El juicio por terrorismo a los agresores de Alsasua, pendiente de un pacto de última hora
La vista oral, en la que se piden penas de 50 años de cárcel a siete de los ocho acusados, comienza este lunes en la Audiencia Nacional
El juicio por terrorismo contra ocho jóvenes que en la madrugada del 15 de octubre de 2016 supuestamente agredieron a dos guardias civiles y a sus parejas durante las fiestas patronales de Alsasua (Navarra) comienza este lunes en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid). En la vista oral se juzgarán los actos violentos de corte nacionalista vasco más graves desde que ETA abandonó la actividad armada en octubre de 2011. La fiscalía reclama al menos 50 años de prisión para siete de los ocho acusados, y de doce años para la octava integrante del banquillo, Ainara Urkijo. La enorme gravedad de las penas en relación a las lesiones de las víctimas –un guardia sufrió una fractura de tobillo y el otro diversas contusiones– deriva de que la fiscalía y las acusaciones populares tipifican los hechos como lesiones y amenazas terroristas, una calificación que ha sido discutida por sectores progresistas de la política y el derecho.
El resultado de la vista oral se encuentra pendiente de un posible acuerdo de última hora entre los abogados de los acusados –del colectivo de letrados habitual de la izquierda abertzale– y la fiscalía. No obstante, fuentes del ministerio público se mostraban escépticas esta semana sobre la consecución de tal pacto, que pasaría por reconocer los hechos a cambio de una rebaja en la pena. Tres de los supuestos agresores, Oihan Arnanz, Jokin Unamuno y Adur Ramírez, permanecen en prisión provisional desde el 14 de noviembre de 2016.Otros cuatro están en libertad tras pasar por la cárcel.
La agresión multitudinaria en la que los agentes resultaron lesionados y que la izquierda abertzale trata de reducir a la categoría de pelea en un bar, se enmarca, según la fiscalía, en la campaña Alde Hemendik (“fuera de aquí”, en euskera) de hostigamiento y presión contra las fuerzas de seguridad del Estado para lograr su salida del País Vasco y Navarra. Esta campaña, creada por ETA, ha tenido “continuidad” pese al cese de la actividad violenta de la banda terrorista, según la Fiscalía.
Aquel 15 de octubre, sobre las 2.30 de la madrugada, dos guardias civiles –un teniente y un sargento- se encontraban tomando copas junto con sus parejas en el bar Koxka, de Alsasua, un municipio navarro de 7.000 habitantes lindante con Gipuzkoa y Álava, y uno de los fortines tradicionales de la izquierda abertzale en la comunidad foral. Según el relato, el teniente entró al baño, y al salir fue abordado por Oihan Arnanz, quien le preguntó si era un “madero”. Poco después, dentro del establecimiento, alguien que no ha llegado a ser identificado, arrojó al grupo un vaso de chupito de plástico, que no les causó daño alguno.
Los guardias y sus novias permanecieron en el Koxka hasta que, alrededor de las 4 de la madrugada, entró en el bar Jokin Unamuno, que se encaró con el sargento. Cuando el teniente, le intentó calmar llamándole por su nombre, Unamuno comenzó a gritarles que se marcharan del bar. Una chica menor de edad que iba con él alentó a un grupo de personas para rodear a los guardias y sus novias.
"Os tenemos que matar"
Enseguida, según la fiscalía, unas 25 personas rodearon a las cuatro víctimas y comenzaron a insultarles: “Iros (sic) de aquí, hijos de puta, os tenemos que matar por ser guardias civiles, cabrones, txakurras (perros)”. Inmediatamente comenzaron los golpes dentro del bar. Un pasillo de agresores la emprendió a puñetazos, empujones y patadas con los guardias y sus parejas.
Una vez en la calle, la agresión continuó. Según el escrito, el teniente y el sargento fueron atacados en ese momento con “gran violencia y brutalidad” especialmente por Jokin Unamuno, Jon Ander Cob y Julen Goikoetxea. Con los agentes en el suelo, otros tres jóvenes —el citado Arnanz, Adur Ramírez de Alda y Aratz Urrizola— comenzaron a darles patadas en la cabeza y la espalda. La novia del sargento, tratando de defender a este, también fue golpeada. El teniente, con una pierna rota, no podía levantarse.
Cuando los agentes de la Policía Foral acudieron al lugar de la agresión, una vez trasladados los heridos al hospital, detuvieron, entre un gran tumulto a Jokin Unamuno. Oihan Arnanz se encaró con un agente y supuestamente amenazó con darle un puñetazo. A su lado, Ainara Urkijo amenazó a la pareja del sargento diciendo: “Esto que os ha pasado es por salir de allí arriba, cada vez que salgáis os va a pasar lo mismo así que lo que tienes hacer es no salir de allí”, refiriéndose a la casa cuartel de la Guardia Civil de Alsasua.
El teniente sufrió, a causa de la agresión, una fractura de tobillo que requirió tratamiento quirúrgico y contusiones. Estuvo fuera de servicio 92 días. Su novia, además de distintas contusiones, sufre ansiedad. “Dicha situación se vio agravada al cruzarse por la calle con uno de sus agresores y por la situación que viven sus padres en Alsasua, donde residen y reciben amenazas e insultos”, afirma la fiscalía. El sargento tardó en curar de sus lesiones en la espalda y las piernas 53 días, mientras que su novia, además de las lesiones —contracturas cervicales, hematomas— seguido bajo control psicológico con visitas programadas cada 15 días por estrés postraumático.
La fiscalía atribuye a siete de los ocho acusados un total de cuatro delitos de lesiones con carácter terrorista, penados cada uno con un mínimo de doce años y medio de prisión. Para Oihan Arnanz reclama otros 12 años y medio por amenaza, pena que solicita para la octava acusada, Ainara Urkijo. En caso de que la Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional no aprecie estos delitos, la fiscalía plantea, subsidiariamente, que los hechos sean considerados como desordenes públicos terroristas, atentado, lesiones ordinarias y amenazas terroristas, con penas que oscilan entre los 18 años y 30 años y medio de prisión.
La campaña Alde Hemendik, que también se desarrolla bajo las denominaciones Fan Hemendik y Ospa!, tiene dos fines: la primera “influir de manera negativa en la calidad de vida de los miembros de la Guardia Civil, así como en la de sus familiares y amistades como paso previo a su exclusión social”. La segunda consiste en “crear un clima de miedo y rechazo entre los ciudadanos, instándoles (...) a no entablar ningún vínculo afectivo o de amistad o cortesía con miembros de la Guardia Civil”.
“La no contemplación de estos preceptos por parte de algún ciudadano le convierte automáticamente en afín al Cuerpo y, por tanto, en cualquier momento tanto su persona como sus bienes o incluso sus vinculaciones directas pasa a convertirse en objetivo de la dinámica “Alde Hemendik” y de los distintos grupúsculos de marcado carácter violento”, señala la fiscalía en su escrito de calificación.
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