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Catalá, sobre el voto particular de La Manada: “Todos saben que este juez tiene algún problema singular”

El vocal del Consejo General del Poder Judicial Juan Manuel Fernández mantiene que "no había ningún motivo" para actuar contra él

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha mostrado sorprendido este lunes por que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "no actúe" contra Ricardo González, el juez que emitió el voto particular en la sentencia contra La Manada. El ministro ha reconocido en una entrevista en Herrera en Cope que él no ha hablado de sanciones, aunque ha añadido lo siguiente: "Cuando todos saben que este juez tiene algún problema singular, me sorprende que el Consejo no actúe". Las siete asociaciones de jueces y fiscales han pedido en bloque su dimisión. En un comunicado firmado por las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales han considerado sus palabras "una temeridad". Los jueces y magistrados de Navarra consideran también "escandalosa" la actitud de Catalá y se unen a la petición de dimisión.

Catalá ha evitado ofrecer más datos sobre el problema que, según ha apuntado, tiene González. "No conozco con detalle [el problema] y tampoco sería razonable hablar de un problema personal", ha respondido el ministro, preguntado acerca de este magistrado. Pero ha insistido en que "todos lo saben", en referencia a los profesionales de la judicatura. Además, Catalá ha indicado que, según le han dicho, González "ha tenido algunos expedientes" abiertos. "En España tenemos 5.500 jueces magníficos y muy profesionales. Pero como en todas las corporaciones, hay algunas personas con dificultades. Si en el Tribunal Superior de Justicia de Navarra conocían esta situación, debería haberse actuado preventivamente".

La portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Margarita Robles, también ha considerado que el órgano de gobierno de los jueces debió haber emprendido alguna actuación ante el retraso del tribunal a la hora de emitir la controvertida sentencia del caso de La Manada y ante el voto particular de González. "Por parte del CGPJ hubiera tenido que haber seguimientos claros porque no se puede tardar cinco meses en poner una sentencia en una causa con preso", ha afirmado Robles, que es magistrada en excedencia y formó parte del CGPJ. "Las resoluciones judiciales hay que protegerlas y proteger la independencia de los jueces, pero lo que no es aceptable es utilizar un voto particular para ofender a la víctima, como en este caso, e incluso a los propios compañeros que formaban el tribunal", ha añadido. Por ello, y sin entrar en el fondo de las declaraciones del ministro, la portavoz socialista entiende que Catalá las ha hecho "con conocimiento de causa" y que el CGPJ "tendría que dar explicaciones de por qué no se realizó un seguimiento y por qué tardó tanto la sentencia".

El vocal del CGPJ y expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), Juan Manuel Fernández, ha asegurado que "no había ningún motivo" para actuar contra el juez. "El Consejo no ha actuado porque no ha habido ninguna actuación disciplinaria contra el magistrado González", ha sentenciado el vocal en declaraciones a LaSexta, informa Europa Press.

Suspendido en 2001 por retrasos

Ricardo González fue suspendido seis meses por retrasos injustificados en 2001, según han indicado fuentes del Consejo General del Poder Judicial, informa Efe. Entre otras dilaciones, el magistrado tardó 14 meses en redactar un fallo sobre un divorcio. En el expediente del órgano de gobierno de los jueces se tuvo en cuenta que González, entonces juez de primera instancia de Bilbao, tenía en los últimos años de la década de los noventa sanciones previas que se concretaron en multas. Fuentes del CGPJ han añadido que González no ha sido expedientado o sancionado en los últimos cuatro años.

Las críticas a Catalá han llegado tanto desde el frente político como judicial. El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha considerado que sus palabras demuestran "poco respeto por la separación de poderes" y suponen "señalar" a un juez. Villegas ha indicado que lo que debería hacer en este caso un responsable político, sobre todo si se trata del ministro de Justicia, es proponer cambios legislativos concretos, "no señalar a jueces, atacándoles directamente", ni "interferir en el trabajo" del CGPJ.

La asociación judicial progresista Juezas y jueces para la democracia ha pedido "rigor" al ministro a través de Twitter. "Se descuelga con 'problemas particulares' que ni conoce, ni constan acreditados, ni sabemos de dónde se los saca", han considerado en su perfil en esta red social. En la misma línea se ha pronunciado el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Celso Rodríguez. "Debería ser más prudente a la hora de lanzar este tipo de juicios de valor subliminales porque, entre otras cosas, no es competencia del Ministerio de Justicia", ha apuntado.

La presidenta de Foro Judicial Independiente, Concepción Rodríguez, ha aseverado que la conducta de Catalá es "absolutamente reprochable". "Es incendiario e irresponsable y si hubiera algún tipo de cuestión corresponde al CGPJ tratarlo; se trata de una violación de la independencia judicial", ha apostillado. Raimundo Prado, portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV), ha tildado de "muy graves" las afirmaciones del ministro.

El magistrado Ricardo González emitió un voto discrepante de la sentencia condenatoria contra los miembros de La Manada, que asciende a nueve años de prisión por un delito de abuso sexual continuado. En su escrito, afirmó que en los vídeos grabados por los acusados solo observa a cinco varones y una mujer practicando "actos sexuales en un ambiente de jolgorio y regocijo". Según Catalá, el voto particular y las expresiones empleadas por el magistrado en el escrito son los detalles que han inflamado a la sociedad, más que el fallo judicial en sí. "[Respecto a] la sentencia, yo no he comentado nada porque me parece un buen ejercicio en un asunto tan delicado y muy difícil. [Sobre el voto discrepante], una sentencia de 340 folios no puede tener 200 folios de voto particular con expresiones inadecuadas, que es lo que creo que ha generado el gran revuelo social, no tanto la sentencia como el voto particular, en eso se podría haber actuado preventivamente y ahí el Consejo tiene una responsabilidad", ha explicado este lunes el ministro.

Decenas de miles de personas se manifestaron la semana pasada en contra de la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra, que condenó a los cinco acusados por la violación grupal a una joven durante los Sanfermines de 2016 a nueve años de cárcel por abuso sexual continuado y no por violación, ya que los magistrados consideran que los hechos se produjeron sin violencia ni intimidación. La decisión rebaja de este modo la solicitud de la fiscalía, que pedía 22 años de prisión por cinco delitos continuados de agresión sexual, contra la intimidad y por robo con intimidación.

Después de conocerse la sentencia y tras las multitudinarias manifestaciones, el Gobierno informó de que ha pedido que se revise la tipificación de los delitos sexuales en el código penal. Este lunes, el ministro ha insistido en la importancia de evitar legislar en caliente. "Yo soy partidario de que las leyes se adapten a la realidad social. Si hay un desajuste, hay que legislar para cambiarlo", ha afirmado. "Sobre este caso, la fina línea entre el prevalimiento, la violencia y la intimidación provoca resultados tan peculiares que seguramente es conveniente repasarlos. Pero no de forma precipitada ni desde un punto de vista populista. Los expertos en Derecho Penal van a tomarse su tiempo y los partidos decidiremos sobre sus conclusiones. Pero yo no veo una acción precipitada", ha añadido. Catalá ha asegurado, además, que esta no es una excepción y que con anterioridad el Gobierno ya ha modificado la legislación a raíz de algún caso concreto: "En materias de quiebras de empresas, hemos reformado la ley concursal tres veces durante la crisis. Y en la lucha contra la violencia hacia la mujer, me parece aconsejable escuchar a los expertos y, si procede, cambiar el código penal".

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