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Un juez investiga si se espió a la delegada de la mujer de una asociación de militares

Un militar hizo fichas de los soldados afines a la principal organización profesional de las Fuerzas Armadas

Teresa Franco, con un chaleco antifragmentos del Ejército.
Teresa Franco, con un chaleco antifragmentos del Ejército.

Un juzgado togado de Cartagena investiga la elaboración de fichas personales de militares de la base de Alcantarilla (Murcia) que incluyen sus arrestos, antecedentes penales y policiales, ideología y pertenencia a la Asociación Unificada de Militares Españales (AUME), la organización profesional más representativa de las Fuerzas Armadas. Entre los espiados está la cabo Teresa Franco, secretaria de Igualdad de la AUME, a la que el Ejército del Aire quiere expulsar por pérdida de facultades profesionales.

“Las ramificaciones de AUME en la unidad son muy amplias entre los empleos de cabo y soldado. La influencia entre oficiales, suboficiales y cabos primero es residual, aunque tiene bastantes simpatizantes”, se lee en la ficha referida a un militar. “Ha sido captado por la cabo Franco y se ha convertido en un activo militante de AUME”, dice de un soldado. “Se cree que es simpatizante de AUME, al menos se relaciona de forma estrecha con los miembros de dicha asociación”, escribe de varios. “La soldado ha pasado de ser una buena trabajadora a convertirse en una más del círculo. La insistencia de la citada cabo [Franco] la ha hecho inclinarse por el lado no correcto”, concluye de otra. A la propia Franco le atribuye “gran capacidad de convencimiento y oratoria”, aunque la acusa de presentarse como víctima y de aspirar a ser una “sindicalista subvencionada”.

AUME es una asociación legal y Franco se sienta en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, un órgano asesor del Ministerio de Defensa en el que ha defendido la necesidad de contar con chalecos antibala adaptados a la anatomía femenina.

La existencia de estas fichas ilegales fue denunciada por Franco, a quien se las entregó un cabo diciéndole que habían sido elaboradas por un capitán destinado en contrainteligencia. Sin embargo, cuando dicho cabo fue citado por el juez cambió su testimonio: alegó que las había elaborado él mismo, en el ordenador de su casa, y exculpó al capitán.

De la base al Parlamento

M. G.

El caso de Teresa Franco llegará al Parlamento. El Grupo Parlamentario Unidos Podemos ha pedido que la ministra María Dolores Cospedal comparezca ante la Comisión de Defensa para informar del expediente que se le ha abierto por supuesta pérdida de facultades profesionales. Por su parte, los senadores Emilio Álvarez Villazán, del Grupo Socialista, y Sara Vilà, de Unidos Podemos, han pedido que sea la propia secretaria de Igualdad de AUME quien comparezca ante la Comisión de Defensa de la Cámara Alta para dar cuenta de su situación personal y de la desigualdad en las Fuerzas Armadas.

Una veintena de organizaciones sociales, la mayoría en Murcia, se han movilizado en solidaridad con la cabo ante el riesgo de que sea expulsada por el Ejército del Aire; desde organizaciones profesionales de las fuerzas de seguridad (AUGC, SUP, ATME) a sindicatos (CCOO, UGT, USO) o asociaciones feministas (Foro de Política Feminista, Confederación de Organizaciones de Mujeres por la Igualdad o Asociación de Mujeres Gitanas por la Diversidad).

Esta versión choca con el hecho de que el archivo informático fuese creado en un ordenador del Ministerio de Defensa con la clave del capitán y que las fichas incluyeran información confidencial a la que no tenía acceso el cabo; contaba, por ejemplo, que un soldado tenía una causa pendiente por suplantación de identidad, que otro fue detenido en una operación de la Guardia Civil contra una banda que extorsionaba a narcos o que un tercero fue acusado de exhibicionismo, “parece que por error”.

El juez ya propuso en 2016 archivar el caso, pero el tribunal militar le ordenó seguir investigando pues las fichas, de las que “no queda suficientemente probada su autoría”, contenían información “oficial, de conocimiento restringido y para uso reglado” y su elaboración pudiera “tener una finalidad espuria”, como “impedir el ejercicio de un derecho [fundamental] por un miembro de las Fuerzas Armadas”.

El pasado 8 de marzo el juez volvió a pedir el sobreseimiento, alegando que las fichas no se hicieron públicas, por lo que no existió delito de revelación de secretos. La cuestión, como recordó el tribunal, es si se usaron para perjudicar profesionalmente a la cabo Franco. En el expediente que se le ha abierto se alude a partes de la Sección de Información Interna del Estado Mayor del Aire sobre su actividad en las redes sociales cuya autoría y contenido se desconoce. El cabo que se atribuyó la confección de las fichas ilegales no ha sido sancionado.

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