciudadanos también es el partido que le ha arrebatado la hegemonía electoral al PDeCAT en Cataluña.

Pero, como en el caso del desahucio de okupas, el peso del interés del espectro ideológico representado es lo que cuenta. El pasado 5 de abril, la abstención del PDeCAT y el PNV, facilitó que PP, Ciudadanos y Coalición Canaria tumbaran el impuesto a la riqueza propuesto por el PSOE. La iniciativa perseguía un "gravamen efectivo de la riqueza para impedir la escasa o nula tributación de los grandes patrimonios", fijar en el Impuesto de Sociedades "una imposición mínima para las grandes empresas" y establecer una barrera para que no disminuya la imposición a las rentas altas en el Impuesto sobre el IRPF. Los partidos con ideario más social (PSOE, Unidos Podemos y ERC) se estrellaron contra el muro de defensa de los intereses de la derecha.

Los tres partidos han acreditado esa sintonía incluso sin éxito, votando contra el informe aprobado por el Congreso para aumentar el control de las cuentas de los partidos y ampliar el delito de financiación ilegal y tratar de evitar los casos de corrupción y los escándalos que han convulsionado la vida política española. Además, refutándolo bajo el mismo argumento de que PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos los habían dejado fuera de la negociación.

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Otra alianza que no ha pasado inadvertida entre PP, PDeCAT, Ciudadanos y PNV fue la aprobación el pasado 17 de abril en el Congreso de lo que los ecologistas han designado como “la contrarreforma de la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad”, en contra del criterio de los científicos y técnicos de conservación y a favor de los intereses del lobby de cazadores y pescadores. Se trata de una serie de modificaciones de esta ley que indulta a las especies invasoras (que ahora debían ser erradicadas) que sean de interés para la caza o la pesca. Las organizaciones ecologistas WWF, Ríos con Vida, SEO/BirdLife, Greenpeace, Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra han denunciado este paso atrás en lo que se considera la segunda causa de pérdida de biodiversidad en el mundo.

El más vistoso ejemplo de que en política no hay barreras insalvables entre afines, sino solo coreografías, la acaban de suministrar el PP y el PNV en los Presupuestos, donde han forzado un cambio de escenario para acomodar las circunstancias a sus discursos. El PNV había advertido con todo el espectro de tonos que mientras la Generalitat estuviera intervenida mediante el 155 no aportaría sus indispensables cinco votos para los Presupuestos de 2018. Sin embargo, el requisito se ha ablandado a la hora de la verdad aduciendo compromisos adquiridos por el Gobierno para mejorar las pensiones, con la expectativa de las enmiendas parciales y una vaga declaración de Mariano Rajoy sobre el nuevo escenario de diálogo que, como era previsible, se abrirá tras la elección del nuevo Govern y el levantamiento del 155.

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Sobre la firma

Miquel Alberola
Forma parte de la redacción de EL PAÍS desde 1995, en la que, entre otros cometidos, ha sido corresponsal en el Congreso de los Diputados, el Senado y la Casa del Rey en los años de congestión institucional y moción de censura. Fue delegado del periódico en la Comunidad Valenciana y, antes, subdirector del semanario El Temps.

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