El Congreso aprueba su informe contra la corrupción frente al PP
Apoyado por PSOE, Podemos y Ciudadanos, endurece las penas por financiación ilegal
Con el rechazo airado del PP y las abstenciones de ERC, PNV y PDeCAT, el pleno del Congreso ha aprobado este jueves el dictamen de la Comisión de la Calidad Democrática, contra la Corrupción y para las Reformas Institucionales y Legales para actualizar la legislación sobre financiación de partidos. El informe, anticipado por EL PAÍS, fue pactado por PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos y fue rehusado en comisión por PP, PNV y PDeCAT. Los diferentes grupos han ratificado prácticamente sus posiciones en el pleno.
En tono furibundo, la diputada del PP Beatriz Escudero ha denostado el dictamen por haber sido “pactado en la opacidad” y ser “un acuerdo de intereses mutuos” para lograr más dinero por parte del PSOE, Podemos y Ciudadanos “y cerrar cuanto antes la subcomisión ante noticias que le perjudican”. Escudero ha deplorado que sea “la primera vez en España que un tema de partidos se va a aprobar sin consenso” y ha recurrido a la tinta de calamar del argumentario sobre los casos que salpican al PSOE, Podemos o Compromís. En el clímax, y frente a los partidos que han intentado transaccionar, Escudero ha proclamado: “Nosotros no nos vendemos”, afirmación que ha resultado muy aplaudida por la bancada popular.
El socialista Artemi Rallo, uno de los principales impulsores del documento, ha recriminado al PP que haya obstaculizado el acuerdo durante los 13 meses de trabajo de la subcomisión, por la que han desfilado 27 expertos. Las medidas incluidas en el dictamen abogan por partidos más democráticos, más participativos, con mandatos limitados y financiación transparente y controlada. Rallo ha destacado que el acuerdo, que Ciudadanos ha urgido a transformar en texto legal, refuerza el control del Tribunal de Cuentas sobre los partidos y elimina las asimetrías producidas por las subvenciones locales, que ahora no se contabilizan.
También ha ponderado la reforma de la legislación penal que propugna el dictamen para revisar el delito sobre financiación ilegal y endurecer su pena. “El PP ni está ni se le espera. Siempre renuente y arrastrando los pies cuando se trata de dignificar la vida política”, ha concluido.
ERC, PNV, PDeCAT y UPN han presentado votos particulares al acuerdo, que han sido rechazados, tras no haber sido aceptadas sus demandas. En consecuencia, se han abstenido. La presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha tenido que llamar la atención a los diputados varias veces por los constantes murmullos en el hemiciclo. “Están demostrando que las cosas se pueden hacer mejor”, ha reprochado.
El informe plantea reformar el Tribunal de Cuentas para reforzar su independencia, su capacidad de control e investigación sobre las cuentas de los partidos y también de imponer medidas coercitivas y sanciones, como retener las subvenciones públicas a los partidos que no le remitan su contabilidad. En cuanto a la financiación, el informe quiere reforzar los controles internos para prevenir irregularidades. Sostiene, además, que la regulación debería estar inspirada por el principio de transparencia para la actividad financiera de las formaciones sea conocida por la opinión pública en su trazabilidad y comparación.
También recomienda revisar el delito de financiación ilegal de los partidos para “rebajar significativamente” la cuantía mínima de los supuestos con penas de prisión para las donaciones de personas físicas (ahora, a partir de 550.000 euros), así como tipificar la manipulación de cuentas anuales. Exige, asimismo, que los partidos se hagan responsables patrimonialmente en el caso de que se hayan financiado ilegalmente mediante actos de corrupción de sus cargos públicos y orgánicos.
El dictamen propugna que se fije en la Constitución el principio de que los partidos deben contar con un nivel de financiación suficiente y que se ordene el sistema de concesión de subvenciones que reciben para unificar su regulación jurídica. Asimismo, propone que se prime en estas subvenciones a los partidos que cumplan determinados objetivos como la celebración de primarias, el equilibrio de género en las listas u órganos, la limitación de mandatos o ciertos niveles de transparencia. Además, las fundaciones deberán someterse a los controles y obligaciones contables de los partidos, publicar informes anuales sobre las donaciones recibidas e informar al Tribunal de Cuentas de su actividad no vinculada al partido.
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