Cuando el casero es una mafia armada
La policía desarticula un grupo que gestionaba decenas de pisos de una urbanización de Madrid que habían sido embargados por los bancos
Los hermanos Pavlovic, de 35 y 37 años y de origen serbio, convirtieron una urbanización de Madrid, de seis bloques de pisos, piscina y garita, cuyos pisos se encontraban en su mayoría en poder de los bancos tras la crisis inmobiliaria, en su fortaleza; y a sus inquilinos en una suerte de súbditos, obligados a pagar los alquileres impuestos a punta de pistola. Disparos en las piernas, palizas, amenazas... Las malas artes de los hermanos y sus secuaces, instalados en esa zona residencial de Puente de Vallecas, en el número 295 de la carretera que va de Villaverde a Vallecas, sembraron el terror entre los vecinos, muchos de origen latinoamericano. "Vivían bajo el yugo de la omertá, la ley del silencio, ni con un tiro en la pierna querían declarar, decían que había sido un accidente, estaban aterrorizados", cuenta un agente.
El pasado 19 de marzo, y después de que una juez denegase dos registros domiciliarios pese a las denuncias por tiroteos realizadas por vecinos de la zona, agentes de la Policía y la Guardia Civil, en una operación conjunta denominada Mate-Hortelano, entraron en la fortaleza. Detuvieron a cinco personas, entre los que se encontraban los dos hermanos Pavlovic, una militar española (que era pareja de uno de ellos), un amigo de estos, y al encargado de mantenimiento de la urbanización, un español de cerca de 50 años, que responde al nombre de José Antonio y a quienes los bancos le habían encargado informalmente que se encargase del cuidado de los pisos, según fuentes de la investigación. La juez ha dejado a todos menos al cabecilla, uno de los hermanos Pavlovic que tenía una orden internacional de detención, en libertad con cargos.
Pavle Pavlovic tenía en España antecedentes por robos con fuerza y estaba vinculado a la delincuencia organizada en su país y tiene antecedentes en Serbia por atracos, tenencia ilícita de armas, atentado contra la autoridad, además de que sobre él pesaban hasta tres órdenes de detención nacional, aparte de la internacional.
"El encargado del mantenimiento de la urbanización quiso realquilar los apartamentos a 400 o 500 euros a gente con escasos recursos pero, para garantizarse el cobro, contrató a los serbios que vivían ya allí —y que sabía que se dedicaban a extorsionar a gente— para que obligase a pagar a los nuevos moradores que él buscaba; quiso poner a los matones a su servicio y, al final, acabó él al servicio de los matones", cuentan fuentes del caso.
Los miembros de la organización, que consumían y trapicheaban con cocaína, usaban un pequeño almacén de la piscina para guardar su arsenal: "Armas largas, cortas, pasamontañas, 25 cartuchos de munición, fundas de armas, una moto con placas dobladas, documentación y moneda serbia"... Eso fue lo que encontraron los agentes cuando entraron. Durante un año han mantenido la vigilancia sobre la urbanización y han podido hacerse incluso con el contenido de algunas cámaras de vídeo que pasaron desapercibidas para los delincuentes. "Cada vez que le hacían algo a alguien bajaban a la garita para arrancar el disco de grabación pero una de las cámaras les pasó desapercibida y en su contenido pudimos ver cómo amedrentaban a uno de los vecinos y acababan pegándole un tiro en la pierna", cuentan los investigadores.
Un escondite que resultó un cepo
Conscientes de que estaban siendo vigilados, buscaron un escondite en un chalet de Cobisa (Toledo). Era una casa alquilada por José Antonio, el encargado de mantenimiento de la urbanización. Allí vivía con una joven colombiana.
La llegada de los serbios a ese lugar supuso el secuestro de la chica, a la que sometieron a vejaciones sexuales de toda índole, además de drogarla y encerrarla. Fue esta mujer la que, en un descuido, logró mandar un mensaje a un amigo guardia civil que había conocido hace años. Su petición de auxilio junto a la dirección de la casa, puso sobre la pista a la policía judicial de la Guardia Civil de Toledo, que logró liberarla el 10 de agosto de 2017. "Estaba hambrienta, no sabía ni qué día era, había perdido la noción del tiempo", relatan los agentes que la liberaron y que la llevaron a una casa de acogida.
Desde entonces hasta ahora, los equipos de Policía y Guardia Civil han trabajado de manera conjunta en las labores de vigilancia que han llevado a resolver el caso por la vía más arriesgada, "entrando a pelo en aquella fortaleza sabiendo que eran tipos de lo más violento y armados", recuerdan. Ahora, la mayor parte de ellos vuelve a estar en libertad y los bancos, propietarios de los apartamentos de la urbanización, se han limitado a cambiar sus cerraduras.
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