Una aldea asediada por el cáncer planta cara al gas radón
Los vecinos de Cruceiro de Roo, con 23 tumores diagnosticados en una recta de 29 casas, medirán la presencia de este gas cancerígeno ante la desidia del Gobierno
María José González computa 23 diagnósticos de cáncer en las 29 casas habitadas que jalonan los 800 metros de carretera que atraviesan Cruceiro de Roo, la aldea de 313 vecinos en la que vive. “Algo raro está pasando y la gente está muy preocupada”, concluye esta maestra tras el recuento de los golpes que ha asestado la enfermedad a este núcleo del municipio gallego de Serra de Outes (A Coruña). “Y si ampliamos el radio más allá de esta recta, los casos aumentan”.
Tanto sus moradores como el médico que ha estudiado el fenómeno sospechan que uno de los posibles culpables de tal maligna concentración puede ser el radón, un gas radiactivo que emana del subsuelo granítico. Y se han puesto manos a la obra para combatirlo.
“El objetivo es darle respuestas a la gente de lo que está sucediendo aquí”, explica Xosé María Dios, el médico del centro de salud de Serra de Outes que ha detectado la alta incidencia de cáncer en Cruceiro de Roo. Él admite que los tumores diagnosticados en esta aldea son dispares y las investigaciones circunscriben los daños del radón a los pulmones. “La única evidencia científica hasta la fecha es que el radón multiplica solo la probabilidad de sufrir cáncer de pulmón”, afirma Juan Miguel Barros, director del Laboratorio de Radón de Galicia y profesor de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Santiago. El doctor Dios cree que quizás las pesquisas en Cruceiro de Roo ayuden a abrir otra línea de investigación.
Con el asesoramiento del Laboratorio de Radón de Galicia, los vecinos de Cruceiro de Roo han instalado en sus viviendas un centenar de aparatos que medirán durante tres meses los niveles de esta radiación natural, que multiplica la probabilidad de sufrir cáncer de pulmón en mayor medida que el humo del tabaco. Lo han hecho por su cuenta, afirman, ante la “desidia” de la Administración.
La directiva de la Comisión Europea que, después de tres décadas de alertas científicas, obliga por primera vez a los Estados a actuar contra este gas cancerígeno en territorios de riesgo como Galicia, Extremadura o Madrid entró en vigor hace más de dos meses, pero el Gobierno de Mariano Rajoy aún no ha aprobado la normativa para ponerla en práctica. El doctor Dios se queja también de que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) de la Xunta no ha atendido su petición de ayuda. Este departamento autonómico no ha respondido al requerimiento de este periódico para ofrecer su versión.
Fue María José González la primera habitante de Cruceiro de Roo que se percató de la insólita afección de cáncer entre sus vecinos. Empezó a inquietarse cuando, tras enfermar su padre, a sus oídos no hacían más que llegar nuevos diagnósticos a pocos metros de su casa. Esta maestra comentó tales temores a su médico de cabecera, Xosé María Dios, quien desde 2015 ha hecho dos estudios sobre el terreno para intentar desentrañar el misterioso agente que está magullando la salud de sus pacientes. En el primero, el doctor Dios dibujó un diámetro de 800 metros desde el cruceiro de piedra que da nombre a la aldea y realizó una encuesta a 81 personas de las 23 casas que cayeron dentro del área acotada. 23 de los interrogados sabían lo que era sufrir cáncer, con una prevalencia de tumores del 28,39% frente a una media española, dice este médico, que se mueve entre el 3% y el 4%. El segundo estudio consistió en entrevistas a 59 habitantes de esta zona de Serra de Outes para intentar encontrar “alguna asociación” en sus vidas que explique la alta incidencia. No se llegó a conclusiones claras.
La mayoría de los habitantes de Cruceiro de Roo están convencidos de que sus problemas de salud no son como los del resto. “La gente dice que esto pasa también en otros sitios. ¿Pero tan concentrado? Yo creo que no. Alguien tiene que dar la voz de alarma”, afirma una de las vecinas que participa en el estudio y que prefiere no revelar su identidad.
Retraso en la legislación
La Comisión Europea decidió en 2013 obligar a los Estados miembros a realizar mediciones de radón en viviendas, edificios públicos y lugares de trabajo y combatir la contaminación por este gas en aquellos espacios donde el promedio anual de concentración supere los 300 becquerelios por metro cúbico, una unidad de medida que equivale a la desintegración atómica que se produce en un segundo. El Gobierno de España, sin embargo, se hace el remolón. Pese a que el Real Decreto para luchar contra esta radiación natural que tanto preocupa a la población debería estar listo, según establece la Directiva 2013/59/Euratom, desde el pasado 6 de febrero, el Ministerio de Energía admite que aún está “en tramitación”.
“No tenemos fecha de aprobación ni los detalles del mismo hasta que no se apruebe definitivamente, que será cuando informemos”, responde un portavoz oficial del departamento que dirige Álvaro Nadal. El decreto debe concretar dónde será obligatorio medir, qué medidas se deberán tomar y quién debe sancionar los incumplimientos. “Sospechamos que ha generado bastantes problemas a nivel interno”, apunta Pedro Linares, responsable de Salud Laboral de Comisiones Obreras sobre las razones del retraso del Gobierno de Mariano Rajoy.
Mientras el Ejecutivo opta por el silencio sobre las causas de la demora, Linares señala “posibles diferencias de criterio” entre los diferentes departamentos implicados “sobre cómo abordar las exigencias de la directiva europea”. El asunto afecta no solo al Ministerio de Energía sino también al de Sanidad, al de Empleo y al de Fomento, este último por los cambios que se deben introducir en el código de edificación para que los nuevos inmuebles se diseñen con sistemas de evacuación del radón. En CC OO admiten que la nueva legislación “mejorará la situación actual” y “reforzará” a los representantes de los trabajadores a la hora de exigir mediciones en los centros de trabajo pero confiesan sus “dudas” de que se alcance un “control efectivo” de las radiaciones de este gas cancerígeno.
Fulgencio Fernández conoce bien cómo han esquivado hasta ahora las Administraciones el invisible pero espinoso asunto del radón. Es delegado de prevención del sindicato CIG y lleva cinco años, desde que se aprobó la directiva europea, llamando a la puerta de diversas autoridades públicas para reclamar que se midan los becquerelios a los que están expuestos los trabajadores de la Xunta. En Santiago son muchos los empleados públicos que llevan años respirando ocho horas al día dentro de oficinas ubicadas en sótanos graníticos y la inquietud entre ellos por los efectos del radón en su salud se ha extendido. Fernández cuenta que en la sede del Consello Galego de Relacións Laborais, en pleno casco viejo compostelano, se detectaron concentraciones de 900 becquerelios, el triple del tope que marca la UE, y se tuvieron que hacer obras de ventilación. Pero en la Inspección de Trabajo le han contestado a este sindicalista que no tienen competencias para conminar al Gobierno gallego a realizar las mediciones. Fernández ha tenido un déjà vu: “Los técnicos de la mutua privada a los que la Xunta encarga la prevención de riesgos dicen que no hay relación con el cáncer de pulmón. Es lo mismo que pasó con el amianto: mientras Europa lo señalaba como causa, aquí nos decían que la gente enfermaba por fumar”.
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