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Una juez imputa por falsedad al director del máster de Cristina Cifuentes

La magistrada abre diligencias por la denuncia de una catedrática cuya firma fue falsificada para convalidar las notas de la expresidenta madrileña

Cristina Cifuentes en la rueda de prensa en la que anunció su renuncia.
Cristina Cifuentes en la rueda de prensa en la que anunció su renuncia.

Una juez de Madrid ha llamado a declarar como imputado a Enrique Álvarez Conde, director del máster de Cristina Cifuentes, tras admitir a trámite la querella presentada por una catedrática de la Universidad de Salamanca que asegura que su firma fue falsificada para convalidar asignaturas de la expresidenta madrileña. La denunciante, Ángela Figueruelo Burrieza, asegura en su denuncia, presentada el 22 de abril, que ella no participó en esa homologación.

Álvarez Conde declarará como investigado el próximo 6 de junio imputado por un delito de falsedad documental. Ese mismo día también han sido citados la propia denunciante y doce testigos. Entre ellas están las profesoras Clara Souto y Laura Nuño, cuyas firmas falsificadas figuraban en el acta que la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, mostró durante su comparecencia en la Asamblea de Madrid para defender la legalidad de su título posgrado, después de que eldiario.es publicara que lo obtuvo con notas falsificadas.

Álvarez Conde, responsable del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos desde su creación en 2005, llegó a admitir que había hecho una “reconstrucción” del acta del tribunal que supuestamente había examinado a Cifuentes de su Trabajo de Fin de Máster (TFM). La juez Rodríguez-Medel también ha citado a declarar al profesor de la Universidad de Valladolid Alfredo Allué, que impartió clases en el máster, y a nueve alumnos del mismo.

Nuño, subdirectora del Instituto de Derecho Público (IDP) que organizó el máster bajo sospecha, presentó su dimisión a comienzos de abril por la “crisis de confianza” que le generó saber que su firma había sido falsificado en un documento oficial. “Me han engañado y me voy”, afirmó Nuño horas después de comunicar por carta su renuncia al Álvarez Conde. Fue la primera persona en dejar su cargo.

Por su parte, Allué, profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid, reconoció que su firma también fue utilizada de forma fraudulenta, en su caso para convalidar una asignatura a Cristina Cifuentes y a otros nueve alumnos. Según su relato, su vinculación con el máster de Derecho Autonómico de la Rey Juan Carlos de octubre de 2011 se limitó a impartir clases sobre el papel de las Comunidades Autónomas en la Unión Europea.

Allué —que mandó algún mensaje de ánimo a los profesores salpicados por el escándalo al estallar este— se mostró sorprendido al saber que su firma aparecía en unas actas de convalidación de notas de la comisión de garantías, fechadas el 24 de mayo de 2012 y en la que él no había participado.

Actas bajo sospecha

La juez también ha pedido al Instituto de Derecho Público que le remita antes del 5 de junio los originales de dichas actas, además de reclamar la documentación administrativa correspondiente a la participación de la denunciante en aquel máster y el listado de alumnos que lo cursaron, con copia del expediente académico de todos ellos.

Tras tener conocimiento de la admisión de la denuncia por la juez Rodríguez-Medel, la Fiscalía de Móstoles ha decidido dar traslado a la magistrada de toda la información recabada dentro de las diligencias de investigación que había abierto a raíz de sendas denuncias presentadas por un grupo de alumnos y por el propio rectorado de la Universidad Rey Juan Carlos.

En aquella denuncia, los alumnos señalaban como presuntos responsables de los delitos de falsedad documental y cohecho a la funcionaria, Amalia Calonge, que supuestamente modificó las notas, a la propia Cifuentes, a Álvarez Conde, y a los miembros del Tribunal que calificaron el Trabajo de Fin de máster.

La juez Rodríguez-Medel dirige por ahora la investigación contra el director del máster y rechaza hacerlo contra la Universidad Rey Juan Carlos y contra el Instituto Universitario de Derecho Público —contra quienes también había presentado la denuncia la catedrática— al considerar que la falsedad documental no puede ser cometida por personas jurídicas. No obstante, la magistrada deja abierta la puerta a imputar a cualquier persona que la investigación revele que ha podido tener alguna participación en los hechos.

Botes de crema

Cifuentes presentó el pasado miércoles su dimisión como presidenta de la Comunidad de Madrid después de que al escándalo del máster se uniera la publicación de un vídeo de 2011 en el que se la veía respondiendo por el hurto de dos botes de crema en un supermercado junto a la Asamblea de Madrid. Tras dimitir ayer como presidenta del PP madrileño —al que lleva vinculada desde 1980—, Cifuentes permanece como diputada en la Cámara autónoma. Hasta ahora ha manifestado la intención de mantener su escaño hasta el final de la legislatura, en mayo de 2019. 

Enrique Álvarez Conde fue suspendido de sus funciones como director del Instituto de Derecho Público el pasado 13 de abril. Esta entidad, dependiente de la Universidad Rey Juan Carlos, tiene personalidad jurídica propia y nunca ha presentado sus cuentas ni a la universidad ni a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid ni ha sido objeto de fiscalización por la Cámara de Cuentas autonómica. Desde su creación ha firmado acuerdos y convenios con diferentes entidades públicas y privadas para realizar cursos de formación profesional incluso en materias alejadas al mundo del Derecho.

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