La cueva de los visados españoles falsos en Rabat

Cuando hace 10 días trascendió que la policía marroquí había desarticulado una banda de 13 miembros y cuatro “funcionarios locales” en el consulado español de Rabat volvieron a saltar las alarmas. La subsecretaria del Ministerio de Exteriores, Beatriz Larrotcha, admitió el viernes en el Congreso la gravedad del fraude en la concesión de visados falsos. Pero en el ministerio tampoco se pueden llamar a engaño.

Las falsificaciones de visados y las detenciones en los consulados son una lacra que se repite en Marruecos desde que se obligó a ese trámite en 1992. En 2014 ya se detectó otro fraude en el de Rabat en 18 documentos, se alertó a Madrid y no se arregló nada. En 2016 apareció otra trama y su investigación descubrió una cueva de gangrena casi total dentro de las oficinas españolas que ha derivado en un enfrentamiento descarnado entre empleados, jefes y personal.

En el epicentro de ese conflicto aún está la funcionaria española Rosario Castillo García, quien durante cinco años fue una de los cuatro jefes del servicio de visados en Rabat. En marzo de 2016 Castillo estaba en el final de su tiempo de destino y el cónsul, Rafael Fernández Pita, le pidió que prorrogase su estancia para salvar la situación de casi colapso que se produce en muchos consulados en verano. Castillo aceptó.

En esos meses el cónsul conoció por su canciller el resultado de una primera prospección interna. Se detectaron ciertas irregularidades que implicaban a Castillo y las luces rojas se encendieron cuando se ratificó que en un expediente oficial firmado por ella se concedían los papeles saltándose varios procedimientos y con huellas falsificadas a la nunú (empleada doméstica marroquí) de un contratado local. Ese expediente apareció, además, escondido entre un grupo de visados falsos y correlativos hallados más tarde. Con todos esos datos el canciller elaboró un memorándum, que entregó en Madrid.

Castillo, por su cuenta, también comenzó una investigación tras recibir una llamada de la policía belga para saber si el seguro médico de una joven ingresada en un hospital de su país y con visado español cubría un ataque psiquiátrico. Se buscó su expediente y ni figuraba. Castillo sostiene que aprovechó ese caso para indagar y comprobó en apenas dos semanas que había otros 25 visados mal dados. Dice que informó al cónsul y que nunca le respondió. Y mandó sus pesquisas al ministerio, que tampoco la llamó. El cónsul y el canciller fijaron sus sospechas sobre otro jefe de visados y le encargaron a él otro informe para ver si se delataba. Acabó pidiendo cambio de destino.

El 22 de junio de 2016 llegó una respuesta contundente desde Madrid, pero no la que Castillo esperaba. Con la firma del exministro José Manuel García Margallo se informaba de su cese inmediato “por cumplimiento del plazo máximo de permanencia” y se le daba un mes para incorporarse a los servicios centrales. La funcionaria Castillo retornó a Madrid, fue aparcada en un pasillo como administrativa con nivel 18 y optó por jubilarse e instalarse con su marido en Tánger. “Sufrí una campaña terrible de mobbing, acoso y derribo del cónsul, el canciller y todo el ministerio y tengo pruebas”, avisa indignada.

Cuando en septiembre de 2016 acudió a Rabat para recoger sus enseres la recepción fue muy mala. “Todos mis compañeros me señalaban como la jefa de la mafia de los visados, todo el consulado me difamaba y decidí subir a ver al cónsul, que me sacó de la caja fuerte un papel arrugado y me soltó: tenemos pruebas contra ti sobre que eres la jefa de la banda”, recuerda Castillo. “Me molestó muchísimo y me marché dando un portazo y le dije: Nos veremos en los tribunales”. Fuentes del consulado confirman esa conversación y ratifican que el papel arrugado era el expediente con la firma de Castillo para regalar un visado a la nunú marroquí que se rescató de su papelera.

Castillo acudió con su informe y sus pruebas a la Fiscalía Anticorrupción. El ministerio mandó su inspección interna en 2017, entrevistó a muchos trabajadores, despidió a dos empleados locales y se olvidó de Castillo, que nunca fue citada. Anticorrupción sí tomó declaración a Castillo y al otro jefe de su confianza, pero no al cónsul ni al canciller. No hay conclusiones finales públicas de ninguna de esas dos investigaciones.