La ministra de Justicia alemana llamó a Catalá para aclarar el “malentendido” sobre Puigdemont
Barley calificó de "absolutamente correcta" la puesta en libertad del expresidente catalán
El Gobierno alemán y el español intentan rebajar la tensión generada por la ministra de Justicia alemana, Katarina Barley, que calificó de "absolutamente correcta" la decisión de la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein de descartar el procesamiento de Carles Puigdemont por el delito de rebelión. La integrante socialdemócrata del gabinete de coalición encabezado por la conservadora Angela Merkel se ha puesto en contacto con su homólogo español, el ministro Rafael Catalá, para aclarar el "malentendido". Así lo ha asegurado el portavoz del Ministerio de Justicia alemán en la habitual rueda de prensa del Gobierno alemán de los lunes.
Un intento de solucionar el desencuentro entre los dos países que ha sido apuntalado por el portavoz del Ejecutivo alemán, Steffen Seibert (“el conflicto catalán puede y debe resolverse dentro del marco de la Constitución y del orden legal español"), que sin embargo se ha topado con una voz discordante en las filas del gubernamental SPD. "Ya es hora de que el Gobierno español busque una solución política para Cataluña", ha dicho Rolf Mützenich, uno de los portavoces del grupo parlamentario de los socialdemócratas al diario Handelsblatt.
Las declaraciones de Barley, publicadas por el Süddeutsche Zeitung, fueron pronunciadas durante un encuentro informal con periodistas. La titular de Justicia habría puesto el acento en la necesidad de empezar a "hablar también de los componentes políticos" de la solución al reto independentista. También habría señalado sus dudas sobre que el expresidente catalán pueda ser procesado por malversación, el otro delito por el que quiere juzgarle el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena. Y habría añadido que lo normal en un país libre es que Puigdemont estuviera libre.
Esas apreciaciones provocaron un gran malestar en el Ejecutivo español. “Un país libre es aquel en el que se respeta la separación de poderes”, reaccionó una fuente gubernamental del máximo peso, criticando que la política se inmiscuyera en un asunto interno de un país amigo y actuara como comentarista de las decisiones judiciales. El ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, incluso calificó las declaraciones de la política alemana de “desafortunadas”. Inmediatamente, el Gobierno español apostó por “despolitizar” la polémica, aludiendo a que se trataba de un asunto judicial, mientras permitía que el PP protagonizara el grueso de las críticas.
“Si la euroorden no funciona, el tratado de Schengen no tiene sentido”, llegó a decir el portavoz europeo del PP, Esteban González Pons, durante un acto presidido por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. “Si alguien intenta dar un golpe de Estado y no es devuelto al país en el que intentó dar el golpe de Estado, puede que haber levantado la frontera acabe convirtiéndose en una mala decisión”, argumentó, protagonizando las críticas del PP a Alemania que no puede hacer el Gobierno español. “Si la UE sirve para que unos Estados cuestionen a otros, la UE pierde su función”, aseguró. Y aventuró: “La justicia nos dará la razón, porque nuestra razón es la razón de la existencia de Europa. Europa tiene que protegernos a todos los europeos para tener sentido”.
Crítica socialista al Gobierno español desde Berlín
Aunque los dos Gobiernos se esfuerzan por rebajar la tensión, esta no decae por la intervención de los partidos. A las declaraciones de González-Pons les han seguido las de Rolf Mützenich, uno de los vicepresidentes del grupo parlamentario de los socialistas alemanes, socios de gobierno de Merkel.
La liberación de Puigdemont, ha dicho este político en declaraciones al diario Handelsblatt, es “comprensible” y “el gobierno español tiene que aceptar que la jurisdicción alemana decida, independientemente de los requisitos políticos”. “Ya es hora de que el Gobierno español busque una solución política para Cataluña”, ha subrayado. "Si para ello desease obtener la ayuda de terceros, un estado europeo o la UE serían los interlocutores adecuados", ha seguido. Y ha rematado: "El Gobierno federal tendrá que reflexionar sobre si la orden de detención europea e internacional, ante las experiencias con la justicia turca, española y polaca, aún permite un procedimiento adecuado y satisface a los principios de derecho del Estado democrático".
